Crisis del trabajo
Uruguay enfrenta la necesidad de acompasar el ritmo del mundo que baila al compás de la globalización para dejar de estar en la lista de los países que quieren y no pueden ser desarrollados.
Hoy se le presenta una oportunidad única, dado que es excepcional contar con un gobierno preponderantemente joven que comprende por donde va la cosa, y que no vive sujeto a una carga ideológica que condena al éxito, festeja la mediocridad, y solo realiza alianzas internacionales convenientes a su línea de pensamiento.
Como suele suceder incluso en la esfera particular, conseguir la inserción en un mundo a todas luces mejor, y que ofrece para los habitantes del país mayores perspectivas y calidad de vida, requiere de sacrificios, y también de romper con viejas costumbres o paradigmas. Dejar atrás malos hábitos, básicamente.
Así, cuando una intercambia con interesados en invertir en Uruguay advierte fácilmente cuales son las fortalezas y debilidades del país.
Nuestra fuerte institucionalidad es un valor que brilla por si solo en lo regional, la estabilidad democrática, el respeto de la ley, y la transparencia, la acompañan para nuestra alegría. Lo que nos enorgullece si nos comparamos con lo que nos rodea. Pero no todo lo que brilla es oro. Porque atrás de estas cualidades, inmediatamente saltan a la vista nuestras carencias. Y para el empresario que se mueve en el ámbito internacional estás determinan una verdadera falta de estímulo, que lo hacen redirigir sus intenciones y concretar negocios en otras tierras más amigables a la inversión. Al margen de una competitividad comprometida por el entuerto inacabable del Mercosur, surgen complejidades como el altísimo costo de las tarifas públicas, de los combustibles, la lamentable falta de apertura al mundo, la poca iniciativa en materia tecnológica, la escasa cantidad de patentes, la falta de capacitación de la mano de obra, y fundamentalmente el problema de las relaciones laborales. Sin duda, el principal freno, o complicación que enfrenta cualquier interesado en invertir en nuestro país es este, y tiene básicamente dos aristas según lo manifiestan. La primera, es la no disimulada intención de incidencia que permanentemente plantea el movimiento sindical en ámbitos que son estrictamente potestad de la empresa por ser de una soberanía que indiscutiblemente le pertenece a ella y sus accionistas y a nadie más. Los sindicatos deben comprender que su rol no es hacer política, ni cogobernar nada, sino velar por los derechos de los trabajadores. La segunda, es la hiperinflación de normativa laboral que asfixia a las empresas atiborrándolas de burocracia y formalidades que se salvarían en forma mucho más legitima por el simple acuerdo de las partes. Todo esto cargado además con una práctica administrativa y judicial que ha asumido el in dubio pro operario como un dogma de fe que ha torcido la balanza de las relaciones laborales en forma absolutamente contraria a los intereses del país. Es hora de dar vuelta la página y superar la herencia hoy desactualizada de Pla Rodríguez. Es tiempo que el país despierte y se decida a tener relaciones laborales más flexibles, más justas y ecuánimes, y así abrir la puerta al desarrollo.
O que nos resignemos al atraso, la precariedad, y el empleo de baja calidad.
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