Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Universidad de la Educación

El 18 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento lo que se suponía era un nuevo proyecto de ley de creación de una Universidad de la Educación. Ahora el oficialismo está apurando el trámite, porque aspira a dejar aprobada la norma antes de que termine este período de gobierno.

El problema es que el nuevo proyecto no tiene nada de nuevo. Sus errores, omisiones y riesgos son los mismos que los del texto presentado en el período anterior.

Ni en la confusa exposición de motivos ni en el propio articulado se encuentran huellas de alguna reflexión estratégica que sustente la propuesta. Se sabe de dónde viene la idea (básicamente, es una réplica trasnochada de la Ley Orgánica de 1958) pero no se sabe adónde va.

Pese a que se insiste en que la creación de la Uned va a fortalecer el pomposamente llamado “Sistema Nacional de Educación Pública”, no queda claro qué nuevas dinámicas asegurarían ese resultado. Tampoco se explica por qué se opta por el modelo de universidad pedagógica (una experiencia ampliamente fallida), en lugar de optar por alguno de los esquemas más exitosos que existen en el mundo. Y no se dice una sola palabra sobre las estrategias y acciones que permitirían convertir a los actuales centros de formación docente dispersos en el país en una única institución de nivel universitario.

¿Qué proyecto de largo plazo justifica el diseño institucional propuesto? ¿Qué métodos de reciclaje académico se utilizarán para convertir a los actuales docentes de formación docente en profesores universitarios? ¿Qué mecanismos están previstos para asegurar de manera permanente niveles mínimos de calidad a escala nacional? Estas preguntas no tienen respuesta.

Para completar, varias disposiciones prometen problemas.

Una de ellas es el inciso F del artículo 4°, que asigna a la Universidad de la Educación la potestad de reconocer y revalidar “títulos, créditos y trayectos educativos” otorgados por “otras instituciones terciarias y universitarias, nacionales o extranjeras (…) en el área de su competencia”. Es decir: la Uned va a actuar como juez y parte ante cualquier institución que compita con ella. Este es un peor esquema que el que hoy existe en el ámbito universitario privado, donde los títulos son reconocidos a partir de los dictámenes de un Consejo Consultivo que funciona en la órbita del MEC. Pero, además, el artículo implica que, si mañana la Universidad de la República o la Utec deciden hacer formación docente o crear un Doctorado en Pedagogía, van a quedar sometidas a la Uned.

También es llamativo que el oficialismo decida que la nueva universidad sea cogobernada, sin haberse dado un minuto para evaluar los resultados de ese mecanismo exótico en el mundo. Y más llamativo aún es que lo radicalice. Por ejemplo, en la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, los docentes tienen más representantes que los egresados y los estudiantes. En cambio, en la Asamblea Nacional que jugaría un papel equivalente en la Uned, habrá igual cantidad de representantes de cada uno de los órdenes.

El nuevo proyecto de Universidad de la Educación no es nuevo, no tiene objetivos claros, no se apoya en ninguna estrategia de cambio y crea las condiciones para toda clase de bloqueos políticos. Si llegara a ser aprobado, nuestra educación estaría dando otro paso atrás. Y por muchos años.

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