Delirios indigenistas

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Se trata de una de las tantas iniciativas internacionales que procuran incidir desde una visión de uniformidad global en realidades que son particulares y distintas, y que por tanto hacen mucho daño ya que en muchos lugares no tienen ninguna razón de ser. En este caso, si Uruguay adhiriera a este convenio estaría comprándose un problema gigantesco a cambio de nada útil ni positivo.

Ya es tiempo de que todos asumamos una realidad republicana que es muy nuestra y muy ventajosa para la convivencia social: como marca nuestra Constitución desde 1830, las únicas diferencias que importan aquí son consecuencias de los distintos talentos y virtudes de las personas. Por tanto, no debemos hacer distingo alguno entre tal o cual origen étnico de forma de beneficiar a ciertos grupos, ni tratar de manera particular a cualquiera que, por ejemplo, se levante un día autopercibiéndose como indígena desdeñado.

Este convenio de la OIT está llamado a generar discordias enormes, porque define que las poblaciones indígenas tienen derecho a controlar sus propias instituciones manteniendo identidades, lenguas y religiones, y que deben ser consultadas en cualquier acto de gobierno que los pueda afectar. En concreto, se abre así la puerta a que un conjunto de autodefinidos charrúas o arachanes, por ejemplo, pasen a exigir poderes de decisión en políticas públicas sin jamás haber sido elegidos por el pueblo, y simplemente por el hecho de autopercibirse como indígenas y descender de gentes quizá maltratadas en un lejano pasado que involucró a estas pampas semionduladas.

Todo es pues un disparate mayúsculo. ¿Acaso, por ejemplo, vamos a pasar a reivindicar un viejo signo de identidad charrúa, que consistía en cortarse alguna falange de sus manos cuando moría algún pariente cercano para expresar gran pena y dolor? Y como se trata de una población que siempre fue nómade, y que desde lo que hoy es Entre Ríos cruzaba el río Uruguay a visitar nuestro territorio nacional para luego volver a partir hacia el oeste, ¿acaso habrá que involucrar a la gobernación de esa provincia argentina para definir temas de justicia autóctona indígena?

“Este convenio de la OIT está llamado a generar discordias enormes. Va en contra de nuestro orden liberal, republicano y esencialmente individualista y moderno. De ser aprobado, solo traerá perjuicios”.

La iniciativa de aprobar mecanismos de justicia autóctona tiene antecedentes en Ecuador y en Bolivia. Los más comunes en esos lugares son los castigos en los que los imputados son atados desnudos a un poste al aire libre y se les propinan decenas de azotes de ortiga y baños de agua helada. El sufrimiento agregado se debe a que la ortiga, al tener pelos y espinas, libera una sustancia ácida que produce escozor e inflamación en la piel.

¿Acaso queremos que en el Uruguay del siglo XXI se aplique la justicia que reinaba en estas tierras en tiempos anteriores al proceso civilizatorio misionero jesuita concerniente a los guaraníes, y pasar así a aceptar la antropofagia?

Yendo a lo concreto de nuestra convivencia democrática actual: ¿qué discriminación sufre, por ejemplo, algún improbable chozno de algún guenoa que resida en algún pueblo de Tacuarembó, por el hecho de ser justamente descendiente de tal tribu seminómade que moró en esta campaña hace un par de siglos?

Hay que pararse firme frente a esta demagogia internacional que victimiza a grupos sociales de pretendidas características particulares. Ella procura beneficiarlos con un tratamiento diferencial a partir de una enorme presión racista, que en realidad se funda en autopercepciones de pretensiones tribales identitarias que son completamente ridículas para nuestro país. Daña así la verdadera convivencia democrática, y genera un sentido de reivindicación victimista utilitario que es contrario, finalmente, a nuestro orden liberal, republicano y esencialmente individualista y moderno.

No es extraño que esta propuesta demagógica provenga del FA. La izquierda ha perdido su razón de ser del conflicto social luego de la caída del muro de Berlín, y pretende generar de esta forma nuevos conflictos que den sentido a sus batallas ideológicas, así sea al precio de distorsionar radicalmente la esencia de nuestra convivencia democrática.

Es buena cosa que el oficialismo en el Parlamento no se deje intimidar por esta presión izquierdista e internacional: se trata de un convenio totalmente contrario a nuestro interés nacional que, de ser aprobado, sólo traería perjuicios políticos, sociales y económicos.