Evitar otro bochorno

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En delitos que no sean homicidios especialmente agravados y cuya pena mínima no sobrepase los cuatro años de penitenciaría, el régimen hoy vigente deja ancho espacio para acuerdos de esa clase. El ar- tículo 273.2 del Código del Proceso Penal establece que “la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por el imputado será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto”.

El sistema procesal que instauramos desde hace 5 años hizo que el Derecho Penal, a pesar de ser el custodio mayor de la seguridad civil, no se resuelva por los mandatos de una ley sino por amenaza, pulseada y acuerdo apalabrado, que cierra las investigaciones por entendimiento de partes.

Desde que en sucesivos empujes de unanimidad sonámbula, el Parlamento fue aprobando y reformando el nuevo Código -promulgó múltiples leyes que lo remendaron antes y después de entrar en vigencia- denunciamos que estábamos importando procedimientos ajenos y desnaturalizan- do la tradición conceptual de nuestro Derecho Penal. Esa tradición se cimentaba en la absoluta imperatividad de la norma, vivida como obediencia al orden público. No como un tema para regatear en barandas y antesalas.

Ahora, enfrentados el Presidente y el Uruguay entero a un caso singularísimo de delitos contra la Administración y la Fe Pública nacional e internacional, la sola posibilidad de que la mecánica legal cierre este episodio atronador por un juicio abreviado confirma lo absurdo del sistema que nos hemos echado encima.

Que en una situación de este calibre pueda rebajarse la pena hasta un tercio, pueda negociarse la tipificación y pueda cerrarse la causa sin que ningún Juez dicte sentencia que raspe hasta el hueso, ofende al sentido común y patentiza un debilitamiento dramático de nuestro Derecho, que se interesa por el mal llamado conflicto litigioso penal e ignora que es constitucionalmente de orden público determinar la verdad y hacer de ella sentencia y cosa juzgada, apta para ser ventilada ante la ciudadanía.

Más allá de cómo se termine esta causa, la sola posibilidad de que este zafarrancho pueda desembocar en las aguas de borrajas de un proceso abreviado debe azuzarnos la conciencia, para reclamar que se reforme a fondo el actual proceso penal. No para retroceder al anterior, pero sí para construir nuevas normas al servicio del Derecho sustancial y de la custodia de la nación sin crímenes que queremos ser.

En el Uruguay decayeron los sentimientos normativos. Por pragmatismo, relativismo, ignorancia o pereza mental, colectivamente colocamos en penumbra nuestros deberes. A su vez, nuestro Derecho está cada vez más asediado por grupos sectoriales que claman por intereses corporativos y olvidan el interés general, el bien común y la afinidad con el prójimo universal.

Por todo eso, todos esperamos que al bochorno de los hechos lo siga el esclarecimiento más absoluto.

Sin sumarle otro bochorno, que sería cerrar este caso único de traición, en las arenas movedizas de una transa penal.