SEGURIDAD SOCIAL

Frente Amplio define si rechaza la reforma jubilatoria entera o pide cambios

Socialistas y otros sectores plantean que el costo político sea del gobierno.

Plenario Nacional del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.
Plenario Nacional del Frente Amplio. Foto: Estefanía Leal.

En el Frente Amplio hay unanimidad y es conocido su rechazo a la reforma de seguridad social que impulsa el gobierno. Sin embargo, qué hacer y cómo oponerse al proyecto de ley es una disyuntiva que enfrenta la coalición de izquierda. Y que se pondrá a consideración hoy cuando el Plenario Nacional de la fuerza opositora se reúna para definir su posicionamiento sobre la reforma.

Mientras en el Parlamento los legisladores frentistas trabajan para lograr mejoras al proyecto de ley, en la orgánica hay sectores, como el Partido Socialista, que insisten en la necesidad de negarse de plano y no aportar ninguna alternativa. La lógica detrás es, según fuentes frentistas, que quede claro que el gobierno es quien hizo la reforma y que el costo político de aplicar una medida antipática lo asuma únicamente la coalición oficialista. En esta línea están otros sectores minoritarios como Casa Grande, la Lista 711 y el Partido por la Victoria del Pueblo, entre otros.

Por otra parte, el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular (MPP) -los sectores con mayor peso en la interna frentista- se inclinan por rechazar el proyecto de ley en general pero luego intentar modificar el contenido. En la misma línea se expresó semanas atrás Convocatoria Seregnista Progresistas -que nuclea a varias agrupaciones socialdemócratas, entre ellas Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora- mediante una declaración pública.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tiene la intención de que la discusión del plenario sea con una posición “lo más consensuada posible”. Para ello ayer se convocó a una reunión extraordinaria del Secretariado Ejecutivo con el objetivo de “seguir construyendo diálogo”. En el último encuentro de la Mesa Política frentista, realizado el pasado lunes, Pereira les transmitió a los representantes de los sectores que “desde luego las discrepancias son válidas, reales y se van a expresar, pero al finalizar el plenario la posición del Frente Amplio va a ser una sola”.

El Plenario Nacional está integrado por 170 miembros que se dividen en 85 representantes de los sectores y otros 85 por las bases, de los cuales 41 corresponden a las coordinadoras de Montevideo, 41 a las departamentales del interior y los restantes tres a comités del exterior. Además, el presidente y la vicepresidenta Verónica Piñeiro también tienen voto.

En filas opositoras ya está definido hace semanas que el Frente Amplio rechaza la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde que el mandatario le entregó en mano una primera propuesta, la fuerza opositora manifestó que no compartía las líneas generales del proyecto de ley, pero que esperaría a que ingresara formalmente al Parlamento para pronunciarse de manera oficial. Luego, el texto sufrió algunos cambios a pedido de los socios de la coalición, sobre los que el Frente Amplio opinó en su contra recién cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Poder Legislativo.

Sin embargo, las directrices para la bancada de legisladores frentistas, que hace dos semanas comenzaron a estudiar el texto en la comisión especial creada para ese fin en la Cámara de Senadores, quedarán determinadas hoy en el Plenario Nacional.

En el interior no hay unanimidad en las 18 departamentales. El secretario general socialista, Gonzalo Civila, realizó un encuentro el miércoles para explicar a su militancia cuál será la posición del sector y allí transmitió que, si bien entre los sectores su postura suma poco más de 10 votos, en los otros ámbitos su posición es “mucho” menos “minoritaria” de lo que creían. Según contó a sus pares, en Rivera, Salto y Treinta y Tres son mayoría.

Fuentes del Frente Amplio consultadas por El País relataron que el escenario con que se iniciará el plenario es con una mayoría respaldando la búsqueda de mejoras al proyecto de ley. Aunque reconocieron que en Montevideo hay paridad entre las coordinadoras así como en las departamentales del interior.

Entre quienes apoyan esta postura analizan que dar la posibilidad de realizar modificaciones a la reforma jubilatoria permite a los legisladores frenteamplistas negociar con un mayor margen. Si la posición de la orgánica fuera negarse de plano a todo el proyecto de ley, no solo en la votación en general, esto generaría, según las fuentes, que desde el oficialismo se aceleren los plazos porque no tendría sentido dar el debate parlamentario si la oposición ya está cerrada al diálogo.

Por otra parte, tampoco se quiere adelantar la posición sobre aspectos concretos de la reforma, precisamente, para “no dejar atados”, según las palabras de los dirigentes consultados, a los legisladores al momento de negociar con la coalición de gobierno.

Se deberá resolver sanción en relación a tres casos éticos

La dirigencia frentista analizará y definirá eventuales sanciones sobre tres casos que fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta Política (TCP) de la fuerza opositora.

El tribunal ético del Frente Amplio emitió tres dictámenes con recomendaciones tras evaluar las tres situaciones. Se trata de un caso vinculado a pintadas “agresivas” y la actitud “impropia” de un dirigente de Nuevo Berlín, Río Negro, una denuncia de acoso y violencia política basada en género en San Carlos, Maldonado y la decisión inconsulta de una edila de Florida, que en mayo de 2021 no votó el llamado a sala del intendente nacionalista Guillermo López, como había resuelto la bancada frentista.

El TCP hizo recomendaciones en cada uno de ellos. De acuerdo a los fallos, a los que accedió El País, el tribunal propuso que para el primer caso se lo suspenda un año de toda militancia política y para el segundo también separación con excepción del derecho a voto. Sobre el tercero planteó que no tiene competencias.

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