Hugo Burel
Hugo Burel

Hablemos claro

El enfrentamiento político que se ha instalado sobre el próximo referéndum me hace evocar otro, el inolvidable plebiscito sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno cívico militar en noviembre de 1980.

Por supuesto que no es comparable la trascendencia de aquel con el actual. Pero, en ambos, las opciones eran y son binarias al votar por Sí o por No. Entonces se sometía a consideración del cuerpo electoral un proyecto de constitución que buscaba legitimar y perpetuar a los militares en el gobierno. Hoy, lo que se plebiscita es la derogación de una ley impulsada y aprobada con todas las garantías democráticas.

En un legendario programa emitido en noviembre de 1980 por Canal 4, en blanco y negro y en un set subsumido en el humo de los cigarrillos que los participantes fumaban -además de los políticos estaban los periodistas Carlos Giacosa y Azadur Vaneskeián- se decidió el futuro del país. La esencia de lo que se votaba fue debatida entre los representantes del Sí, Cnel. Néstor Bolentini y el Dr. Enrique Viana Reyes, y los del No, el Dr. Enrique Tarigo y el Dr. Eduardo Pons Echeverry. Más allá de los argumentos legales y políticos que cada representante de las opciones esgrimió, en realidad lo que se votaba era militres Sí o militares No, tras siete años de dictadura declarada. Es decir, por imperio de los hechos y ante un gobierno de facto que utilizó una campaña de propaganda masiva a favor del Sí -el No no disponía de espacios similares- el asunto se simplificó luego del soberbio desempeño de Tarigo y Pons esa noche, exponiendo con temple y sapiencia sus argumentos pero aclarando el sentido de las opciones para que la ciudadanía entendiera lo que estaba en juego. La repercusión del debate y su resultado se confirmaron después en las urnas y la constitución de los militares fue rechazada.

En el plebiscito sobre la LUC, las opciones otra vez son simples y binarias, blanco o negro, Sí o No. Sin embargo, el peso específico de lo que hoy se vota, es mucho menor. Se trata de una ley propuesta en la campaña electoral, aceptada por la mayoría ciudadana y luego votada en el Parlamento democráticamente electo, incluso por quienes hoy quieren derogarla. Los impulsores del plebiscito carecen de argumentos ciertos para ir contra la ley. Todo cuanto han dicho hasta ahora es inexacto y rebatido una y otra vez por el simple enunciado de cada artículo de la ley. Sin embargo, el debate verdadero no está centrado en la ley en sí. La ley es solo el pretexto que ha movilizado al Pit-Cnt primero y al Frente Amplio después para enfrentar al gobierno tras dos años de gestión transparente y democrática. Un gobierno que a dos semanas de instalado tuvo que enfrentar una pandemia mundial y regional devastadora y sobreponerse a dificultades que ninguno de los actores políticos del espectro nacional pudo imaginar.

En esa realidad en crisis y afrontando consecuencias sanitarias, sociales y económicas inéditas, el elenco de gobierno y en especial el presidente han mantenido niveles de aprobación superlativos si se tiene en cuenta el contexto. Ante esa circunstancia política, la oposición promueve la derogación de 135 artículos de una ley que estando vigente no ha alterado la coexistencia ni provocado crisis alguna en su aplicación. La ley no es para el futuro. Ya opera y nada grave ha traído.

Por más que los promotores de la derogación de la ley argumenten lo contrario y se rasguen las vestiduras aduciendo que defienden a la gente de una ley negativa y perjudicial para el país, el asunto es muy simple: la oposición nunca digirió su derrota en las urnas y busca una revancha electoral. En un país en el que no existen las elecciones de medio término en las que pueden renovarse los cargos representativos, el inminente referéndum solo es la falsa escenificación de un enfrentamiento más básico: gobierno Sí o gobierno No.

Esa es la lectura simple y realista de la situación. Sin embargo, el escenario obliga a la coalición multipartidaria a defender lo que ya sometió a la decisión del soberano y refrendó la instancia parlamentaria. Todo eso es redundante y establece, además, una nueva polarización en la sociedad. Inclusive, la semántica de la propuesta invierte los significados y lleva a que el No tenga un sentido positivo, como lo tuvo en 1980 y el Sí uno negativo. Paradojas de las opciones binarias que simplifican asuntos por lo general más complejos. Pero, ¿hasta dónde el votante puede decidir en estas condiciones con conocimiento real sobre lo que tiene que votar? ¿Cuántos de los que votarán por el Sí lo harán movidos por una genuina valoración de la ley? ¿Qué tanto la simplificación y la retórica opositora logrará imponer su postura antigobierno? ¿Hasta qué punto los que voten No lo harán en defensa de la ley y no por reacción en contra de la estrategia de la oposción?

Esa oposición ha puesto toda la carne en el asador para ganar la pulseada: desinformación, cucos diversos, la Pantera Rosa, el carnaval compañero convertido en tribuna por el Sí, la publicidad que se viene y el publicitario que la dirige, parte de la cultura que no es toda la cultura pero incide, los conflictos gremiales en secuencia de blitzkrieg, las redes que juegan bien en el barro, ir a manifestar a una Punta del Este escasa de turistas, copar el 8 de marzo para obligar a que las feministas se sumen en masa y un largo etcétera que llevaría varias páginas enumerar. ¿Los 135 artículos justifican todo eso? Claro que no, es un asunto inflado por la necesidad de enfrentar y trancar al gobierno para seguir peleando el poder en 2024. Un objetivo vital para la realpolitik de la izquierda.

Hablando claro, de eso se trata.

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