Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Antipatria al archivo

Hemos sumado opinión a la de gobernantes, políticos, juristas, empresarios y ciudadanos que han coincidido respecto de las ilegalidades contractuales dañinas para el interés nacional que la pasada administración frenteamplista ejecutó respecto del puerto de Montevideo.

La acción depredatoria fue continuada cercanamente por la caterva parlamentaria del Frente Amplio, respaldada con griterío atronador por la “barra brava” sindical opositora, al celebrarse una renovación contractual de la concesión entre el Estado nacional y Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP). Es ésta una empresa mixta, cuyos capitales corresponden a la multinacional belga Katoen Natie (80%) y la Administración Nacional de Puertos (20%). El consorcio viene contractualmente operando en la única terminal especializada de contenedores existente históricamente en el Puerto de Montevideo desde el año 2001 (cuando la presidencia del Dr. Jorge Batlle).

Esta concesión implicó grandes inversiones y la renovación y modernización de las instalaciones especializadas para la citada actividad. Como contrapartida el contrato le dio a TCP la prioridad para operar en esta materia y en caso que su capacidad fuese superada por la demanda, los armadores podían elegir los servicios entre las otras empresas que actúan en los muelles públicos existentes, lo que ha ocurrido. O sea no hay monopolio.

En la era frenteamplista se violó el contrato citado y se derivaron las cargas de contenedores arbitrariamente al muelle público de la multinacional Montecon S.A.(perteneciente a un grupo chileno-canadiense), sin exigencia de inversión, beneficiándola con permisos ilícitos y precarios, y obligaciones económicas por el uso de muelles ridículas. La violación de la concesión redujo drásticamente la actividad de TCP llevándole a la ruina. Y, a su personal al desempleo.

Al asumir el gobierno nacional electo en 2019, en el proceso de intercambio de información con la administración saliente, la coalición republicana que encabeza el presidente Lacalle Pou tomó conocimiento que estaba planteado un problema gravísimo para el país. El Dr. Miguel Angel Toma, ex Secretario de Presidencia, responsable exitoso en la atención de juicios internacionales contra el Estado uruguayo durante los gobiernos frentistas, comunicó que era urgente continuar las negociaciones ya entabladas. Vinculadas a un arbitraje internacional promovido por la firma Katoen Natie principal accionista de TCP contra el estado uruguayo, debido a la ilegalidad citada, por un monto de 1.500 millones de dólares. Respecto de lo cual fundadamente existía riesgo de perderlo. Recomendaba un acuerdo y que la negociación se continuase dentro de la mayor reserva y confidencialidad como es de uso en temas conflictivos internacionales.

Así se hizo y el resultado es el acuerdo celebrado entre el gobierno nacional y TCP cuyos frutos están a la vista con la clausura del reclamo, el compromiso de 500 millones de dólares en inversiones, y un dinamismo portuario renovado que acreditan la recuperación de la carga paraguaya y el arribo de buques de dimensiones y capacidad desconocidas hasta hoy en el país.

La Fiscalía penal interviniente ante una denuncia penal hecha por el Frente Amplio contra integrantes del gobierno nacional por el acuerdo mencionado -tras una ardua instrucción- la ha archivado. Por carecer de mérito. El tema merece un análisis mayor.

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