Se están por cumplir 1.000 días del gobierno de Lacalle: ¿qué promesas acordadas con la coalición se cumplieron y cuáles están en el debe?

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Había sido un momento cargado en lo simbólico: ante el caluroso sol del mediodía del 10 de noviembre de 2019, en un acto en el Molino de Pérez, todos los líderes de la actual coalición de gobierno -por entonces en el tramo final de la campaña electoral- subieron juntos al escenario y se sacaron una foto para la historia.

Allí estaba el hoy presidente Luis Lacalle Pou, líder del Partido Nacional, sosteniendo el micrófono, a pocos pasos de quien sería en pocos meses su vicepresidenta, Beatriz Argimón; el actual ministro de Trabajo y referente del Partido Independiente, Pablo Mieres; el ahora senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos; y el desaparecido de la política Ernesto Talvi, en aquel momento máxima figura del Partido Colorado y futuro canciller.

Pasaron tres años y 10 días de aquel momento, cuando los representantes de todos los socios de la ya conocida como “coalición multicolor” entraron en un mismo cuadro fotográfico a días de haber firmado un acuerdo programático.

Y van a pasar, a partir del próximo sábado 26 de noviembre, exactamente 1.000 días desde que el actual gobierno de Lacalle Pou tomó las riendas el 1° de marzo de 2020, fecha en la que, a su vez, en la aplicación que tiene el primer mandatario en su celular -de acuerdo a una obsesión por el tiempo que es conocida- se indicará que restan 826 para pasar la banda presidencial al próximo jefe de Estado en marzo de 2025.

Pero los 1.000 días es una marca típica en los calendarios de los gobiernos para detenerse, pasar raya y analizar lo hecho y lo que resta, en este caso bajo el tamiz de ese documento programático titulado Compromiso por el País al que los líderes de la coalición oficialista se comprometieron luego de intensos días de negociación.

¿Y qué de aquellas 48 páginas y 13 capítulos se ven hoy reflejados como objetivos cumplidos, como ejes de gestión en proceso o como metas ni siquiera abordadas? O sea, ¿qué está en el debe?

En muchos integrantes del Poder Ejecutivo este ejercicio es sencillo, porque o bien tienen internalizado el texto o lo tienen a mano en el escritorio para una consulta periódica, como dice hacer el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Otros reconocen nunca haberle dado una lectura formal estando en el cargo pero, al repasar ante la consulta de El País punto por punto los objetivos trazados concernientes a su área, dan ejemplo de estar trabajando en todos ellos, como es el caso del ministro colorado Adrián Peña, a cargo de un conjunto temático -Ambiente- que se lleva un capítulo entero del documento y es además uno de los más largos.

De manera que a continuación se ofrece un repaso de ese programa común del oficialismo, con énfasis en algunos de los puntos que no han tenido aún aterrizaje o que por distintos motivos no fueron tenidos en cuenta.

El primer capítulo, dedicado a los aspectos económicos y titulado “Un gobierno con las cuentas en orden”, despliega una serie de ítems que el gobierno ha perseguido: van desde “disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio” y la realización de la “auditoría de gestión” que se hizo en 2020 en varios ministerios, hasta la creación de la famosa “regla fiscal” o la “reducción de la flota vehicular” del Estado.

En algunas de estas metas ha habido un cumplimiento estricto -el déficit fiscal hoy es menor al 3%-, en otras ha habido como respuesta la expresión de una voluntad y nada más, como es ejemplo la promesa de “reducir los cargos de particular confianza” en el Estado o bajar “la cantidad de asesores y adscriptos contratados”. Esto último, al decir del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, es algo que “no ha pasado, porque no lo ha discutido el sistema político uruguayo, pues tampoco es un tema de preocupación de los partidos”.

En el segundo capítulo, dedicado a la transparencia y al ideal de un “Estado inteligente”, también pueden apreciarse algunos debes que parecen responder a la falta de voluntad política. Ha sido público y notorio que no se ha cumplido con “fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”, porque pese a un leve refuerzo presupuestal que recibirá a partir de enero próximo, hoy tiene escasos técnicos y el apoyo de solamente una abogada en pase en comisión. Esta situación ha sido, de hecho, una de las razones por las que renunció su presidenta, Susana Signorino.

Pero tampoco se ha cumplido a cabalidad con la misma promesa de fortalecimiento de los organismos de control, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas.

No hay, asimismo, grandes resultados en algunos ítems relacionados al mejor funcionamiento del Estado, como el que encomendaba “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos”, puesto que es parte de la reforma profunda de todo el aparato estatal que todavía no se ha concretado. Sin embargo, hay algunos avances que Ramos ha logrado por fuera de la reforma, como el lanzamiento de la “plataforma de gestión humana del Estado” que se hará esta semana.

De lo que tampoco hay noticias es de la “incorporación de un paquete de leyes anticorrupción” que combatan el “enriquecimiento ilícito” -hay solo un proyecto de ley a estudio en el Parlamento- o de la creación de las figuras de “arrepentido y extinción de dominio”.

Más adelante hay un capítulo dedicado a la gestión de las empresas públicas que consiste en un conjunto de declaraciones de principios de buena administración cuya generalidad dificulta la examinación.

Los grandes ejes del capítulo de seguridad pública han estado en la agenda del gobierno: allí está la determinación de combatir frontalmente al narcotráfico -tema donde se alcanzaron récords en incautación de droga y cierre de bocas-, la reapertura de comisarías y la legítima defensa policial, entre tantos más.

No obstante, y esto es casi paradójico, no se cumplió con el primer punto, a saber: “Declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública”. La emergencia que se declaró en cambio fue la sanitaria, y eso suscitó casi toda la atención durante los primeros meses de gestión, y luego el Ejecutivo no consideró necesario hacer lo mismo respecto a la delincuencia. Es paradójico porque últimamente ha sido el Frente Amplio quien ha solicitado al gobierno declarar la emergencia ante el sostenido aumento de los homicidios.

También es cierto que se prometió “el cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral”, mientras que el reclamo por estos días del sindicato de uniformados apunta a mejorar la contención psicológica ante varios eventos de suicidio; o que se aseguró que habría una cárcel de máxima seguridad cuando habrá, por dificultades presupuestales, tres módulos para presos peligrosos que se agregarán al Penal de Libertad.

En el apartado dedicado al “desarrollo productivo y mejora de la competitividad” sobresale la ambición de “avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo, introduciendo gradualmente acciones que transparenten y racionalicen el mercado, buscando trasladar a los combustibles las eficiencias obtenidas”. Aquí también es público que los altos costos de la nafta y el gasoil han llevado a que grupos como Un Solo Uruguay continúen con su reclamo de más competitividad, pese al cambio en el cálculo del costo de los combustibles al acercarlos al Precio de Paridad de Importación.

Como sucedió con el ministro de Ambiente, los titulares de Defensa (Javier García), Desarrollo Social (Martín Lema) y Salud (Daniel Salinas) se mostraron convencidos no solo de haber tachado todos los puntos del texto firmado en 2019 -en lo que les concierne-, sino de incluso darse el lujo de escribir y enviar a El País una lista que pretende exceder con creces lo comprometido.

Así, por ejemplo, a todo lo incluido en el apartado “proteger a los más débiles”, Lema agrega otros 20 puntos en los que ya habría resultados, entre los que incluye el Bono Crianza -por el que se destinan $ 2.000 a niños de entre 0 y cuatro años de unas 25.000 familias-, las bonificaciones de hasta 90% en 136.000 hogares en el consumo de UTE y el 50% de descuento en garrafas de supergás en 115.000 hogares, entre otros.

Lo mismo García, que a todo lo que entiende como cumplido agrega la puesta en marcha de la Ley de Fronteras, la construcción de la nueva base de la Armada en Fray Bentos (Río Negro) y la “política de respeto y respaldo a las Fuerzas Armadas desde el punto de vista institucional y político”. Es cierto, de todos modos, que los desafíos en materia de equipamiento se sostienen, pese al refuerzo de tres buques llegados de Estados Unidos días atrás, y un barco patrullero de Corea del Sur que se espera para dentro de poco. Porque debe recordarse que la Fuerza Aérea hoy tiene solo disponible un avión A-37 para proteger los cielos, como advirtió esta semana en el Parlamento el senador Guido Manini Ríos, según informó El Observador.

El extenso punteo de Salinas, por otra parte, abarca los avances en el Plan de Salud Mental y la “información en tiempo real de los suicidios georreferenciados”, la redacción de la reglamentación de la Ley de Telemedicina, extensión de la vacuna HPV hasta los 26 años, y la elaboración -en camino- de un “plan para responder rápidamente en accidentes carreteros”.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en tanto, subrayó lo logrado en términos generales y se mostró optimista, aunque reconoció que no se creó el “Consejo Técnico de carácter permanente” para proveer “estudios técnicos” ni se legisló para “crear Tribunales de Conciliación y Arbitraje”, como consta en el documento.