El puerto, el fiscal y la mala fe

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Bueno, lo que comienza a desinflarse es cualquier sustento de seriedad que pudiera existir detrás de ese escándalo, porque ya se sabe que la dirigencia del Frente Amplio actual, no tiene mucha necesidad de anclar en hechos reales, a la hora de declamar indignación por cualquier cosa.

El pasado lunes, mientras la mayoría de los uruguayos nos arrancábamos los pelos frente al televisor viendo la penosa actuación de la selección de fútbol, el fiscal Gilberto Rodríguez anunciaba el archivo de la denuncia penal impulsada por los senadores Carrera y Bergara. La misma alcanzaba al ministro Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, el presidente de la ANP Juan Curbelo, y el subsecretario de Transporte, Juan Olaizola, acusados del delito de abuso de funciones.

Según el fiscal, “la información agregada y la que pudiere obtenerse a esta altura de la instrucción (aún la requerida en la segunda ampliación de la denuncia), permite concluir; que las conductas que se pretenden imputar; carecen de relevancia jurídico penal, no encontrando elementos para la configuración objetiva ni subjetiva del tipo requerido”.

En buen romance esto quiere decir que ni la información disponible, ni la que pudiera sobrevenir, permite atribuir ninguna acción delictiva a los acusados.

Vale señalar que, a diferencia de otras actuaciones y archivos de denuncias, estamos aquí ante un dictamen extremadamente profundo y completo. Son más de 185 páginas de análisis del caso, de doctrina, de testimonios. Realmente un trabajo a fondo del fiscal Rodríguez, que deja muy poco margen para cualquier recurso jurídico. Allí se analiza todo, desde la reserva de las actuaciones, hasta el tema del supuesto monopolio en el puerto, pasando por el accionar del presidente de la ANP al no pedir asesoramiento al directorio.

“El dictamen fiscal que archiva la denuncia de los senadores Bergara y Carrera es contundente sobre que no hubo delito. Pero además deja en evidencia la mala fe y falta de mínima honestidad republicana de los denunciantes”.

Ninguna de las denuncias y sugerencias maliciosas de los senadores denunciantes queda sin analizar, y sin resolver de forma negativa para ellos. A lo sumo, se señala que pudo haber alguna responsabilidad administrativa de Curbelo en el tema de la comunicación al directorio, pero se explica por la reserva de las actuaciones que venía ya de las negociaciones iniciadas en el gobierno previo.

Es que ahí está una de las claves de este dictamen fiscal. Lo que queda en evidencia tras leer esas 185 páginas es que todo lo hecho por este gobierno, vino como consecuencia de lo iniciado en el anterior. La declaración del ex secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, es la clave para entender todo este caso. Y seguramente fue el aporte más definitorio para desechar la denuncia. Lo que Toma explica es que en acuerdo con el ex presidente Vázquez, entendieron que la empresa belga tenía sustento en su reclamo al estado por incumplimientos contractuales. Y que una eventual demanda internacional, tenía posibilidades de ser exitosa. Toma narra que recomendó al gobierno actual seguir el diálogo amistoso con la empresa belga, e intentar llegar a un acuerdo, muy en línea con lo que finalmente ocurrió.

Es más, la reserva de las negociaciones, uno de los puntos que más ha indignado a los senadores denunciantes, queda claro que fue una decisión que venía ya de antes. Otra cuestión relevante es que el fiscal determina que no se ha entregado un monopolio legal a nadie en el puerto.

Ahora bien, dicho todo esto hay una conclusión lapidaria que surge del dictamen fiscal. Y es la rotunda mala fe, y carencia de mínima sensibilidad democrática de parte de los senadores Bergara y Carrera, y su partido político. Porque los temas jurídicos son áridos y difíciles. Y un delito tan flexible como el abuso de funciones, siempre deja la duda de si algún jerarca no pudo haber estirado alguna acción de forma tal de configurarlo. Cosa que queda claro que no ocurrió en este caso.

Pero lo que estos dos senadores han hecho en los últimos casi dos años, ha sido tirar basura sobre la dignidad y la honra de jerarcas que ahora queda fuera de toda duda, que actuaron con buena fe, acorde a derecho, cuidando el interés nacional. Pero, sobre todo, siguiendo las recomendaciones del gobierno anterior. ¿No sabían eso Bergara y Carrera? ¿No les importó? ¿Fue más fuerte la voluntad de desgastar al gobierno, y ganar unos puntitos políticos que proteger el interés nacional, ser honestos con la realidad, y respetar mínimamente la honra de quienes son, más allá de todo, sus colegas de profesión? La respuesta a esta pregunta es casi tan lapidaria como el dictamen del fiscal Rodríguez.