Denuncias penales luego de auditorías
@|Antes de asumir el gobierno, la Coalición Republicana prometió auditar distintos ámbitos del Estado, así como programas, servicios estatales, ministerios y organizaciones no gubernamentales que durante tres lustros de gobiernos del Frente Amplio gozaron de asignación de recursos financieros, sin mayores controles.
Quedó muy claro que no se trataría de una “caza de brujas”, sino de investigar cómo se utilizaron esos recursos y verificar aspectos que hacen a la legalidad y a la buena gestión que era dable exigir y esperar de quienes supieron disponer de los mismos en quince años de gestión (donde se utilizaron las mayorías absolutas que obtuvieron legalmente, en ambas cámaras del Poder Legislativo, para frenar toda investigación que se planteara por la oposición) en forma cuasi ilimitada.
Estas auditorías, dispuestas y llevadas adelante con todas las garantías del debido proceso administrativo, han ido arrojando sus resultados y en los distintos ámbitos han quedado al descubierto procedimientos que revisten una “apariencia delictiva”, siendo por ello sus responsables, eventualmente sujetos a reprimenda penal que dispondrá el Juzgado competente en la materia.
Recuérdese la sustracción y destrucción de documentos de la oficina de un ex jerarca de ese servicio, que fuera propuesto para integrar el Directorio de nuestra principal empresa de Telecomunicaciones, o las llevadas a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social.
Por ello, no debe llamarnos a extrañeza la comprobación hecha pública del resultado de once auditorías (de las veintiún dispuestas por el nuevo directorio de ASSE) a consecuencia de las cuales fueron presentadas catorce denuncias penales, restando aún concluir diez de las originalmente ordenadas.
Lamentamos haber ido comprobando lo que se presumía, el nivel de mala gestión en la administración del dinero público es una constante, así como la eventual conjunción del interés público con el privado y el riesgo de sobre facturación, lo que deja al descubierto la liviandad y ausencia de responsabilidad en lo referido a la administración del dinero de los contribuyentes.
Cabe legítimamente pensar cuál era la verdadera razón de la “necesidad de un cuarto gobierno”, que con seguridad obedecía a la continuidad de impunidad en el manejo ya no sólo desprolijo sino en muchos casos ilegal de los recursos públicos.
Recordemos los recursos que se brindaron a aquella ONG que debían destinarse a un refugio de personas sin hogar, que terminaron financiando un equipo de radio con antena y todo, que respondía a la tendencia política del “generoso” proveedor de esos dineros. ¡Una vergüenza!
Entendemos y así lo hemos dejado por escrito en nuestros artículos de opinión que debe llegarse “hasta el hueso” con estas auditorías y, presentadas las correspondientes denuncias, habrán de atribuirse las sanciones penales que la Ley haya establecido para cada conducta.
La ciudadanía necesita conocer el resultado de tales auditorías y denuncias.
Resulta necesaria esta transparencia que hace nada menos que a la fortaleza de la institucionalidad democrática y republicana.
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