Erratas en el Derecho

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Subrayó que la dureza de la medida contrasta con la tolerancia que se tuvo con la Fiscal que mandó averiguar en una radioemisora la fuente de una noticia, atropellando el secreto profesional del periodismo. Alertó que esta decisión “representa un gravísimo síntoma de crisis institucional”.

Lo es, sin duda. Pero esa crisis no finca tanto en la persona del jerarca vigente como en el sistema. Y no se resolverá por la magia de un consenso político que lo reemplace.

¿Por qué? Porque el drama no se gesta en el carácter del Fiscal subrogante. Nace en la estructura que se le dio a la Fiscalía General de la Nación, al conferirle poder normativo a través de órdenes de servicio. Se refleja en la reducción que representó para los Fiscales dejar de ser Magistrados y convertirse en policía especializada. Surge de la importación de prácticas estadounidenses reñidas con nuestra idiosincrasia y con las tradiciones latinas de nuestro Derecho. Se corona con la instauración de un Código del Proceso Penal que permite negociar las penas y apalabrar las tipificaciones.

El drama se gesta también en que hemos perdido el sentido profundo de la libertad de todo funcionario llamado a dictaminar. Hemos acotado esa libertad a “independencia técnica”, olvidando que, ante los temas de fondo y de principio, el espíritu del Derecho juega y compromete no ya una interpretación “técnica”: involucra a la persona entera, juzgando desde la conciencia hasta con los huesos.

La resolución de sumariar al Fiscal Iglesias se basa en la medición del tiempo consagrado a las carpetas reprochadas: “el 56 % de los casos archivados en que algún integrante del equipo fiscal de 4º Turno de Delitos Sexuales ingresó por primera vez y se realiza el archivo fue menor a 2 minutos, el 81 % menor a 5 minutos, el 92 % menor a 30 minutos.”

¿De dónde sale la potestad de juzgar la rectitud o la desviación de la conducta de un decisor jurídico cronometrando el tiempo que consagró a archivar los antecedentes?

Ya sabemos que, importando enfoques ajenos, hay quienes quieren reclamar “productividad” a los Magistrados, sopesándolos con criterios informáticos. Pero eso lleva al dislate de que a un Fiscal, tras recibir la injerencia de un grupo de presión, no se le endilguen ni se le indaguen eventuales errores enormísimos, inexcusables, sino que se lo saque del cargo y se lo mande a vivir a medio sueldo por datos estadísticos sin contenido conceptual, usados como pretextos numéricos para alegrar a un grupo de quejosas.

Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, viene denunciando que el mundo de las ideas es hoy atropellado por la religión de los datos -que llama “dataísmo”-, los cuales operan como límites a la facultad de pensar. Por lo visto, también en esto estamos comprando de contrabando para cantar errado. Es hora de reaccionar. Basta de ser colonizados mentalmente. Hace casi un siglo el crimen de La Ternera evidenció que los jurados no eran para el Uruguay: los arrancamos de cuajo.

Probado que fracasó la estructura importada de la Fiscalía General y del Código del Proceso Penal, recimentemos los principios y rescatemos nuestro Derecho, acabando con la novelería de los que juegan con fuego.