El recién destituido presidente de Perú se niega a hacerse exámenes de toxicidad
Enfrentamientos en diversas partes del país, en clima político-social caldeado y riesgoso. El IPYS denunció agresiones a periodistas de parte de simpatizantes de Castillo.
El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, se ha negado a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía, mientras permanece detenido en una cárcel de Lima y señalado de rebelión por haber ordenado el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, informó ayer una fuente oficial.
El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, declaró a RPP Noticias, que Castillo “se ha negado a pasar la pericia psicológica y psiquiátrica” y negó las versiones difundidas por simpatizantes del exmandatario de que los médicos han acudido “camuflados” para sorprenderlo.
Brizuela explicó que los médicos que han acudido a la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía para examinar a Castillo han ido plenamente identificados y acompañados por un representante del Ministerio Público.
Añadió que el primer día de detención de Castillo, el pasado miércoles, “se le hizo un examen de integridad física”, y “se negó a ser examinado por tres médicos”, pero con la medida de la presión y otras pruebas “se comprobó que gozaba de buena salud”.
La autoridad confirmó que Castillo “no autorizaba que se le tome una muestra de sangre y orina”, con la que se podía buscar sustancias sicotrópicas con el fin de identificar los diferentes tipos de sustancias que pueda haber ingerido en las horas previas a su detención.
Las evaluaciones ordenadas por la Fiscalía responden a las versiones de los colaboradores, abogados y allegados a Castillo que han afirmado en las últimas horas que el exmandatario pudo haber ingerido alguna sustancia o que no se encontraba bien de salud, al momento de haber leído el mensaje en el que ordenó el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instalación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.
El legislador Guillermo Bermejo visitó a Castillo en su centro de detención y publicó una supuesta carta firmada por el exgobernante en el que se afirmaba que un grupo de médicos “camuflados” le obligaron a sacarse una muestra sin su consentimiento, pero que se negó, y atribuyó el “plan maquiavélico” a la fiscal general, al titular del Congreso y a la actual mandataria, Dina Boluarte.
Castillo está detenido preventivamente hasta el miércoles, en tanto el Ministerio Público ha interrogado a los integrantes de su último gabinete de ministros, quienes han negado que conocían la decisión de cerrar el Congreso y que quienes estuvieron al lado del exgobernante fueron la exprimera ministra Betssy Chávez y su asesor y predecesor, Aníbal Torres, que el sábado anunció que pasaba a la clandestinidad.
Pérdidas
La Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) exigió al Gobierno de Boluarte la “inmediata acción” para evitar desestabilización. Las protestas, sumadas al paro de transportistas de carga de noviembre, está causando “zozobra y pérdidas millonarias al sector agrario y a sus trabajadores”, dijo el gremio.
“El sector agrario se encuentra en crisis y en plena temporada de cosecha de varios productos que se perderán y junto con ellos los puestos de trabajo”, alertó.
Cierre del aeropuerto
En la tarde ayer, domingo, se reportó el enfrentamiento entre habitantes del centro poblado de Huancabamba contra agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el aeropuerto de Andahuaylas, región Apurímac.
De acuerdo a TV Perú noticias, desde el sábado pequeños grupos de comuneros intentaron llegar a las instalaciones de este aeropuerto con la intención de cerrarlo y que no esté operativo. En horas de la noche la situación se calmó y dos avionetas con personal policial de la ciudad de Lima llegaron a la región.
Sin embargo, ayer los pobladores volvieron a reunirse en la zona y tomaron el aeropuerto. Además, incendiaron dos almacenes. Al respecto, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac S.A.) emitió un comunicado informando el cierre del aeropuerto de Andahuaylas debido a los ataques ataques y actos de vandalismo que viene sufriendo desde la tarde del sábado, lo cual ha afectado seriamente la pista de aterrizaje y equipos que son indispensables para los servicios de navegación aérea.
Asimismo, detalló que los protestantes han incendiado la sala de transmisores y la sala de combustible, cercando con actos de violencia el terminal aéreo, donde se encuentran 50 agentes de la PNP y colaboradores de su empresa.
“Ante ello solicitamos el apoyo y refuerzo a las autoridades competentes, a la PNP, para poner a buen recaudo la vida de las personas que se encuentran en calidad de rehenes”, se lee. La empresa hizo un llamado a la calma y a la sensatez a la población involucrada en los ataques al terminal porque ese hecho, indicó, retrasa el desarrollo económico de la región y trunca el traslado, por vía aérea, ante una emergencia de salud.
Las movilizaciones de protesta estallaron, en forma aislada, en Andahuaylas y otras ciudades del país el mismo día que el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso.
El sábado, los manifestantes tomaron a dos policías como rehenes en una plaza de Andahuaylas en medio de una jornada de marchas, que derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional que dejó una veintena de heridos. La Defensoría del Pueblo reportó el sábado que estaba coordinando la atención médica de todos los heridos, después de haber reportado al menos 20 lesionados, entre civiles y agentes de la Policía.
Empresarios piden al Ejecutivo acelerar reactivación económica
Los gremios empresariales representados en la Cámara de Comercio de Lima pidieron ayer al Ejecutivo peruano que acelere la reactivación de la economía y la reorganización del Estado, tras el nombramiento del primer consejo de ministros de la nueva presidenta, Dina Boluarte.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó la necesidad de que el nuevo gabinete encabezado por el abogado Pedro Angulo “inicie rápidamente un trabajo coordinado que permita recuperar la estabilidad política, retomar el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo”.
Para alcanzar ese objetivo, planteó que el Consejo de Ministros se presente en el más breve plazo ante el Congreso para recibir el voto de investidura y que pueda asumir “la tarea de reorganizar el manejo del Estado y enfrentar problemas tan graves como la crisis económica y la inseguridad”.
“Lo ideal es que el nuevo gabinete, integrado en líneas generales por profesionales con experiencia en la administración pública y sin mayor vinculación política, se aboque cuanto antes a recuperar el tiempo perdido” en cuanto a estabilidad política y social, agregó la CCL en una nota de prensa.
Medios agredidos en Lima
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció ayer que trabajadores de medios de comunicación fueron agredidos en Lima por simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, congregados frente al lugar donde está recluido y acusado de haber dado un autogolpe de Estado. “Los periodistas reportaban sobre la manifestación en los exteriores de la sede policial donde se encuentra detenido Castillo, cuando los simpatizantes del exmandatario arremetieron contra ellos persiguiéndoles y lanzándoles palos, piedras y botellas. Los manifestantes insultaron a los periodistas, culpando a la prensa de lo ocurrido con Castillo”, dio a conocer IPYS.
Las agresiones se produjeron a las puertas de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito limeño de Ate, y las víctimas fueron tanto periodistas como camarógrafos.
“Los videos muestran la violencia contra los y las periodistas y la incapacidad de la policía de frenar estas agresiones”, agregó IPYS.
El instituto reiteró su “rechazo por estos actos violentos contra periodistas que están haciendo su trabajo”.
Tras la destitución de Castillo por el Congreso, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte juró el cargo como jefa de Estado. Desde entonces han crecido las protestas en distintos sitios de país que, si bien no muy numerosas, han tenido en ocasiones un carácter violento, pidiendo la renuncia de Boluarte.
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