Del caso Astesiano a la inflación: los 10 problemas para Lacalle Pou en lo que queda de gobierno

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Fue un golpe duro e impensado para el presidente Luis Lacalle Pou. El caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia presidencial formalizado por integrar una banda que falsificaba documentos para otorgar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, se conoció cuando la administración acababa de llegar a los primeros 30 meses y sus consecuencias judiciales aún se están por ver.

Si dividiéramos el mandato en forma imaginaria en dos partes, ya comenzó la segunda y es el momento de las definiciones: corre la cuenta regresiva para intentar dejar un legado, algo que quede para el recuerdo. Y —así como, por ejemplo, podríamos decir que el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti quedó marcado por la reforma de la seguridad social, educativa y la del balotaje, y el primero de Tabaré Vázquez por la reforma tributaria, de la salud y el Plan Ceibal— la gestión de la pandemia y la Ley de Urgente Consideración (LUC) aparecen como evidentes sellos de la gestión de Lacalle Pou. ¿Pero son suficientes? Las apuestas por la reforma de la seguridad social y la educativa asoman, si se concretan, como otros posibles legados que podría dejar (o no) este gobierno que promedia su mandato.

Tanto el caso de Astesiano como esas dos reformas en el horizonte integran una lista de 10 desafíos o problemas que el gobierno tiene por delante. ¿Los podrá resolver? Aquí El País realiza un repaso, punto a punto, con la ayuda de 14 analistas y expertos en diversas áreas.

Es un asunto complejo del que, está claro, el presidente busca salir con pocas heridas. Desde el inicio, ni bien volvió de las vacaciones y se supo la detención del custodia, Lacalle Pou habló en público y explicó su postura, algo acorde a su estrategia de comunicación.

Pero no es el único episodio difícil para el gobierno en los últimos meses. La lista sigue con el caso del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, la polémica por la flexibilización de la normativa antitabaco e incluso las investigaciones judiciales en torno al exministro de Turismo Germán Cardoso. La socióloga Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, suspira antes de empezar a hablar y dice que, “en sí mismo, ninguno de esos episodios en forma individual tienen por qué afectar la imagen del gobierno” y en particular del presidente, que hasta las últimas mediciones conocidas se mantiene alta.

La última encuesta de Cifra, anterior al episodio Astesiano, marca un 48% de aprobación y 38% de rechazo. Otra consulta, de Equipos y realizada a principios de setiembre, muestra una aprobación de 47% y rechazo de 34%.

¿Habrá un cambio radical en las próximas mediciones? Dice Pomiés que la acumulación de episodios como los mencionados más arriba, “que muestran una falta de control del gobierno o la existencia de cierto desorden” es peor que un hecho aislado porque va contra la imagen que Lacalle ha trabajado “de que él es la autoridad, muy presidencialista, donde está en todo, tiene control de todo”. O sea, en el fondo muestra que “hay cosas que estaban pasando alrededor y no lo sabía”.

Para Eduardo Bottinelli, director de Factum, se trata de una serie de elementos que “impactan en el presidente y en el gobierno”. En el propio Partido Nacional hay quienes admiten por lo bajo que no entienden cómo Lacalle Pou no pudo anticiparse a este episodio vinculado a su jefe de seguridad, a pesar de estar enterado de sus múltiples anotaciones policiales. Pero otros se aferran en forma firme a su defensa, teniendo en cuenta que no estaba al tanto de los antecedentes penales: no sabía, en concreto, que había estado en prisión en 2013 por un delito de estafa. El ministro Luis Alberto Heber, por ejemplo, dijo que al presidente “se le mintió en dos oportunidades”.

“Ustedes me conocen” es un latiguillo que suele usar Lacalle Pou cuando habla con los periodistas en las ruedas de prensa. Forma parte de su estilo de comunicación, cercano al periodismo en sus apariciones públicas, y lo coloca en “un lugar personal, con la espalda de la buena imagen que tiene, que es su fortaleza”, dice Bottinelli. “pero es un recurso que ha usado en demasía”.

El estilo de Lacalle tiene similitudes con el de José Mujica y Jorge Batlle y es bastante distinto al de Tabaré Vázquez e incluso al de Julio María Sanguinetti, mucho más protocolares.

Lacalle aparece en todos lados y habla mucho, no se esconde.

Pero Julián Kanarek, director de la consultora Ciudadana y docente de Comunicación Política de la Universidad Católica Argentina, le quita trascendencia a eso, “el estilo de Lacalle no debería sorprendernos, es la confirmación de la personalidad de muchos mandatarios uruguayos”. La politóloga Victoria Gadea, consultora en comunicación estratégica y política, opina que “estar muy presente en todo es un estilo presidencial, entre otras razones para marcar diferencia con el gobierno anterior”.

La capacidad de comunicación, se sabe, ha sido un fuerte del presidente en particular en la pandemia, cuando “hubo mensajes claros siempre en el mismo momento del día y gestionó una crisis de manera ordenada”, recuerda Gadea. Bottinelli sostiene que las conferencias estaban muy bien preparadas, pensadas y practicadas: “El presidente sabía lo que iba a decir y lo que no, lo que iba a contestar y lo que no”. Pero en estos últimos meses nota “una improvisación mayor”.

Para Montserrat Ramos, docente de Comunicación Política en Universidad ORT, la “sobreexposición notoria” del presidente “comienza a tener visos de arenas movedizas” si “no se acompaña con hechos tangibles”, como podría ser concretar las reformas de la seguridad social y de la educación, pero “las realizaciones se complican a medida que el tiempo transcurre”. La especialista define la comunicación de Lacalle como “fluida e inteligente” y ella tiende a pensar que el mandatario seduce “a un porcentaje bastante interesante” de la población con una relación costo/beneficio favorable.

Pero en torno al caso Astesiano varios analistas coinciden en que Lacalle se apuró el lunes 26 de setiembre al dar una conferencia, donde entre otras cosas dijo que estaba sorprendido, que si hubiera sabido no le entregaba al custodia “lo más preciado”, o sea su familia, y que se trataba de un funcionario “intachable”.

“Salió a dar la cara desde el minuto cero”, dice Gadea, “que parecería algo casi de manual de cómo manejar una crisis para controlar lo que se discute, pero otra biblioteca dice que hay que esperar a tener más información”. Por el tipo de gobierno que lleva adelante Lacalle Pou, “era lógico que se inclinara por la primera opción y que saliera a tratar de controlar el relato para demostrar que está libre de culpa”. Pero, dice, “haber concentrado todo en la figura presidencial quita oportunidad de tener otros fusibles”.

Pomiés, en tanto, opina que Lacalle “se apresuró en decir que Astesiano era intachable porque él ahí ya sabía de las anotaciones, sabía que no era la madre Teresa”. Para Bottinelli, en la primera conferencia “faltaron elementos y hubo afirmaciones erróneas”. Kanarek apunta: “Y ahí vemos a un presidente ante la necesidad de adjetivar sobre sí mismo, como decir que se puede equivocar pero no mentir”. Es una incomodidad en el manejo de la agenda pública, “inédita hasta ahora”.

Iván Kirichenko, director de la agencia de comunicación Signo y consultor en comunicación, dice que haber superado con muy buena nota “una final del mundo en términos de comunicación” como fue la pandemia, “le generó al presidente una espalda que lo está protegiendo en un contexto complejo”. De todos modos, “la reserva no es infinita”.

Al igual que otros analistas, afirma que la aparición inmediata del presidente ante los medios reafirmó algunos aspectos positivos de su comunicación, pero también generó "un riesgo relevante”. ¿Cuál es ese peligro? “Una aparición tan fuerte y comprometida del vocero máximo de una institución es una carta a jugar en contadas ocasiones críticas. Como el caso Astesiano parece tener bastante más tiempo por delante, tengo mis dudas sobre si no hubiese sido más adecuado buscar algún camino intermedio, como el de un vocero alternativo o postergar por alguna hora más su salida”, responde Kirichenko. Pero también explica: “Por más brillante que sea la reacción, no hay estrategia que pueda anular efectos adversos de un caso como el de Astesiano”.

¿Qué se puede esperar a futuro? “Los próximos tiempos le sugerirán apariciones más selectivas pero para eso debería sumar otros voceros de peso en la coalición”, dice Kirichenko. Para Kanarek, Lacalle debe evitar que cada descubrimiento nuevo en la investigación judicial “genere una nueva instancia de pedir explicaciones”. En este momento Pomiés le aconsejaría “salir menos, ser más riguroso, esperar a tener más información y tener preparadas las respuestas”.

Así como la pandemia le permitió al presidente mostrar sus dotes de comunicador, también le dilató reformas claves, como la de la seguridad social. Existe consenso de que hay que hacer cambios cuanto antes, pero las diferencias llegan sobre los caminos y la pregunta es si darán los tiempos antes de que la campaña electoral acapare todo.

“Este tipo de reformas son las que se hacen al arranque del período”, explica Bottinelli, director de Factum.

Es obvio que no es un tema para discutir antes de las elecciones. Varios analistas consultados para este informe coinciden que, igual que con la reforma educativa, Lacalle Pou necesita tener encaminada esta reforma en 2022.

Por ahora el panorama es incierto, sobre todo a raíz de los cambios planteados por los socios. Si se logra un consenso en la interna del oficialismo, el reto es cómo se comunica el proyecto a la población. “Si se logra que la gente entienda que el aumento de la edad jubilatoria es progresivo, es una cosa”, dice Bottinelli. “Si se simplifica que sube la edad jubilatoria y nada más, es otro efecto”.

Los sindicatos están en conflicto y la oposición contra la reforma —o la “transformación”— educativa parece cada vez mayor. Pero el gobierno está decidido a implementar cambios desde inicios de 2023. Aquí hay un frente abierto y muchas interrogantes. ¿No debió concretarse una consulta mayor a los docentes? ¿Por qué deben aplicarse los cambios ya el próximo año, sin un plan piloto? ¿Cómo se debe manejar la relación con los sindicatos?

Pomiés alerta que el asunto es si Lacalle “logra concretar cambios de fondo”. Gadea dice que la comunicación de la reforma debería manejarse de otra forma “porque no está claro qué significa, no ha habido una conferencia de prensa donde se haya explicado todo de manera clara”.

Para Renato Opertti, decano de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica, integrante de Eduy21 y experto de Unesco en educación, la gran discusión es “cuán preparada está la ANEP” y cree que en todo caso este será apenas el inicio de una transformación que va en la misma línea de “la profundidad que se está encarando a nivel mundial”. Opertti destaca tres aspectos positivos: que se piensa en una educación básica “más integrada y unitaria”, se va a un enfoque por competencias, se ordena la educación curricular y no se trabaja las asignaturas en forma separada. Pero dice que el talón de Aquiles es cuando se mira la grilla de asignaturas porque “las materias siguen siendo muy tradicionales” y sin espacio para el trabajo entre profesores de diferentes disciplinas. “Si vos seguís pensando que, al entrar a séptimo año, entrás al liceo, no hay un cambio”.

Juan Pedro Mir, maestro y también integrante de Eduy21, ve “semillas interesantes” pero aclara que una reforma educativa de verdad no se logrará hasta que no exista un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición que permita al menos “una base de apoyo” de docentes, familias y estudiantes. “Pero si no se rompe la lógica de la polarización en dos bloques, esa transformación estructural será imposible”, augura.

Concentrarse en el gobierno y no privilegiar lo electoral es un desafío para el presidente, en un momento en que todos empiezan a perfilar posiciones en su propio partido y hay varios posibles candidatos para 2024, el más claro (y ya casi definido) el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Con este panorama, Lacalle intentará que la interna del Partido Nacional “no haga mucho ruido” al menos hasta fines de 2023, dice Pomiés, aunque “no le puede cortar las alas” a nadie. “De hecho, al empezar a perfilarse este año, la cortó porque tiene que gobernar”, dice en referencia a cuando el intendente de Durazno Carmelo Vidalín postuló a Delgado.

Bottinelli menciona el congreso de Aire Fresco con esa salida de Vidalín, la respuesta de Sebastián da Silva desde el Espacio 40, las apariciones de Laura Raffo “que no son casualidades”, sumado a los intentos de la vicepresidenta Beatriz Argimón y los senadores Juan Sartori y Jorge Gandini. El director de Factum dice que los tiempos preelectorales se han adelantado “más de lo que cualquiera en el gobierno quisiera”.

La interna de la coalición de gobierno es un desafío ligado al anterior. El problema para los socios del Partido Nacional es cómo marcan perfil propio a medida que se acerca 2024. El que lo ha hecho en forma más notoria y casi sin querer disimularlo es Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos. Bottinelli analiza que “quizás puede llegar a salir del gobierno manteniendo la coalición legislativa”. Ya hay un antecedente: en el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), los blancos retiraron a los ministros pero mantuvieron el apoyo en el Parlamento.

Pomiés apunta que “en la teoría ningún partido debería mantenerse en la coalición hasta el final porque deben empezar a hacer su propio juego”, no sería sano para ellos. “Si van a defender al gobierno, los votos van todos al Partido Nacional, que es el líder mayoritario”.

¿Y los colorados? “No tienen candidatos, no pueden hacer mucho ruido porque no tienen a nadie para que lo aproveche”, afirma Pomiés. Mientras no lo tengan, “están muy alineados”. Gadea explica que, más tarde o más temprano, los colorados “deben armarse para la elección”. Ahí todos esperan que, al final, Pedro Bordaberry dé el sí. Pero es difícil.

Fue una de las promesas de campaña: lograr una mejora notoria en la seguridad pública. En los dos primeros años, en pandemia, los números de los delitos mejoraron, pero en particular el de los homicidios se disparó en 2022. Repasemos algunos números recientes. En el primer semestre hubo un aumento de 39% respecto a 2021 y 8,7% respecto a 2019, previo al covid. Y octubre, por ejemplo, arrancó con nueve casos solo en los primeros cinco días.

Edward Holfman, consultor en seguridad, espera cambios en el Ministerio del Interior: “Por más que dijeron que tenían un plan, siguen aplicando la misma política de los primeros años, no cambiaron nada. Pero no es un tema de estrategia, sino de nombres”. Y vaticina relevos de los responsables de la estrategia, aunque no necesariamente del ministro, “pero tiene que ser un cambio drástico”.

El sociólogo Rafael Paternain, exdirector del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, también dice que debería haber cambios en la gestión en los próximos meses “a la luz del pragmatismo del presidente”, ya que el fenómeno no cede y la aprobación en seguridad cae.

La Cancillería informó el 13 de setiembre que “a la brevedad podrán comenzar las negociaciones” de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, pero el tiempo pasa y no hay novedades.

El doctor en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, califica de “acierto” la visión de Lacalle de buscar un “vínculo distinto” con el Mercosur para resolver el tema de fondo, la apertura internacional.

“Se ha hecho un esfuerzo fuerte, pero con resultados que todavía no tienen nada concreto”, dice el especialista, quien piensa que una eventual victoria de Luiz Inácio Lula da Silva el 30 de octubre podrá perjudicar los intereses comerciales de apertura de Uruguay.

Para que Lacalle Pou tenga éxito, explica, debe lograr iniciar las negociaciones formales con China (“en eso hay que poner énfasis”), y en un segundo nivel con Turquía, avanzar con el Reino Unido y con el ingreso al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,84% en setiembre y la inflación en los últimos 12 meses marca el guarismo más alto desde julio de 2020, bordeando la barrera psicológica del 10%. Llegó a 9,95%. Pero la economía uruguaya había crecido 1,1% en el segundo trimestre y 7,7% en la comparación interanual.

Para el economista Aldo Lema, 2023 podría calificarse como “un año bisagra” en relación al bienio previo y sobre todo en relación a 2022, cuando la actividad económica se vio beneficiada por el rebote tras la pandemia, “asociada a la normalización de la movilidad y el fuerte impulso extrarregional derivado de la recuperación global, las condiciones financieras más expansivas y los altos precios de exportación”. Pero ese escenario ha cambiado. La duda de Lema es si el impacto negativo durará un semestre, antes de un nuevo impulso, “o es un giro hacia un ciclo adverso algo más permanente”. Por eso, aconseja actuar “con prudencia” en materia fiscal, salarial y monetaria.

El economista Nicolás Cichevski, gerente en CPA Ferrere, piensa que Uruguay crecerá “a tasas de 2,5%”, hacia “condiciones financieras más restrictivas”. Y advierte que el gobierno debería ser cauteloso “ante la tentación de condicionar futuras rebajas de impuestos al desempeño pasado de la economía”. Esto ante el anuncio realizado por Lacalle en marzo de bajar el próximo año el IRPF y el IASS si los números mejoran. “Es bastante discutible una rebaja de impuestos al 20% de los jubilados que tiene mayores ingresos”, sostiene.

Para el economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), el principal desafío es el tema de los consejos de salarios y la carrera entre el poder adquisitivo y la inflación, que “viene dando grandes dolores de cabeza”.

Que las ollas populares existen, nadie lo duda. Y que el hambre, o las necesidades, de miles de uruguayos se ha metido en el medio de la discusión político partidaria, tampoco.

Los últimos datos oficiales, conocidos a fines de setiembre, indican que el 10,7% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre. Hay una caída de 0,3 respecto al segundo semestre de 2021 y una suba de 0,5 respecto al primer semestre. Ambas estimaciones dentro del margen de error.

Para Iturralde, esos datos “no reflejan nada”, salvo que la pobreza “es ligeramente superior” a la de 2019 pero estable respecto a 2021. “Hubo más uso político de este tema, de todos lados, que otra cosa”, lamenta el economista. Lo que hay que preguntarse dice, eso sí, es “por qué no baja más rápido, con la recuperación del mercado de trabajo”. Un tema que preocupa en la Torre Ejecutiva.