Dos diputados de Cabildo Abierto apoyan el cese de la vacunación pediátrica

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Tras conocerse el fallo de la Justicia de detener la vacunación a niños menores de 13 años el sistema político pareció alinearse en su condena. Sin embargo, dos diputados de Cabildo Abierto -partido político que integra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas- apoyaron el dictamen. Mientras que otro defendió el valor de la discusión pública que se generó.

La decisión que tomó el juez subrogante en lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey -y que recorre los titulares de los diarios- se adoptó luego de admitir una acción de amparo presentada por un particular. El Poder Ejecutivo ya tiene resuelto apelar y espera que la resolución se revierta pronto y así los niños puedan retomar la vacunación, a más tardar la semana próxima.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, se mostraron muy críticos con el fallo, al que catalogaron de un “disparate”. También lo hizo Salinas, quien en una carta abierta a la ciudadanía difundida en su cuenta de la red social Twitter aseguró que “poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario” que se alcanzó en Uruguay.

Sin embargo, y aunque Salinas sea una de las figuras más importante que Cabildo Abierto tiene hoy en el gobierno, ello no asegura un apoyo unánime entre los liderados por el senador Guido Manini Ríos. Esto pese a que el líder del partido ya fue claro al respecto. “¿No será hora de aprobar nuestro proyecto que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que, intencionalmente, con fallos como este provocan el descrédito en nuestra Justicia?”, se preguntó en su cuenta de Twitter.

Pero los diputados del sector Elsa Capillera y Rodrigo Albernaz están muy lejos de esa crítica. Ambos legisladores respaldaron la decisión de Recarey.

Capillera fue enfática. “Me pareció perfecto”, dijo a El País ante la consulta sobre cómo recibió el fallo. La diputada se mostró escéptica desde un principio respecto a las inoculaciones y por eso ni ella ni su hijo se vacunaron contra el covid-19.

“Si no hay nada que esconder, que demuestren”, instó la diputada, que siguió: “El contrato que Uruguay firmó con Pfizer no me preocupa especialmente, pero sí que sea algo que busque el bien de los niños, porque ¿qué sabemos realmente sobre esto?”. Capillera agregó que quiere que su hijo “esté sano”, pero que no se arriesgaría a vacunarlo “si no se sabe qué le ponen” a las dosis, y cuestionó que la campaña de vacunación a menores no se haya hecho como habitualmente se hace con las otras vacunas: “Dentro de las escuelas”.

Eso no fue todo. Refiriéndose a Salinas, dijo que “si tiene más documentos para mostrar” relativos a la composición de las vacunas, “que lo haga, que apele el fallo pero que termine de entregar toda la información”.

Albernaz fue más cauto, pero igualmente se mostró de acuerdo con Recarey. “Me parece que es una buena decisión como medida preventiva”, sostuvo el diputado, que valoró el efecto social que generará la sentencia, pase lo que pase en el Tribunal de Apelaciones. “Luego de esto se va a dejar de presionar a aquellos padres que deciden no vacunas a sus hijos. Va a ser un antes y un después porque se va a actuar en función de la libertad que tanto pregona el gobierno”, afirmó.

El representante Rafael Menéndez -menos tajante que sus compañeros- destacó la utilidad que tendrá para la sociedad el proceso.

Menéndez dijo que para él es “muy bueno para la democracia que se creen estas instancias, sobre todo cuando hay una parte de la población que tiene dudas”.

Estos tres diputados ya habían generado una particular polémica en la interna cabildante en setiembre del año pasado, cuando analizaron-a instancias del diputado del Partido Ecologista, Radical e Intransigente, César Vega- la posibilidad de crear una comisión investigadora en el Parlamento para indagar los eventuales efectos adversos de esta vacunación.

Ahora esa tensión se reedita pues a la postura de Manini se afilian otros diputados, como Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone. La primera señaló a El País que está con mucha “bronca” con esta situación y que le parece “bizarro que la Justicia se preste a este circo de antivacunas”. “Convengamos que son dos y contra toda evidencia científica y sentido común”, sostuvo la legisladora.

Perrone, por su parte, fue más lejos y respondió de forma contundente: “Entiendo que hay un antipatriotismo interno que genera envidia y que lleva a algunas personas a intentar enchastrar la imagen de Salinas, a quien no quieren en la Organización Panamericana de la Salud”, dijo en referencia a la candidatura del ministro a dirigir el organismo internacional.