La perversidad de la lentitud

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Otra infructuosa interpelación al Ministro del Interior, 11 horas de debate inútil porque el gobierno imbuido de una magna soberbia no está dispuesto a reconocer ni un solo error, mientras sus cohortes se abroquelan con cemento para defender el poder que no quieren largar por nada del mundo. La crónica policial cada día más cargada en los medios, en la TV, en los diarios, en las redes sociales. Las personas cada vez más asustadas al notar cómo la vida es un bien completamente desvalorizado por la delincuencia, que tiene claro que delinquir es negocio y que la impunidad los ampara.

Y también cada vez más horrorizadas con los crímenes aberrantes que no cesan. Como el asesinato del joven deportista del que escribíamos ayer en esta misma página. De ese muchacho que a pesar de ser muy pobre, había salido de la marginalidad y se esforzaba con éxito para crecer en el golf, el deporte que le abrió las puertas hacia un mundo mejor.

O el de la niña Brissa, muerta a manos de un sanguinario perturbado, con antecedentes, al que sin embargo, ni las fuerzas del orden ni la justicia tenían a buen resguardo o bien controlado. Y como si esto fuera poco, la inaudita reacción del titular de la cartera del Interior, Bonomi, fue la de criticar a la prensa lugareña y a los vecinos, por haber advertido de que un hombre, en un coche rojo andaba merodeando en forma sospechosa.

Una vez descubierto el cadáver de la pobre niña, la que bien podría hoy estar viva si los responsables de la seguridad actuaran un poco mejor, hubo declaraciones de diverso tenor y se habló de que el "sistema político" se había mostrado a favor de la implementación de un registro de violadores, aunque se reconocía al mismo tiempo, que hasta el momento no había nada nuevo al respecto.

Para ser precisos, ese Registro de Violadores fue otro proyecto presentado por el senador Lacalle Pou (Todos). Quedó en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores el 13 de marzo del año pasado, como una de las 10 prioridades de la bancada del Partido Nacional. En él se propone crear un registro de acceso público de personas con antecedentes de abuso y violación, a cargo del Ministerio del Interior, donde se incluya información sobre las personas condenadas por el delito de violación, abuso sexual y otros delitos que vayan contra la integridad sexual de los menores de edad.

Ante el clamor social producido a raíz de este asesinato, además de trascender detalles lamentables demostrativos de la inoperancia del sistema policíaco judicial —pues desde la justicia se había pedido investigación de paradero de ese sujeto por otros casos y la única respuesta finalmente fue la nada—, de un lado y otro, distintos políticos de la oposición como Pedro Bordaberry se mostraron favorables a la propuesta. Y el presidente Vázquez también se pronunció, diciendo que el tema debía ser estudiado. Dicho lo cual, el proyecto fue enterrado, otro más, sin pompas ni glorias, sino sencillamente en silencio, para pasar a abultar la pila compuesta por las contribuciones ofrecidas para el bien común, por legisladores que no pertenezcan al oficialismo. Ni en un tema de característica social como este, ni en otros más fríos pero importantes para la economía del país, como el TLC con Chile. Prefieren despreciar los votos ofrecidos por el Partido Nacional y seguir empantanados haciendo el gran papelón del gobierno uruguayo, ante los chilenos y en perjuicio del Uruguay.

Respecto del Registro de Violadores, el Frente Amplio (quién si no) prefirió aplazar este asunto porque "necesitaban estudiar el tema", justamente ellos, los reyes de la improvisación y de las leyes mal hechas que terminan siendo declaradas inconstitucionales. Ha habido varias de esas. Y otro detalle típico, (recuerda lo de la ley del autocultivo de marihuana de Lacalle, que con tal de no votársela pergeñaron rápidamente algo parecido, pero un poco peor, que por supuesto fue sancionado) se mechó otro argumento. Que la ley de violencia contra la mujer basada en género incluye implícitamente un registro de abusadores. Aunque se trata de algo más difuso, que apunta a impedir que estos ocupen cargos en la educación y la salud, si bien la norma no aclara cómo se impedirá que eso suceda.

El senador Lacalle Pou hace ya unos cuantos años, presentó un proyecto de ley para terminar con el descontrol vigente a raíz de la falta de un registro de antecedentes penales de los menores infractores y también en esa ocasión apareció el palo en la rueda. Hoy, justamente, el enviado de Giuliani hace notar esa falencia.