Aislamiento y violencia: cuando el peligro también está dentro del hogar

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La orden es clara: quedarse en casa. Por televisión, altoparlante, en las publicidades, en la voz del presidente. Todos los días desde el 13 de marzo, cuando Luis Lacalle Pou declaró la emergencia sanitaria tras confirmarse los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el mensaje es el mismo: quédense en sus casas.

¿Pero qué pasa cuando el hogar, ese “sagrado inviolable”, tan lejos de los contagios, es el lugar donde también se vulneran derechos fundamentales de una persona?

Una mujer agenda un número. Nerviosa, envía un audio:

—Hola, buenas tardes. Te hablo porque mi hermana tiene problemas con su pareja. Él la amenaza. Ella tiene dos hijos. Le ha pegado, le pega, pero ella no quiere denunciar. No quiere entrar en el tema de la Policía. Hoy lo corrimos de la casa, pero algo más hay que hacer.

Lo recibe Marcela Falco, abogada perito en violencia de género en el departamento de Treinta y Tres. Cuenta que le llegan pedidos de ayuda a diario. El celular está prendido las 24 horas, todos los días del año, y rota entre ella, un psicólogo y un asistente social. Falco cuenta que ese mensaje es “de los más suaves” que llegan en busca de orientación tras episodios de violencia doméstica y de género.

Al igual que varios colectivos feministas, organizaciones sociales, fiscales y jueces, a Falco le preocupan las mujeres y los niños que están confinados con sus agresores en sus hogares debido a la emergencia sanitaria. “Si nosotros tenemos una forma de vincularnos con nuestra pareja o hijos que no es de violencia, lo que podemos tener en un encierro son conflictos, pero no situaciones de violencia. Estas situaciones que se potencian y se agravan es porque ya existían”, señala Falco.

En ese sentido, la ONU advirtió que en contexto de emergencia sanitaria aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, “debido al aumento de las tensiones en el hogar”. La directora regional de la entidad, Mari-Noel Vaeza, declaró a EFE que este aumento se ha visto en China y en Corea, se está viendo en Italia y en Francia, “y seguramente lo vamos a ver, lamentablemente, en América Latina y el Caribe”, señaló.

En China, por ejemplo, las denuncias por violencia doméstica se duplicaron tras cuatro semanas de confinamiento en Jingzhou, una de las ciudades en el epicentro de la pandemia, de acuerdo a un reportaje publicado en la revista china Sixth Tone.

“Según nuestras estadísticas, el 90% de las causas de violencia doméstica están relacionadas con la epidemia” dijo al medio Wan Fei, un expolicía y activista contra la violencia doméstica en esa ciudad.

Claro está que no pueden compararse cifras de dos países tan antagónicos, pero cuando se trata de violencia no hay fronteras. Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), está atenta a los números de otros países golpeados por Covid-19 para anticiparse a lo que podría pasar en Uruguay.

“Lo que ha pasado es que la violencia doméstica aumentó exponencialmente (en China) a partir de que pasan la cuarta semana de convivencia, donde el pico de la pandemia llega al punto culminante y empieza a descender”, dice Bottero.

“Eso hace que tengamos que estar atentos, tomando medidas preventivas, lo que no quiere decir que nuestros servicios de respuesta no estén funcionando”.

Los servicios funcionan, pero nunca es suficiente.

Uno de los principales reclamos que viene desde organizaciones feministas es la ampliación del horario del servicio telefónico de Inmujeres, que actualmente trabaja desde las 8 hasta la medianoche los días de semana, y de 8 a 20 los sábados y domingos.

En concreto, la Intersocial Feminista reclama que ese teléfono funcione las 24 horas. Andrea Tuana, una de sus integrantes, dice que esa ampliación de horario es “lo mínimo” que debería hacerse para cuidar a las víctimas durante la emergencia sanitaria. “Quizá hay una mujer que está confinada con su agresor y el único momento en el que puede pedir ayuda es cuando el agresor se duerme”, expone.

Bottero afirma que la atención telefónica se ha “reforzado”, y explica: “Lo que hicimos fue poner un teléfono más (en cada uno se concentran varias líneas) y varios turnos de personas especializadas en atender”. Dice que el servicio no se brinda las 24 horas porque “se hicieron pruebas” y detectaron que “en los horarios de la noche no había llamadas”. Aclaró que el 0800 4141 no es un teléfono de emergencia, que para emergencias está el 911. “Nadie llama a las 3 de la mañana para preguntar cómo hacer si en algún momento quiere salir de su casa o si la puede atender un abogado”.

De todos modos, señaló que Inmujeres recibió ese planteo y lo está analizando. Pese a haber “reforzado” la atención telefónica, Bottero reconoce que las llamadas disminuyeron desde que se declaró la emergencia sanitaria, y eso le preocupa. La hipótesis es la misma que plantea Tuana. La víctima tiene menos acceso al teléfono debido a ese doble aislamiento: el de la emergencia sanitaria y al que la somete el agresor desde mucho tiempo antes.

Contingencias

La nueva directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del interior, la comisaria mayor Eliphas Ferreira, no se anima a hacer conjeturas. Asumió el rol el miércoles 25 de marzo. “Si esa hipótesis es real, que se animen a denunciar. Van a obtener respuesta”, aseguró Ferreira.

Según los datos que manejan ella y su equipo, el número de denuncias cayó. “Hubo una disminución de los registros de los eventos, mínima, comparado con la semana anterior a que empezara todo el problema de la enfermedad”, indicó.

También hay menos denuncias que en el mismo período de tiempo del año anterior. Pero esta disminución no significa que no sucedan hechos de violencia. Que las mujeres no denuncien, dijo la directora, es “multicausal”; no se puede atribuir únicamente a la emergencia sanitaria.

“Exhortar”, repite Ferreira como medida preventiva frente a esta situación inédita para el país. Exhortar a las mujeres a que llamen al 911 si están en peligro, exhortar a los vecinos a que denuncien, a que se use la aplicación del ministerio, a que se llene un formulario online. “Queremos que (la mujer) denuncie, tiene las herramientas. Si no es ella, que denuncie el vecino o el familiar”, dijo. Esa es la estrategia del ministerio.

Medidas.

El 23 de marzo la vicepresidenta Beatriz Argimón se reunió con autoridades del gobierno para tratar el tema. Allí se resolvió convocar una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo sobre violencia de género. En este espacio se definen las estrategias que orientan las políticas públicas para erradicar la violencia, y cuenta con la participación de 14 organismos del Estado y representantes de la sociedad civil.

En esta ocasión, la sesión extraordinaria se llevó a cabo al día siguiente y fue liderada por Bottero. También participó Sergio Rico, director del Sinae.

Bottero dijo a El País que las medidas que se elevarán al Poder Ejecutivo tienen como objetivo “reforzar los niveles de respuesta”. Concretamente, se propondrá hacer una campaña de difusión que explique cómo funciona el 0800 4141 y pida a vecinos que estén atentos a situaciones de violencia que pueda haber a su alrededor.

Por otro lado, se pedirá a la Suprema Corte de Justicia que se disponga “la prórroga automática por 60 días de medidas cautelares”, como la tobillera electrónica. Bottero puntualizó que si bien la prórroga ya se hace, “es a discreción del juez”. En el Consejo se resolvió que sería “mejor que ya fuera una cosa automática”.

No obstante, Nelsa Viscailuz —-directora del Dimoe, el organismo que monitorea a las parejas en el programa de tobilleras—, opinó que “hay que ver el caso a caso”. Según dijo a El País, una prórroga masiva podría afectar a personas “que tienen un espectacular cumplimiento”, en referencia a los agresores que no violan las medidas cautelares. “De repente ese equipo, si esa persona está pronta para salir del sistema, podría ser destinado a otra que lo está necesitando y que está en eventual riesgo” indicó.

Hoy hay 1.083 parejas monitoreadas. El ministerio no cuenta con datos precisos sobre cuántas personas están en lista de espera para ingresar al programa de tobilleras.

Ayer, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en conferencia de prensa que en los próximos días van a anunciar medidas vinculadas a programas referentes a violencia doméstica. “Es un tema que nos preocupa”, comentó.

El día a día.

Más allá de las reuniones, los Juzgados de Familia Especializados siguen funcionando. Lo que se hace, en concreto, es una prórroga de las medidas cautelares en los casos cuyas audiencias se suspendieron debido a la emergencia sanitaria. Esto lo determina cada juez, prestando especial atención al vencimiento de las medidas de protección en los expedientes que tramita, explicó la jueza de familia especializada Roberta Licciardi.

“Nosotros, los jueces, estamos teniendo presente y muy en cuenta que debemos garantizar a las víctimas protección, y garantizar que esas medidas continúen. Somos muy conscientes de que esta situación seguramente repercuta mucho más en los hogares de las familias que nosotros vemos”, dijo Licciardi. Y las familias que ellos ven están compuestas, por lo general, de mujeres pobres que reclaman protección, que dependen económicamente de sus parejas, quienes también las violentan.

Alba Corrales, fiscal de delitos sexuales, está preocupada por el desamparo en el que quedan estas mujeres. El número de llamados que recibe ha disminuido, pero se siguen cometiendo incumplimientos de medidas cautelares y situaciones de violencia. Teme, especialmente, por las víctimas en situación de calle que denuncian y luego se les pierde el rastro.

Por eso, cuando se enfrenta a estos casos, da aviso al Mides, porque en algún momento estas víctimas van a entrar en algún refugio y se las vuelve a captar.

Corrales resume así el eterno flagelo de los homicidios de mujeres:

“Cuando se llega a un femicidio, es porque hubo alguna señal que no fue captada. En algún momento la víctima pasó por algún organismo del Estado o algo privado que no fue captado”. Esos lugares de “captación” para mujeres y niños pueden ser escuelas, liceos, clubes, lugares de trabajo. Todo lo que hoy está cerrado.

Para la fiscal, la coordinación de todos los organismos es fundamental para atacar el problema. En ese sentido también se expresa Falco, que considera que lo que el gobierno viene haciendo “es muy macro”. “Está bueno, sí, que las mujeres llamen. Pero llaman y después no hay respuesta. Ahí corremos riesgos porque terminan diciendo ‘para qué voy a denunciar’, si en definitiva el agresor sigue violando las medidas”, dice. Y lo ejemplifica con un mensaje que recibió días atrás: “Me esperó en la ruta. Yo ya lo denuncié. Que le pongan urgente la tobillera”.

El agresor, que portaba tobillera y luego fue procesado, salió en libertad sin tobillera y sin que la víctima se enterara. Y fue a buscarla.

La perito insiste en que deben diseñarse “otras políticas que no son de tobillera” y llegar a las mujeres en los pueblos más recónditos del país. En los últimos días, Argimón expresó la misma preocupación respecto a las víctimas de violencia doméstica en el interior: “Es algo que para el señor presidente y para quien habla es una preocupación permanente”, dijo en declaraciones a la prensa.

"Efecto colateral".

Cuatro de los cinco femicidios cometidos en lo que va del año sucedieron durante el mes de marzo, en un lapso de 10 días. El último se registró el 14 de marzo, el único dentro de la emergencia sanitaria. El cuerpo de Zulema Carmela Silva, de 77 años, fue encontrado sin vida en su vivienda de Montevideo. Su pareja también fue hallado sin vida. Presentaba “posibles” signos de autoeliminación.

En una conferencia de prensa, Lacalle Pou fue consultado sobre cómo se enfrentaría esta problemática ante el nuevo escenario de aislamiento social. “Lamentablemente, como efecto colateral muy grave, a veces este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones”, dijo el presidente. Y agregó: “Ahí se dan cuenta de que gobernar es tener un justo equilibrio. A veces no es fácil. Pero hay que poner en la balanza”.

Las voces de la oposición y de organizaciones sociales se hicieron sentir. Para Tuana, los dichos fueron “lamentables”. “Las situaciones de violencia no pueden quedar como daños colaterales”, afirmó.

Bottero salió en defensa de Lacalle Pou. Dijo que las críticas forman parte de la “manija en las redes sociales”, y asegura que el espíritu de lo que dijo el presidente no fue considerar los femicidios como “un problema menor”.