El Reino de la Improvisación

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Este podría ser el nombre de fantasía de la República Oriental del Uruguay, a juzgar por como se actúa en el Parlamento. Y pensar que este poder de la democracia tiene como uno de sus principales cometidos, el moderar los excesos del Ejecutivo. Por ejemplo, controlar y sujetar los gastos e impuestos que luego tienen que ser solventados por el bolsillo de los sufridos contribuyentes.

Un ejemplo de la improvisación que caracteriza a este gobierno es lo que acaba de suceder con la recién sancionada Ley Contra la Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Nadie puede negarse a iniciativas que apunten a luchar contra los femicidios que enlutan a este supuestamente, civilizado rincón del Plata. A los abusos sexuales y de poder, al sometimiento y las injusticias sufridas por un gran número de las integrantes del sexo femenino -cuyas explicación es parte de un complejo y profundo rompecabezas para ahondar en otro editorial- siendo el rasgo más escandaloso, la espeluznante cifra de mujeres asesinadas cada año. La mayor parte de las veces por gente cercana a ellas; maridos, concubinos, padrastros, ex parejas, o a manos de un asesino, como los que mataron cruelmente hace poco a dos niñas.

Pero por más que se coincida con la inquietud que empuja a un proyecto de esta naturaleza, - sin entrar en un análisis del contenido- es imprescindible legislar con responsabilidad. No es cuestión de levantar la mano alegremente y cosechar aplausos de las partes interesadas y los potenciales votantes. De frotarse las manos y ya está. Una ley como la mencionada establece una cantidad de requerimientos y normas que a su vez demandan un apoyo económico que permita su cumplimiento. Si no se ha elaborado un plan de financiamiento, es como tirar un gato arriba de la mesa y ¡chau!

Una sola semana se debatió esta ley de más noventa artículos en la Cámara de Diputados y así nomás, fue sancionada. Sin que haya ni atisbos sobre como se financiará el ambiciosos proyecto. Se podrá argumentar que había estado dos años en el senado, pero eso es otro tema. Lo cierto es que no se puede batir palmas legislando de manera puramente voluntarista, sin previsiones de sustentabilidad económica. En esta manera de actuar de los impulsores del proyecto parece haber más demagogia y maniobra política, que seriedad.

El primero que ha salido a la opinión pública a denunciar el disparate, ha sido el Presidente de la Corte Suprema, Jorge Chediak. Y el magistrado habla con conocimiento de causa. En estos momentos la justicia está tratando de poner en práctica la Reforma del Proceso Penal. Una ardua tarea que implica esfuerzo, reorganización y recursos económicos. Algo notoriamente escaso, dado que al votarse el presupuesto, a la justicia se le retaceó cualquier aumento. Una decisión que dio que pensar.

Al final se le volcó una suma de dinero proveniente de Rentas Generales, seguramente, porque de lo contrario era imposible llevar acabo la tarea. Hubo que sumarle al Poder Judicial unos 20 millones de dólares. Cuanto demandará la nueva ley aun no se sabe porque no esta cuantificado, pero no será poca cosa. Eso es seguro y es lo que preocupa a la Corporación. Chediak fue muy claro al referirse a lo que tiene por delante. "No hay un peso, para implementar la nueva ley de Violencia de Género". Explicó que el nuevo CPP agotó todos los recursos financieros y materiales del Poder Judicial. Debió realizar 191 designaciones de jueces y funcionarios en 45 días y todavía no se ha completado el número. La nueva ley establece nuevos delitos, determina penas sobre otros ilícitos, modifica el Código Penal, el del actualizado Proceso Penal y el Código General del Proceso. Obliga a crear nuevos juzgados y nombrar jueces para esas materias. El jueves, la Asociación de Magistrados Fiscales (AMFU) en asamblea, públicamente demandó una mesa de discusión tripartita. Según lo dicho por el fiscal Gustavo Zubía, "las exigencias del nuevo CPP no les permiten cumplir con su labor en forma plena, con los recursos actuales". "Un código que es más garantista y limita más el accionar de la punición, encima tiene problemas de tipo laboral , de horario". En coincidencia con esta aseveración, el 7 de diciembre se informó que de acuerdo a una investigación realizada por operadores judiciales, con el viejo código había 15 procesamientos diarios en 4 juzgados de Montevideo y en todo noviembre fueron 16 las formalizaciones de investigación penal.

En cambio, fue mandado nuevamente para atrás el proyecto de un registro violadores, del senador Luis Lacalle Pou, a pesar de que el propio Vázquez se mostrara afín a su consideración, cuando los horribles crímenes de las jovencitas agitaban a la opinión pública.