Más impuestos a la propiedad

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@|Recientemente la Intendencia Municipal de Montevideo anunció la suba, el próximo año, de la contribución inmobiliaria para aquellos inmuebles con alto valor de mercado, argumentando motivos de justicia tributaria.

Según manifestó el director de Recursos Financieros de la comuna, Sr. Mauricio Zunino, “El sistema funciona en franjas, definidas por el valor catastral del inmueble; una consultora realizó la equivalencia de esta cifra al valor de mercado de los inmuebles”.

Esta nueva disposición da por sentado que los contribuyentes afectados tienen mayor capacidad contributiva por tener bienes de alto valor, lo cual si bien puede sonar lógico no es necesariamente verdad, pues no siempre los ingresos de una persona van de la mano del valor patrimonial de los bienes que se poseen. Agregándose también los costos de mantenimiento que deben enfrentarse para que no se produzca un deterioro que baje su tasación.

En este momento de tanta incertidumbre que vivimos, no cabe duda que estarán los beneficiados con la crisis, pero no perdamos de vista a tantos otros que han recibido un cimbronazo económico, viendo disminuidos sus ingresos y afrontando a gatas el alto costo de vida actual por circunstancias que son totalmente ajenas a su voluntad y a su espíritu de trabajo y esfuerzo personal.

Esa idiosincrasia que tienen los mandos de poder de que tener propiedades es sinónimo de riqueza con capacidad de pago fiscal ilimitada, no es justa. En todo caso es una forma de inversión lícita, que forma parte de una cultura heredada de nuestros ancestros inmigrantes que trabajaron hasta decir basta, con la esperanza de tener un techo propio o una pequeña vivienda para arrendar.

Resulta vergonzoso que tantas personas que en base a su esfuerzo personal, capacidad o estudios han logrado tener una situación económica estable o buena, se vean continuamente castigados – como si en ellos recayera culpabilidad o responsabilidad – con tributos adicionales a la propiedad que aunque se digan temporarios nunca son al final definitivamente derogados.

Lo que ocurre en realidad es que para los gobiernos resulta fácil y sin complicaciones gravar las propiedades para tapar agujeros que no deberían ocurrir si se administraran bien los dineros públicos, con eficiencia y responsabilidad.

Eventualmente, los uruguayos quizás deberían dejar de considerar la inversión inmobiliaria como una opción rentable, porque a la larga son mayores los gravámenes, obligaciones y costos de mantenimiento, que la renta generada y el capital invertido.

Pero más importante aún, porque se tiene la sensación de que la suma de aportes realizados por toda la ciudadanía, no se está distribuyendo con justicia como correspondería ni contemplando las necesidades de todos por igual en nuestra comunidad.