Fallo obliga a suspender vacunación pediátrica y desata el rechazo general

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Más de ocho meses después de comenzada la campaña de vacunación pediátrica contra el covid-19, ayer el juez Alejandro Recarey resolvió suspender la inoculación de los menores de 13 años en un fallo histórico. El magistrado entendió que existió un “desacato” de parte de las autoridades que se negaron a quitar la confidencialidad de los contratos firmados con Pfizer y por eso ordenó la “suspensión inmediata” de la administración de vacunas a los más chicos.

En el gobierno, aunque sabían que este fallo podía esperarse, esto fue igualmente tomado como un balde de agua fría, y esperan que esta situación se resuelva rápidamente. Hoy presentarán la apelación contra este fallo -que por ser un procedimiento de amparo se contestará ya la semana siguiente-, por lo que aguardan que la vacunación pediátrica “se retome en los próximos días” y dicen que lo que se vive ahora es “simplemente un ínterin” en la campaña contra el covid-19.

“Espero que en pocos días los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer, porque la apelación va en sentido de volver a que aquel que quiera vacunarse a sí mismo o a sus hijos tenga la garantía de este sistema de salud, del gobierno y la ciencia respaldándolo”, indicó en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que calificó al fallo como “un disparate”, misma expresión que usó el prosecretario Rodrigo Ferrés.

Es que en el gobierno hay un profundo malestar con esta situación, que obliga a que 5.800 niños que tenían fecha para vacunarse por estas horas no puedan hacerlo. “Algunos de ellos tienen comorbilidades”, alertó a El País un integrante del Ejecutivo, que mencionó que el gobierno ya está recibiendo llamados de padres preocupados por no poder inmunizar a sus hijos.

Del otro lado era todo algarabía. Antes de las nueve de la mañana algunos manifestantes antivacunas se concentraron frente al juzgado. Y allí, en la esquina de San José y Gutiérrez Ruiz, se encontraba quien resultaría ser el gran ganador de la jornada, el abogado Maximiliano Dentone. Con dos carpetas y un paso acelerado, Dentone saludó a los manifestantes e ingresó a la audiencia prevista para definir el desenlace de la acción de amparo que había presentado días atrás en contra de la vacunación de niños.

A las 12 horas las partes escucharon el fallo de Recarey, pero para ese entonces los de afuera estaban enterados y ya se abrazaban y aplaudían por el resultado.

“Se terminó la explotación de los niños”. “Por fin se hace justicia”. “¡Uruguay nomá!”. Esos fueron algunos de los gritos que se escucharon entre banderas y blogueros antivacunas transmitiendo en vivo por Facebook.

Cuando Dentone salió de la audiencia, le colocaron una bandera de Uruguay en los hombros y se fundió en abrazos con algunos manifestantes. Entre la marea de gente el abogado dijo a los periodistas que la resolución del juez le “sorprendió para bien”.

A los pocos minutos de conocida la resolución, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se detendría en forma instantánea la inoculación de los menores de 13 años.

El fallo marcó un precedente en la región porque, hasta el momento, después de la incorporación de esta franja etaria en cuestión, en las campañas de vacunación nunca se había decretado una marcha atrás. En este sentido, el gobierno teme que la resolución siembre temor entre los padres que ya vacunaron a sus hijos y también entre los que aún no lo hicieron.

Según los datos de la vacuna de Pfizer, las dosis para niños o pediátricas están indicadas para aquellos de entre cinco y 11 años, porque la composición de la vacuna es diferente a la de los adultos. Los que tienen entre 11 y 13 recibían, hasta ayer, la misma vacuna que los adultos.

El fallo de Recarey habla de suspender la vacunación pediátrica, pero hace el corte en la franja que va de 5 a 13 años.

Los niños entre 5 y 11 años fueron los que mostraron menor adherencia a la campaña de vacunación: solo el 53% recibió al menos una de las dosis.

En su resolución, Recarey estableció dos requisitos para que se reanude la inoculación de los niños. Por un lado, que el gobierno publique “todos los contratos de compra de las vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias a inocular”, a pesar de existir la confidencialidad en el acuerdo firmado entre el gobierno y el laboratorio. Por el otro, el juez pidió la elaboración de un texto que deberá ser distribuido “a los responsables de los menores que se vacunen”. En ese texto Recarey reclama información sobre la composición de las vacunas, los beneficios que estas traen, los riesgos de recibirlas y otros datos.

Horas antes de que el juez diera su fallo, el ministro Daniel Salinas envió respuestas a 18 consultas que Recarey había agregado el día anterior en la audiencia. Tras esto, Dentone destacó la “buena disposición” de las autoridades.

El fallo que Recarey dio un rato más tarde

Minutos después de haber emitido un fallo que determinó la suspensión “inmediata” de la vacunación contra el covid-19 para los menores de 13 años, el juez Alejandro Recarey también falló a favor de dos mujeres que demandaron al Estado uruguayo por obligarlas a realizarse un hisopado para ingresar al país.

Las demandantes no estaban vacunadas contra el covid-19 y por eso, según la normativa sanitaria vigente, debían realizarse un test de antígenos.

En el fallo, el juez “afirma con énfasis que la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad” y señala que “el no vacunado no atenta contra la salud pública. No viola leyes”.

Por ello, afirma que haber obligado a estas mujeres a realizarse un test para ingresar al país por no estar vacunadas viola el principio de igualdad.

Debido a que se trata de un recurso de amparo, el fallo anuló solamente el test para las denunciantes, pero esto no significa el levantamiento de las medidas de control de frontera.

“Haciendo lugar a la pretensión de amparo. Y en su mérito ordenando al MSP a que se lleve adelante los controles a los que el Estado está obligado y a todos los demandados por igual a que se abstengan de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y/o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el covid-19”, expresa el segundo fallo que Recarey hizo en la pasada jornada.