Lo público y lo secreto

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Una filtración a la prensa de la exposición del titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, provocó una investigación administrativa en el Parlamento y una denuncia en la Justicia.

El jerarca había presentado ante un grupo de diez parlamentarios los lineamientos del plan de inteligencia nacional, y parte de esa información fue divulgada luego por MVD Noticias, lo que Garcé calificó de “una acción antijurídica con fuerte apariencia delictiva”. Más allá de que ha trascendido que existen diferencias entre lo divulgado y lo que se presentó en la comisión, el hecho ha provocado distintas reacciones que van desde reivindicar el derecho irrestricto a la información a llamar “traición a la patria” la filtración, extremos a todas luces excesivos.

En forma casi concomitante, trascendió que el periodista Alfonso Lessa fue perseguido en una ruta en plena noche y él y su esposa pudieron sufrir un accidente automovilístico debido a la velocidad que llevaban, forzados por los que acometían a su auto con otro que circulaba con las luces apagadas. Lessa estaba investigando el caso de Saúl Feldman, un hombre que el 30 de octubre de 2009 mató a un oficial de policía y murió acribillado en un enfrentamiento con otros uniformados después que un incendio sacara a la luz un importante arsenal de armas de todo tipo y calibre en su casa del barrio Aires Puros. Lo que Lessa investigaba eran notables contradicciones encontradas entre el expediente judicial y el parte de la policía.

Ambos casos se vinculan por lo opuesto. En uno se difunde lo que no se debería difundir por razones que pueden estar reñidas con la obligación o el cometido del periodismo y del derecho a la información. En el otro caso, el del periodista Lessa, se trata de evitar que el profesional continúe con una investigación que procura aclarar demasiadas zonas oscuras del caso Feldman. Lo relatado por Lessa pone los pelos de punta por el riesgo que él y su esposa corrieron.

Lo sucedido con la información presentada en la comisión parlamentaria implica no solo hacer público un contenido que, por el propósito que persigue, debe mantenerse en secreto, sino que involucra a uno o a varios responsables de la filtración. La investigación en curso cuenta con la voluntaria entrega de los parlamentarios presentes en la reunión de sus celulares para que sean revisados, además de declarar ante la justicia en el propio ámbito parlamentario y con el fiscal concurriendo a tomarles declaración.

Los sucesos mencionados provocan la sensación que, debajo de la realidad pública e institucional, se mueve otra que puede ser sospechosa, conspirativa o reñida con las reglas de la convivencia y de la República.

No puedo soslayar en esto, el caso Astesiano y todo lo que se deriva de su accionar como funcionario de seguridad del presidente. Más allá de sus antecedentes prontuariales, lo que se ha descubierto a propósito de su presente delictivo provoca escozor por el daño que le hace no solo al presidente, sino a la imagen del país. ¿Cómo pudo llegar tan lejos Astesiano en su accionar sin que fuese descubierto mucho antes? También preocupa el proceso judicial al que está sometido, que puede llegar a un juicio abreviado con disminución de pena, posibilidad que el Dr. Leonardo Guzmán ha analizado en estas páginas, con la habitual lucidez y elegancia de su prosa. Tampoco dejo de lado la situación del senador Charles Carrera, respaldado por su partido que se opone, además, a participar de una comisión investigadora parlamentaria que aclare lo actuado por Carrera como director de secretaría del Ministerio del Interior.

Vivimos un tiempo en el que la transparencia total de la información, como reflexionó Giles Lipovetsky hace 30 años, provoca un deslumbramiento engañoso y la idea de que todo se informa y por tanto, todo se sabe. Sin embargo, esa condición que las redes han amplificado luego que Lipovetsky escribiera a propósito de los medios tradicionales, no asegura que la gente esté más enterada.

El menú noticioso de los medios con imagen ha convertido la información en un espectáculo en horario central en donde la característica principal de su contenido es su desjerarquización. Todo se informa pero muy poco se analiza. En ese contexto, divulgar el contenido de un plan de inteligencia en un medio periodístico a los únicos que en teoría beneficia es a aquellos contra quienes va dirigido. En el caso de la investigación de Alfonso Lessa, la presión mafiosa que sufrió el periodista obedece a la necesidad de que nada de lo que descubra pueda saberse. De ello se infiere que quienes estuvieron detrás de ese apriete de la ruta conocen lo que el periodista puede llegar a destapar en el caso de que su pesquisa prospere.

Transparencia total u oscuridad total es una antinomia que no debe arrastrarnos a posturas radicales en uno o en otro sentido. Sabemos que la información es poder, pero siempre depende de en manos de quién esté y para qué se use. La filtración del Plan Nacional de Seguridad, la presión patoteril y mafiosa sobre Alfonso Lessa, el caso Astesiano y sus derivaciones locales e internacionales y el cerrar filas partidarias para no participar de la investigación del proceder del senador Carrera, son solo algunos de los ejemplos que deben poner a la sociedad y al sistema político en alerta sobre asuntos que corroen el sistema democrático.

¿Cuántos topos encubiertos, guardaespaldas delincuentes, aprietes mafiosos o negativas a que se investigue se pueden tolerar sin plantearnos que todo eso sumado huele muy mal?