Código de edad

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Esa circunstancia es lo habitual en un escenario muy competititvo en el cual se presentan miles de propuestas cada año. Además, la pandemia condicionó bastante los temas a desarrollar en la producción de contenidos.

La serie plantea la crisis social que en un futuro no muy lejano sobreviene en España cuando, por diferentes causas, el gobierno y las aseguradoras privadas no pueden pagar pensiones y jubilaciones a las clases pasivas. Ello deriva en un estallido social que conduce al enfrentamiento de jóvenes contra viejos y hace que la sociedad deba decidir si está dispuesta a asumir el siniestro Código de Edad del título, que pone una fecha límite a la vida de los jubilados.

En agosto de 2018, la web de la BBC News publicó un artículo inquietante que consignaba que, en ocho de las mayores economías del mundo, cada 24 horas el déficit del sistema de pensiones crecía US$ 28.000 por segundo. Eso crearía una verdadera bomba de tiempo que habría de estallar el año 2050 cuando el dinero disponible para las jubilaciones tuviera un déficit de US$ 400 billones.

El pronóstico surgía del estudio “Viviremos hasta los 100, ¿cómo podemos solventarlo?” elaborado por el Foro Económico Mundial. En la lectura del artículo completo confirmé que la trama del proyecto en el que había trabajado el año anterior podría volverse realidad.

La idea no fue producto de una ocurrencia sino de la lectura previa de informes técnicos vinculados a los sistemas de retiro en distintos países. Sin tener conocimientos académicos sobre el tema -los cálculos eran física cuántica para mí- igualmente indagué en realidades como la de Argentina, Brasil y España y otros países de la Unión Europea. La idea genérica que me formé sobre el mantenimiento de los diferentes sistemas de previsión social fue: es altamente probable que si no se toman medidas en el presente inmediato, el futuro no sería demasiado distinto del que avizoré en la serie.

Como sabemos, el sistema previsional uruguayo está basado en un régimen mixto que integran el BPS y las AFAP. Todos los trabajadores deben aportar parte de su sueldo al BPS, que es el organismo encargado de pagar prestaciones como pensiones a la vejez, invalidez y asignaciones familiares, entre otras.

Además de esto, muchos trabajadores, por su edad o por el monto de su salario, están obligados a aportar a una AFAP, por lo que luego recibirán dos jubilaciones complementarias: una por BPS y otra por todo lo ahorrado en su cuenta individual en la AFAP. Asimismo, los trabajadores que no están obligados a afiliarse a una AFAP también pueden hacerlo si lo creen conveniente.

La discusión política y pública que estamos viviendo con la propuesta de reforma jubilatoria que el gobierno de la Coalición Republicana presentará en el parlamento me hace evocar lo que desarrollé en la serie. Cambiando la mirada a una dimensión existencial y filosófica, no dudo en decir que para el caso de la reforma que propondrá el gobierno, su sustancia va más allá de lo técnico y político. Y el asunto que plantea es la situación de los jubilados que, con el aumento del promedio de vida, deberán tener cobertura por más tiempo vital. Esto es real y demostrable con proyecciones, datos y escenarios diversos en un futuro próximo. De hecho, la Caja de Profesionales Universitarios y la Caja Militar están desfinanciadas. Pero esa dimensión parece minimizarse cuando, antes de que la ley sea presentada en el parlamento para su discusión, se escuchan voces en piloto automático que la critican sin haber leído el anteproyecto.

Como era previsible, la reacción de la izquierda, la del presidente del Frente Amplio y la del colectivo Pit-Cnt anunciando un paro general contra la ley, demuestran que para muchos el tema no ha sido entendido ni preocupa como un problema del país y no solo de un grupo político.

El sonsonete “tardía e insuficiente” que han repetido para otras iniciativas y acciones del gobierno, en este caso es un búmeran: en tres períodos de gobierno, reconociendo el problema no se intentó encararlo y resolverlo. Lo dejaron como presente griego al gobierno entrante de la CR, que sí lo encara y lo estudió, hasta con la honestidad intelectual suficiente para admitir que la promesa electoral de no subir la edad jubilatoria no podía cumplirse.

Más allá del tema técnico y de la discusión sobre aspectos específicos de la ley, creo que esta debe integrar en cualquier sistema político responsable una cuestión de Estado.

Hay un cúmulo de incógnitas que se proyectan al futuro y que tienen que ver con factores tales como crisis económicas, recesión, guerras, cambios en la estructura laboral del sistema, avances tecnológicos y prolongación de la vida de las personas más allá de su período activo. Todo ello configura la realidad previsional como escenario cambiante y sometido a inestabilidades diversas.

Como dijo el gran economista John Kenneth Galbraith, ironizando sobre los tiempos de la economía, “en el largo plazo, todos estaremos muertos”. Para el caso de la previsión social, seguir demorando su reforma u oponerse a ella desde posiciones de oportunidad o táctica política, es llevar el largo plazo a un límite de no retorno.

Dentro de los cambios que pretende realizar la ley, se encuentra la suba progresiva de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, un verdadero código de edad, un límite para el antes y el después de nuestra vida útil.

Pero lo más importante será que cuando llegue la edad del retiro, sea cual sea el sistema que el trabajador elija, existan fondos para solventar una cada vez más prolongada vejez.