Ni un delito, ni un alivio

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Dos temas de actualidad motivaron a las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero: por un lado la iniciativa del ministro Daniel Salinas de formar un grupo de trabajo destinado a incrementar la natalidad en nuestro país, y por el otro, las cifras recientemente divulgadas de interrupciones de embarazos, entre 2013 y 2020. En un pasaje de la entrevista, una de las conductoras observó algo de sentido común: la circunstancia angustiosa que representa para las mujeres optar por el aborto. Sorprendentemente, Abracinskas dijo que esa decisión es en realidad para ellas "un alivio". A veces, el feminismo radical llega a extremos arduos de seguir...

Pero este editorial se abstendrá de terciar en el debate sobre la despenalización, ya debidamente laudado por la ciudadanía, no solo por la mayoría parlamentaria que lo aprobó en 2012, sino por la magra respuesta popular al referéndum revocatorio que se promoviera al año siguiente. Lo que nos parece interesante comentar es el actual estado de opinión en torno al tema.

La evolución informada por el MSP da cuenta de un aumento progresivo de las interrupciones voluntarias de embarazos, desde 7.171 en 2013 hasta 10.210 en 2019, con un leve declinación en 2020 a 9.915.

Hay que empezar por decir que estas cifras son bien diferentes a las que los defensores de la despenalización habían venido estimando desde hacía décadas. En una memorable investigación publicada por el semanario Búsqueda en los años 90, se informaba que en Uruguay se producían nada menos que 150.000 abortos clandestinos por año... En la discusión de la ley realizada en distintas oportunidades durante este siglo, se moderó esa cifra disparatada a 30.000, pero aun así, los números reales hablan de un tercio de dichas estimaciones.

Entonces cabe preguntarse si se las exageraba o, por el contrario, si eran realistas y esto demostraría que la actividad clandestina continúa, lo que sin duda estaría afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Son dudas que ameritan, o bien una rectificación de quienes lanzaban datos tremendistas, o bien una investigación profunda que descarte la supervivencia de aquellos métodos insalubres, onerosos y criminales.

Nadie está de acuerdo con que las mujeres que eligen abortar pongan sus vidas en riesgo. Pero en este tema, sensible si los hay y que divide transversalmente al sistema político, es fácil caer en las falacias de falsa oposición.

Del mismo modo que algunos defensores de la despenalización acusaron siempre a sus detractores de anacrónicos y cómplices de fallecimientos de mujeres, ahora identifican en forma falaz la iniciativa del gobierno de promover un incremento de la natalidad, con una supuesta intención de combatir aquella norma. Nada que ver.

Generar políticas públicas que estimulen los nacimientos nada tiene que ver con premisas filosóficas o religiosas: es una necesidad imperiosa para el país del futuro.

Para empezar, el déficit demográfico uruguayo no es secreto para nadie, empezando por el equipo multipartidario que está trabajando en forma mancomunada por la reforma de la seguridad social, dado el creciente desbalance entre el avance del envejecimiento y la merma de población activa. Generar políticas públicas que estimulen los nacimientos nada tiene que ver con premisas filosóficas o religiosas: es una necesidad imperiosa que hace a la más elemental ecuación económica del país del futuro.

En un pasaje insólito de las declaraciones de Abracinskas, la directora de Mysu compara esta iniciativa en ciernes con "las políticas de esterilización masiva de algunos países, que han afectado sobre todo a mujeres pobres, negras e indígenas". ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Alguien en nuestro país va a obligar a las mujeres a hacer algo que no desean? ¿Desconoce la activista que la iniciativa del gobierno pasa por el lado de la creación de estímulos, de modo de que las familias puedan procrear más en el ejercicio de su absoluta libertad de acción? Llega a decir al respecto que esta iniciativa "le hiela la sangre". Al emplear expresiones como esa, incurre en el mismo prejuicio extremista que tanto ha criticado en algunas organizaciones pro-vida, cuando dramatizan sobre la muerte del embrión.

Con la misma claridad con que los opositores a la despenalización deben aceptar que esa ley llegó para quedarse, sus defensores deben admitir la pertinencia del incentivo al crecimiento demográfico.

¡Cuántos prejuicios hay que desinstalar para que el debate político vuelva a una senda constructiva y racional!