De datos a tragedia

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Por lo que se sabe, el agresor ya había estado preso por sus amenazas extorsivas, que repetían el clásico esquema: o me das plata grande o mato a varios. Condenado, cuando salió en libertad, volvió a violentar a los hermanos. Formulada nueva denuncia a fines de diciembre, el trámite no avanzó.

A lo largo de dos años, el caso fue un Número Único de Noticia Criminal o NUNC, un ato de datos de trámite, una clave de Identificación Única de Expediente, un casillero en la web del Poder Judicial y un amasijo de más datos. Todo incoloro, todo aséptico, todo desinfectado. Todo procesal, todo inútil para evitar la obsesión que se apoderaba del agresor.

Con llaneza policial dijo el Director de Seguridad, señor Santiago González: “Una pelea familiar por dinero terminó en esto.” Y con psicología de calle y mundo, agregó: “Cuando una persona termina diciendo que no le importa su propia vida, nunca es el mejor escenario.”

Con carácter general, la dura realidad es que todos estamos indefensos cuando aparece un endemoniado que, con planes o sin ellos, se arma para matar y morir. Esa imitación de harakiri se repite lo mismo en nuestros modestos barrios envilecidos por las bocas de drogas que en sofisticados colegios y elegantes shoppigns de Estados Unidos y Europa.

Pero hay otra dura realidad que la experiencia también ha evidenciado: los dramas de familia por diferencias dinerarias nacen, crecen y se trasforman en tragedias absolutamente a la vista de parientes, amigos, escribientes, fiscales, actuarios y jueces. Y la cadena entera hace demasiado poco para ponerle coto.

El sábado pasado se cumplieron 20 años de la promulgación de la ley 17.514 “de Violencia Domestica”. Empezó con un par de Juzgados Especializados, ahora vamos en nueve. Pero la multiplicación de las Sedes no resuelve el tema, porque en los Juzgados Especializados y en los de Familia no se frenan las desviaciones y no se castiga la mala fe y la temeridad con el rigor que merecen.

En vez, se deja que la maleza crezca, a veces por multiplicación de pleitos hasta la aberración; y otras veces por crecimiento madrepórico de las ideas negras y los odios malvados.

El caso del Barrio Reus debe, pues, tomarse como una parábola que nos interpela sobre la clase de vida que le estamos dando al Derecho y al país.

Es hora de darnos cuenta de que si seguimos separando procesos, multiplicando pericias y tolerando demasías, insolencias y desplantes, lo que estamos haciendo no es pacificar ni apaciguar, sino atizar las brutalidades y generar espacio para los que no saben litigar sin convertirse en enemigos de la contraparte y hasta de los magistrados.

No basta con esperarlo todo de los enfoques psicológicos y psiquiátricos. Antes y después, hay que aplicar en plenitud las exigencias normativas de cada situación, de modo que la ley sea imperativa y no sólo convocante.

De lo contrario, seguiremos a los tumbos, contabilizando víctimas de familia, de relaciones íntimas, de vida societaria, reduciendo las tragedias a datos y anestesiando indignaciones que si se callan, nos machacarán cada vez más el alma colectiva de la República.