EDITORIAL
diario El País

Los 31 días de paro y sin clases

El número es escalofriante o escandaloso como se dijo desde la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) al conocerse que en lo que va del año hay liceos que han tenido 31 días de paro, 26 de los cuales fueron por paros nacionales o de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria.

Un mes de ausencia, así nomás, lo que significaría en épocas normales que todos los estudiantes deberían perder el año o rendir exámenes en febrero. Ocurre que aquí no es culpa de quienes estudian sino de quienes deben dictar las clases y ellos son los que dejaron colgados a los jóvenes.

¿Pueden recuperarse todas esas horas perdidas por decisión gremial?

Parece un absurdo que la forma que tiene un profesor para defender la enseñanza sea dejar a sus estudiantes sin clase. Si poco sabían los chicos ahora, menos van a saber cuando mayores sean las exigencias. Tan grave como ello es el perjuicio para la familia y la sociedad: son 300.000 alumnos de entre 12 y 18 años que fueron “víctimas” de las medidas reivindicativas y debieron permanecer en sus casas o vagando por las calles para matar el tiempo. Una alternativa muy peligrosa. Ni que hablar del derecho a estudiar que tienen los jóvenes, que una vez más ha sido relegado.

Es más, la Constitución de la República establece claramente en su artículo 70 que “Son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial…”. Este mandato no solo es un derecho y un deber de los padres de velar por “el cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social” (art. 41), sino que impone al Estado la obligación de crear, administrar y defender un servicio que haga posible su cumplimiento.

Y el Estado no solamente debe preocuparse que los niños y jóvenes asistan a sus clases, sino que primero debe asegurarse que existan clases y que existan docentes que enseñen a esos niños y jóvenes. De lo contrario, la obligatoriedad constitucional se vuelve una farsa. Y parecería de hasta de rigor que todos los partidos políticos coincidieran en su esfuerzo por brindar una educación que sistemáticamente es bloqueado por los sindicatos.

El presidente de ANEP, Robert Silva, ha insistido en que la reforma procura mejorar los aprendizajes y las trayectorias educativas mediante tutorías en escuela comunes, UTU y liceos públicos; planes de inicio y finalización de cursos. Otros focalizados en matemáticas, lengua y educación socioemocional, mayor y mejor relacionamiento con la Universidad de la República, acciones en pos de reducir la inequidad. Las pruebas PISA señalan que el 74% de los jóvenes de 15 años de mayor vulnerabilidad no cuentan con las competencias básicas.

“Existen dificultades de aprendizaje y nos condiciona como sociedad y como país. Por eso, tenemos que actuar”, agregó.

El tema de los profesores de la enseñanza ha sido un ladrillo en el zapato que sufrieron los gobiernos del FA, sobre todo el de José Mujica y el segundo de Tabaré Vázquez. Mujica dejó su gobierno con la convicción de que “hay que juntarse y hacer mierda a los gremios (de la enseñanza); no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino”.

Vázquez, por su parte, al asumir decidió cumplir con su promesa electoral de “cambiar el ADN de la educación”, que estaba respaldada por su advertencia de que no le iba a temblar el pulso si era necesario decretar la esencialidad. Categórico. Pero llegado el momento de cumplir su promesa, sus propios compañeros le fallaron, lo dejaron solo, colgado del pincel y no le quedó más remedio que recular en tiempo récord.

Parece un absurdo que la forma que tiene un profesor para defender la enseñanza sea dejar a sus estudiantes sin clase. Si poco sabían los chicos ahora, menos van a saber en el futuro cuando las exigencias sean mayores.

Con estos antecedentes lo que más sorprende en esta nueva embestida de Fenapes o ADES -los sindicatos de profesores- es que el Frente Amplio haya adoptado una política de pasividad absoluta que lo convierte en cómplice de la nueva embestida. ¿No han entendido cómo es la realidad en esta materia? ¿Es esta la enseñanza que quiere la izquierda? O mejor dicho, ¿acaso es este el Uruguay que quiere el FA?

Porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el destino del país y su futuro, que son las nuevas generaciones. Nuestros hijos y nuestros nietos. Y ellas dependen de la educación que reciban. Dejemos los caprichitos y pensemos, por una vez, en grande.

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