Ollas destapadas

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Los hechos son conocidos, pero importa recordarlos brevemente. En una circunstancia complicada por las consecuencias de la pandemia, distintas organizaciones sociales tomaron iniciativas de ayuda y solidaridad con los más necesitados. Una de ellas, la CPS, recibió importante cantidad de insumos por parte del Mides para poder llevar adelante ollas populares urgentes en situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando lo peor de la crisis quedó atrás, el Mides solicitó informaciones y pruebas que explicaran la cantidad de insumos que efectivamente eran pedidos por la CPS: la información llegó tarde y mal, y el Mides decidió terminar con su apoyo.

Luego, cuando el ministerio chequeó la veracidad de la información brindada por la CPS, aparecieron fuertes inconsistencias. Las ollas no funcionaban tal como la CPS había señalado: ya sea porque no coincidían los días efectivos de realizaciones de las ollas con lo que la organización había declarado al ministerio para hacerse de los insumos; ya sea porque había ollas declaradas por la CPS que no existían; o ya sea, finalmente, porque la organización pretendidamente solidaria anotaba una cantidad de porciones repartidas que era muy superior, cada vez, a lo que efectivamente brindaba.

Frente a toda esa situación irregular, se tomaron dos caminos políticos bien distintos. Por un lado, el ministro Lema decidió denunciar la situación a la Justicia penal y dejar en claro ante la opinión pública que esta CPS en realidad no cumplía con los objetivos que decía perseguir. Por otro lado, el FA salió unánimemente a respaldar la tarea de la CPS, y atacó fuertemente al gobierno por ser insensible en momentos de crisis.

“El gobierno está dispuesto a ayudar a quienes llevan adelante ollas populares que sí atienden a los más necesitados. Asimismo, ayudará siempre que se trabaje con honestidad y sin utilizar a los más pobres con fines políticos o personales”.

El problema es que a medida que se sigue investigando, hay cada vez más indicios de que, escondida tras un discurso de solidaridad con los más pobres, la CPS utilizó insumos comprados con fondos públicos para beneficio de unos pocos que de ninguna manera son los más pobres de la sociedad. En efecto, al declarar muchas más porciones y más comensales que los que en realidad acudían a las ollas, se acumularon alimentos que no fueron cocinados y que, de acuerdo a varios indicios, fueron revendidos a través de redes sociales en beneficio particular de tal o cual referente de la CPS, e incluso canjeados por drogas.

El Mides amplió así su denuncia penal con estos nuevos datos, ratificando el sentido de lo ya realizado semanas atrás: cuidar los dineros públicos; respetar la verdadera tarea solidaria de quienes llevan adelante ollas populares que sí atienden a los más necesitados; y dejar en claro así que el gobierno está dispuesto a ayudar a quienes lo precisan, siempre que se trabaje con honestidad y sin utilizar a los más pobres con fines políticos o personales que nada tienen que ver con el espíritu solidario.

Sin embargo, en el otro extremo del espectro político, sin tener en cuenta estas informaciones más recientes, el FA decidió criticar nuevamente la actuación del Mides y solidarizarse con la CPS. En efecto, a pesar de que el ministro Lema envió semanas atrás información a la presidencia del FA para que la oposición contara con todos los detalles de lo que había ocurrido con la CPS, Pereira, en un acto en Paysandú la semana pasada, volvió a emprenderla contra un gobierno que “persigue a las ollas populares, a los más pobres, a los más débiles, a los que tendrían que ser privilegiados”.

Las diferentes posiciones políticas son clarísimas. Por un lado, el oficialismo continúa con su política de apoyos a las ollas populares, pero no cede y denuncia a quienes, como la CPS, presentan indicios muy fuertes de haber cometido delitos escudándose en un servicio solidario hacia los más pobres que, en realidad, no es tal.

Por otro lado, el FA decide asociar totalmente la situación de los más pobres que sí precisan acudir a ollas populares, con quienes se han ocupado de llevar adelante esa tarea y terminan denunciados ante la Justicia penal.

El resultado de las investigaciones que conduce la fiscalía será pues muy relevante. Porque de concretarse responsabilidades penales en la actuación de la CPS, todo el FA habrá quedado así alineado a una organización delictiva que lucraba con la necesidad de los más pobres de la sociedad. Será una verdadera vergüenza.