Soberanía y concesión
@|Existe en nuestro país un falso concepto de soberanía que proviene de la teoría marxista de la propiedad de los bienes de producción y qué, a contrapelo de toda la doctrina de Derecho Público nacional e internacional, desconoce los modos de contratación propios del Estado.
En un régimen republicano la soberanía radica en la Nación, como reza en la Constitución Nacional.
Las funciones esenciales del Estado que son propias de la soberanía: justicia, defensa, relaciones exteriores; en lo físico el derecho soberano sobre nuestro territorio (aéreo, terrestre, subsuelo y marítimo) y demás, derechos constitucionales y de derecho internacional comprendidos en el concepto.
Pero es propio de una concepción totalitaria entender que la defensa de la soberanía radica en la propiedad estatal de los medios de producción.
En tal sentido, la oposición de tinte socialista o marxista ha sido generalmente contraria a que particulares gestionen bienes públicos.
A vía de ejemplo el puerto. Los mismos que se opusieron en la década de los 90´ a la derogación del monopolio portuario, atacando con ferocidad la ley del gobierno blanco de Lacalle Herrera, hoy paradigma de la libre competencia, atacan la extensión y modernización de la concesión de la Terminal Especializada de Contenedores que fuera concedida en el año 2001. Hablan de entrega de la soberanía como si ésta radicara en quién gestiona y no en la propiedad pública del área, espacio físico, muelles, muros, aguas, canales de ingreso. Va de suyo que la millonaria inversión de capital privado en la infraestructura queda para el Estado, nadie se la llevará cuando finalice la concesión.
Lo mismo puede decirse de otros ejemplos como las vías del tren; obra millonaria del Consorcio Ferroviario y el derecho preferencial de UPM II de circular para transportar celulosa a su Terminal Portuaria. Nadie se la llevará al final de los 50 años de concesión. Tampoco se llevarán las carreteras ni los aeropuertos quienes lograron concesiones para gestionarlas. Ni que decir de la fibra óptica de Antel, hoy abierta a la competencia de operadores privados. Ni el cemento porque se asocie Ancap con privados. Ni se perderá la energía eólica que generan operadores privados, etc.
Introducir conceptos ideológicos para definir en qué consiste la soberanía, es una falacia. Como lo es pretender aplicar esquemas perimidos de gestión estatal propios de los años 30, 50 o 70, que sólo caben en la cabeza de desactualizados y obsesivos detractores del progreso; sólo explicables por la acción inexorable de la naturaleza.
Es positivo entonces apoyar la acción transparente y reformadora del gobierno nacional y dejarse de sembrar discordias.
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