Hernán Sorhuet Gelós
Hernán Sorhuet Gelós

Seguridad hídrica metropolitana

Avanza el proyecto Neptuno anunciado por el gobierno, para asegurarle al Área Metropolitana el respaldo de agua potable necesario ante cualquier contingencia que pueda presentarse.

El país ya ha vivido situaciones complicadas debido a su dependencia de su única fuente del río Santa Lucía en Aguas Corrientes. Sequías prolongadas; creciente contaminación de la cuenca por el vertimiento de aguas servidas de los centros poblados, emprendimiento industriales, actividades agropecuarias de muy difícil contralor; acumulación de lodos residuales de los procesos de potabilización, son algunas de las razones por las cuales desde hace años está comprometida la principal fuente de agua potable del país.

Se han intentado mejoras y soluciones parciales pero ninguna de ellas ha sido lo suficientemente amplia y contundente como para garantizar el suministro de agua segura a largo plazo, por encima de las amenazas conocidas.

Es así que el actual gobierno tomó la decisión de darnos una solución definitiva al problema, mediante la creación de una segunda fuente de agua potable, diferente a la del río Santa Lucía.

El llamado proyecto “Neptuno” avanza en la órbita del OSE y del Poder Ejecutivo.

Se trata de un emprendimiento que utilizará como fuente hídrica al Río de la Plata, construyendo una planta potabilizadora en el departamento de San José -entre Arazatí y Bocas del Cufré. Dispondrá de una laguna artificial de reserva de agua para situaciones de emergencia, construida a unos 10 kilómetros de la costa. Su conexión con la red de OSE de Montevideo se concretará a través de unos 80 kilómetros de tuberías de aducción.

Esta alternativa se basa en que la variación salina anual de las aguas del Plata en ese sector ubicado al oeste de Montevideo, así lo permite.

Por donde se la mire es una inversión estratégica para el país que debió hacerse mucho antes. Lo importante es que ahora están dadas las condiciones para que se materialice, aunque hay muchos aspectos para resolver. Si todo avanza como está previsto, el proyecto se aprobaría en el corto plazo y las obras comenzarían antes de fin de año, con una duración prevista de veinticuatro meses.

Como todo gran proyecto nacional éste no está exento de cuestionamientos, que deberán solucionarse de la mejor manera posible.

El gobierno escoge la opción de que el consorcio privado sea el que construya, opere, mantenga y transfiera el agua potable a la red de OSE, y el ente estatal -además de controlar esos procesos- distribuya y cobre por el servicio a los usuarios metropolitanos. El período acordado con el privado es de 28 años de funcionamiento operativo. La inversión corresponderá al consorcio, y el estado pagará un canon por el agua de ese origen que distribuya.

La principal controversia está planteada en si viola el artículo 47 de la Constitución. ¿Con esta operativa el privado estaría dando directamente parte del servicio público de abastecimiento de agua a la población, o no? La Carta Magna especifica que es competencia exclusiva de organismos estatales.

Sea cual sea la opción que se elija el país dará un paso significativo para asegurarle la seguridad hídrica a más del 60% de su población.

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