A Lucía la busca su mamá y a Marcos lo salvó un profesor: por qué hay más denuncias de explotación sexual

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Salir de los estereotipos quizás es lo primero que hay que hacer para empezar a entender este delito. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, pasa en diferentes ámbitos, sin importar tanto el nivel socioeconómico de víctimas y victimarios. En todo el país cada vez hay más adultos procesados por el delito de explotación sexual. Esto quiere decir que cada año cientos de niñas, niños y adolescentes son explotados y abusados sexualmente. Quedan con “secuelas psicológicas y sociovinculares que los acompañarán durante toda su vida”, sostienen operadores judiciales y especialistas.

Vamos a lo básico. La explotación sexual ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas a cambio de cualquier tipo de beneficio: dinero, especias, protección, regalos. Es lo que antes se conocía más bien como “prostitución infantil”. Y es distinto al delito de abuso sexual, porque siempre tiene que haber algo a cambio, sea dinero o cualquier otro tipo de retribución.

El caso más reciente es la Operación Ártico, que conmocionó a Paysandú: doce personas resultaron procesadas por la Justicia por la explotación sexual de seis adolescentes. La operación policial, dirigida por la fiscal sanducera Carolina Martínez, comenzó en febrero del año pasado cuando una funcionaria del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) denunció a la Policía que una menor era supuestamente abusada por un adulto.

Pero tiempo después los investigadores policiales constataron que había más víctimas, que tenían entre 14 y 16 años. La edad de los adultos oscilaba entre 24 y 72 años. Pagaban entre 500 y 5.000 pesos, tal como publicó El País la semana pasada. En menor escala, este caso es considerado por operadores judiciales como similar a la Operación Océano, que tiene 31 imputados y 17 presuntas víctimas.

Este es un fenómeno en crecimiento desde 2010. Que con 494 casos alcanzó su mayor expresión el año pasado, según informó el INAU. Estos datos, actualizados al 30 de noviembre, se desprenden de las sistematizaciones que hace en territorio el Proyecto Travesía del INAU en Montevideo y equipos itinerantes de las ONG El Paso y Gurises Unidos.

Si vamos para atrás, en 2007 eran 21 casos al año. Y siguió en aumento. “Antes de 2015 hablamos de 50 casos y, con la presencia de los equipos, llegamos a 232 ese año”, dice Luis Purtscher, sociólogo y presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) de INAU. Pero luego advierte: “No podemos decir que el problema se multiplicó por cuatro, sino que contar con equipos fue parte de la visualización del problema. O sea, antes estaba, porque es tan viejo como la humanidad, pero aparecía fuera de esos anteojos conceptuales que manejamos hoy”.

La historia de Lucía.

Lucía era la mayor de cuatro hermanas. Durante la infancia ellas vivieron en un asentamiento con sus padres y la abuela materna. Cuando cumplió 12 años, su abuela falleció y ella tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus hermanas mientras sus padres trabajaban. Porque su madre estaba 12 horas de lunes a viernes en una empresa de limpieza, y su padre cuidaba autos en el centro de la ciudad.

A los 13 años, Lucía (el nombre es falso, fue cambiado para preservar su identidad) empezó a concurrir dos veces por semana a un centro juvenil. Le gustaba mucho participar en los talleres de hip hop y en campeonatos de ping-pong. Cuando cumplió 14 años, el centro realizó una denuncia penal por sospecha de explotación sexual y solicitó el amparo en un hogar de 24 horas para ella y sus hermanas. Es que varios compañeros habían visto a Lucía y su hermana Rocío, en la plaza del barrio con hombres mayores y se decía que frecuentaban una cantina famosa en la zona por la venta de drogas y prostitución.

Sus hermanas fueron llevadas a un hogar de amparo y sus padres fueron procesados con prisión por tres meses, por omisión a los deberes inherentes de la patria potestad. Lucía fue internada con tratamiento psiquiátrico, porque tenía cortes en brazos y un intento de autoeliminación. A los 15 años recibió el alta de la clínica psiquiátrica y volvió a casa de sus padres, sus hermanas ya habían sido revinculadas al hogar familiar y desde INAU se hacía un seguimiento.

Al poco tiempo de regresar con sus padres, Lucía conoció a Mario (45 años), el dueño de una cantina y pool del barrio. Pasaban mucho tiempo juntos, fueron a fiestas en el interior del país y en un par de oportunidades estuvo más de dos semanas sin volver a su casa. Los padres le plantearon al INAU que no podían “controlarla”, que Lucía entraba y salía de su casa sin que nadie supiera dónde iba.

Dos meses antes de cumplir 16 años, Lucía desapareció sin dejar rastro. Mario fue indagado y varios clientes de la cantina también, dos de ellos confesaron que habían mantenido sexo con Lucía a cambio de regalos. La cantina fue clausurada y dos de los indagados fueron imputados por explotación sexual. Mario se mudó del barrio y no se lo volvió a ver en la zona. Pero la investigación se estancó. Su madre va a la fiscalía cada poco tiempo, pero no hay novedades. Ella misma salió a buscar pruebas. Ha recorrido prostíbulos y whiskerías del interior buscando a su hija. Pero Lucía sigue desaparecida.

¿Cómo se trata el problema?

Se trabaja de manera articulada entre las instituciones del Estado para poder hacer una detección temprana de las situaciones de explotación. Para el presidente del INAU, Pablo Abdala, “hay un trabajo muy bueno” con el Ministerio del Interior, Fiscalía y ASSE. Abdala dice que el asunto “es prioridad” en INAU “y lamentablemente es un tema del que no se habla, pero que poco a poco se está comenzando a llevar más a la Justicia”.
Las organizaciones El Paso y Gurises Unidos también tienen un rol clave, ya que trabajan en territorio tanto con las víctimas, como en estrategias focalizadas de prevención del delito.

La idea es poder hablar del tema, ponerlo sobre la mesa para entender la gran cantidad de fragilidades a la que quedan expuestas las víctimas en el momento y por el resto de su vida, explica Mariela Solari, responsable de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. “Cuando estos casos llegan a la justicia penal es porque llegamos tarde y llegamos mal. Desde que tengo 23 años estoy en estos temas, y trabajo para erradicarlos”, afirma Solari.

Para Purtscher, estas edades son etapas fundamentales en el desarrollo de una persona. Se trata de historias de niñas, niños y adolescentes uruguayos que fueron violados durante largos períodos de tiempo. “El explotador sexual no es un tipo que sale de noche a abusar, ni vive escondido en una cueva”, afirma Purtscher, “es un tipo común y corriente, que desarrolla sus roles sociales con eficacia, pero es parte de esa cultura patriarcal, machista. Dónde se generan ámbitos de abuso de poder y está naturalizado apropiarse del cuerpo del otro, aunque sea un delito. En estos casos el principio de placer sustituye al de realidad”.

Barrio, escuela y hogar.

Otro elemento fundamental en este tetris es el entorno más cercano de las víctimas. A veces familias ausentes, otras veces con adultos a cargo que se benefician por la explotación y también en otros casos donde los padres ni se enteran. “Los explotadores detectan las distintas vulnerabilidades y se aprovechan de ellas para poder cometer el delito”, explica Diego Palios, de Gurises Unidos. “Sea en casos donde la retribución económica es clara como la compra de championes, ropa, celulares o cuando se administran drogas a cambio de determinado acto sexual”.

Pero la gran mayoría de los casos se da en situaciones mucho más grises, y ese es uno de los problemas que hay para comprobar el delito. “Nos ha pasado de situaciones que sabemos que es explotación sexual, pero después queda como otro delito. ¿Cómo comprobar la recarga de una garrafa de gas, el pago de una cuenta de la familia en un almacén de barrio o lo que pasa en una visita higiénica de una cárcel?”, pregunta Palios, quien trabaja desde hace más de 15 años en estos temas.

En 2017 la justicia procesó a la madre de un adolescente y a su padrastro, por el delito de contribución a la explotación sexual. El hombre estaba preso por rapiña y, con el conocimiento de su madre, obligaba al muchacho a practicarle sexo oral a compañeros de celda. Esto se dio en el ámbito de las llamadas visitas higiénicas durante unos dos años. Luego la Justicia pudo también detectar que el adolescente era abusado sexualmente por la pareja de su madre, cuando vivían juntos.

A los 14 años, Marcos —digamos que se llama así— cursaba segundo año de liceo, tenía todas las materias bajas, protagonizaba peleas en el patio y muchas veces llegaba alcoholizado. También consumía pasta base. Pero ahí llegó un adulto responsable a su vida. El profesor de historia empezó a darse cuenta de su deterioro y entabló un vínculo de cercanía con él. Marcos le contó todo lo que había vivido y le dijo que no podía más, que necesitaba apoyo. Desde la dirección del liceo hicieron la denuncia y él pasó a vivir en un hogar de amparo, donde se coordinó tratamiento psicológico, abordaje psiquiátrico y se contrató a un acompañante terapéutico.

El caso de Marcos se dio en un contexto de pobreza, pero hay historias no tan distintas en otros sectores. Los especialistas dicen que la mirada sobre los pobres se debe a prejuicios, que tienen que ver con acuerdos sociales que muestran que en la clase media esto no sucede. “La fragilidad pasa por el lado emocional, no es una cuestión económica”, afirma Solari.

Cada pueblo es un mundo.

Los lugares del país donde se instalan grandes proyectos empresariales, que implican un movimiento de muchos hombres y dinero, son mirados con cuidado. Un ejemplo es Tacuarembó y Durazno, por la llegada de la obra de UPM. “Ahí se hizo un gran trabajo de manera preventiva. La propia empresa tomó medidas, se realizaron capacitaciones para una detección temprana”, explica Abdala. Según los registros del INAU, no se ve un aumento de las denuncias en esos departamentos.

Los otros focos son los lugares vinculados al turismo, como Colonia y Maldonado. Según las investigaciones del INAU, estos casos se dan muchas veces por contactos en las redes sociales, donde el proxeneta hace de nexo, entre el explotador y la víctima. O también vinculados a prostíbulos y whiskerías.

Esto también lo han visto las organizaciones que trabajan en territorio, a las que muchas veces le llegan casos catalogados como de trata de personas con fines sexuales. Fabiana Condon, de El Paso, explica que los traslados forzados se dan de manera interna, es decir entre departamentos: “Gurisas de Lavalleja que son llevadas a Punta del Este. Casos de chiquilinas que cruzan la frontera con Argentina. En nuestra experiencia, son los entornos educativos los que alertan del problema. Porque un alumno le llega con el cuento a una profesora de que la hermanita de 14 años se fue con un ‘tío’ y hace tres días que no vuelve. Esto es muy común, se las llevan a una fiesta privada, y como a los dos o tres días aparece, no se encienden las grandes alarmas”.

Entonces ingresamos en otro territorio más complejo, que es el de trata interna de menores con fines sexuales. Pero son todos elementos del mismo complejo y árido universo, que va trazando distintos hechos en la trayectoria vital de esos adolescentes “que luego puede terminar en una desaparición, o en una gurisa asesinada y tirada en una cuneta”.

Si desglosamos los datos para ver mejor lo que pasó en 2021, se ven estos focos: Artigas tiene 46 casos, Colonia 44 y Maldonado 42. Montevideo, con casi la mitad de la población, tiene 58 casos.

¿Por qué hay más denuncias?.

Parece estar claro que los números aumentan año a año no porque el problema haya crecido exponencialmente, sino porque hay una mayor sensibilización y dimensión del tema.

El sistema penal y la sociedad lo comienza a ver y se denuncia más. En esto fue clave el trabajo que desde 2015 hizo INAU, con la conformación de equipos interdisciplinarios que viajan a todo el país para formar a los propios trabajadores de INAU pero también de liceos, UTU y escuelas.
Psicólogos, educadores sociales y asistentes sociales van a los 18 departamentos del país. Esto lo hacen para prevenir, pero también en localidades donde se comprobaron casos de explotación o donde hay elementos que dan a sospechar de que algo puede estar pasando.

“Hay que escuchar a los gurises, muchas veces son ellos los que pueden encender las alarmas. Porque ven que un par está ante esta situación, y tiene que saber a dónde recurrir a contar”, explica Cecilia Romero de Gurises Unidos. La organización realiza talleres con adolescentes y en cada lugar analizan la situación de la localidad. Luego del diagnóstico inicial, definen un plan de trabajo.

Ahora INAU apuesta fuerte a dos propuestas: una es crear un centro 24 horas en Montevideo que se centre en atender a las víctimas. “Hoy lo que pasa es que son derivadas a hogares comunes, donde conviven con chiquilines que están por otra cosas y que tienen otra realidad”, argumenta Abdala. El presidente del INAU agrega que esto será crucial para “poder reparar de forma pronta el daño en las víctimas, poder abordarlo de manera completa”. El centro 24 horas tendrá apoyo de los técnicos del Programa Travesías.

La segunda medida de INAU va por el lado de los equipos itinerantes: “Estamos muy conformes con el trabajo, pero vamos a lanzar nuevos llamados para que estos equipos puedan estar radicados en el territorio y no estén viajando”. Abdala es claro en este aspecto: “INAU brindará todos los recursos económicos para que esta política se pueda aplicar”.
Los especialistas admiten que hay un subregistro. Es decir, existen más casos de los denunciados.

“En el 2021 acompañé tres casos de niñas que consultaban por presunto embarazo, nenas de 10 años. Esto en una visita médica o el pedido de métodos de anticoncepción, es una señal clara. ¿Qué hace una niña consultando por eso?”, relata Condon.

La integrante de El Paso dice que los otros casos que no se denuncian son las adolescentes que están en pareja con adultos que le duplican la edad. “Chiquilinas de 15 años viviendo con un tipo que tiene 50. Y a nadie le parece raro, incluso las propias adolescentes se enojan con nosotros en estas situaciones al intervenir. Pero después empiezas a investigar y alguien se está beneficiando de ese vínculo”, dice. Hay una familia por detrás que se ve favorecida, o hay pagos que son muy difíciles de comprobar, si la denuncia se lleva a la justicia.

Además, hay situaciones donde las propias víctimas no alertan porque los explotadores las vinculan con microtráfico de droga. Y, al hacerlas partícipe de delitos, la amenaza se hace concreta. El entramado de fragilidad es enorme. Se autoperciben como delincuentes. Purtscher afirma que hay que trabajar para devolverles la identidad, la categoría de personas: “En ese mundo del intercambio a ellos solo les quedó poner el cuerpo, para llegar a tener lo que la sociedad les exige. Mostraste felices, consumir determinada ropa. El sistema es muy perverso”.

(La Línea Azul recepciona, a través del número 0800 5050 y del sitio web de INAU, denuncias relacionadas a situaciones de violencia y vulneración de derechos vividas por niños, niñas y adolescentes).

Así trabaja la unidad de víctimas de fiscalía

Una vez que todo llegó a la órbita judicial, la unidad de víctimas de fiscalía trabaja con los niños y adolescentes. Y su tarea fundamental es garantizar los derechos que tendrán para declarar. Eso se da con una serie de garantías especiales para las víctimas: se da un acercamiento y se evalúa cada situación particular. Se dan casos en los que no quieren declarar pero, según los registros de la unidad, la gran mayoría de las veces sí se realiza la declaración.

“La declaración es fundamental para la investigación. Muchas veces la víctima tiene datos muy precisos, como nombres y lugares, que hacen que finalmente se pueda hacer el procedimiento”, dice Mariela Solari, responsable de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Pero, para que esa víctima llegue al escenario de poder declarar, el equipo de fiscalía se encarga de que se den todas las garantías, que en este caso son muy especiales, ya que apuntan a no revictimizarla y a crear un espacio lo más seguro posible.

Por eso, y según el nuevo Código del Proceso Penal, no son las partes las que hacen las preguntas. Esta es una de las grandes diferencias con una declaración convencional, ya que ni el juez, ni el fiscal, ni tampoco la defensa del indagado están físicamente en el lugar de la declaración.

“Las partes acuerdan cuáles serán las preguntas, y es un funcionario judicial él que se las realiza a la víctima. Que además tiene derecho a estar en ese momento con una persona de apoyo emocional, que no va hablar, pero va a estar ahí”, cuenta la directora de la unidad de víctimas. Hay distintos mecanismos por los cuales se puede tomar la declaración, porque se puede hacer de manera remota también. Esto siempre se acuerda entre las partes, en el entendido que se hará de una forma que no dañe aún más a ese niño o adolescente. Cada caso tiene dos profesionales referentes, en equipo trabajan hasta que el caso tenga sentencia firme, pero de todos modos todos los integrantes de la unidad están al tanto de las situaciones.

Por más rápidos que se quieran hacer, estos procesos muchas veces llevan años. Pero eso es necesario para poder llegar a una completa recolección de pruebas por parte de la Fiscalía. Y así lograr sí una condena penal acorde.