Todo vale para intentar derogar una ley
@|Los impulsores en nuestro país de la antigua premisa “el fin justifica los medios” (que magistralmente describiera el florentino Macchiavello en “El Príncipe”, al justificar acciones del señor al que sirviera, con tal de lograr sus objetivos) no dejan de sorprendernos.
En su afán de utilizar todos los elementos a su alcance para torcer el voto de los representantes parlamentarios (y al mismo tiempo ejercitar a sus militantes con miras de trancar a este gobierno, para en su momento, recuperar el poder), han dicho lo que la Ley no dice y siguen apelando a la mentira para que quienes se vieron decepcionados por la derrota electoral, expresen en esa consulta a la ciudadanía su disconformidad con este gobierno de coalición.
Sus promotores son los mismos que prometieron “un país de primera” que jamás llegó; los que gozaron de las mieles del poder durante quince años con mayorías absolutas en cada cámara; además disfrutaron del viento de cola de ingresos financieros -que parecían interminables- como jamás había recibido nuestro país. Son los mismos que no supieron enfrentar el tema de la seguridad pública; los que tuvieron a su disposición hasta un Ministerio de Desarrollo Social que sirvió para repartir recursos que pagamos todos, pero no para que los menos favorecidos supieran generar ingresos genuinos.
Debemos recordar que fueron los que promovieron negocios ruinosos para el país haciendo trizas las normas constitucionales o argumentando opiniones jurídicas como provenientes de un Instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que jamás lo trató y hoy deben declarar como indagados en trámites judiciales.
Son quienes antepusieron sus intereses personales para lograr mantenerse en el poder por tres lustros consecutivos y los que desconocieron dos pronunciamientos del Soberano, que ratificaron la Ley de Caducidad, dictando una “ley interpretativa” con la que modificaron olímpicamente dichas voluntades.
Porque si algo han dejado en claro es que sólo utilizan al sistema democrático y respetan las mayorías en la medida que sean afines a su ideología.
Son los que entienden que en Cuba, Venezuela y Nicaragua hay democracia.
Nuevamente, la ciudadanía habrá de pronunciarse manteniendo en un todo esta Ley de Urgente Consideración -que ha significado plasmar legislativamente un programa de gobierno- que además, constituye un “compromiso por el país” de los partidos políticos que conformaron esta coalición republicana.
Con total desfachatez escuchamos pontificar en contra de esta Ley a personajes que utilizaron sus altos cargos y los dineros públicos en beneficio personal y que ni siquiera estuvieron un día en prisión por su condición de “primarios”.
Buscan retomar el poder a toda costa, derogando normas que han devuelto dignidad a los funcionarios policiales y reconocido derechos a los ciudadanos que merecen vivir con seguridad y libertad dentro de un Estado de Derecho que garantice los derechos humanos a todos los habitantes de este suelo.
Merecemos que Uruguay vuelva a ser una tierra de oportunidades, por eso debemos defender a la LUC y no dar ni un paso atrás.
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