Piedra en el zapato

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Aunque desde el principio se sabía de la inconveniencia del mismo tomando en cuenta los intereses del país, el gobierno frenteamplista lo impulsó “contra viento y marea”, costándole hasta ahora pérdidas de US$ 180 millones.

No contaba con los estudios de prefactibilidad y factibilidad adecuados que permitieran tomar la decisión con ese respaldo imprescindible. Y como si eso no bastara, tampoco se decidió abandonarlo cuando Argentina se retiró del “negocio”, a pesar de ser el “socio estratégico” de Uruguay y el principal argumento utilizado para impulsarlo.

El proyecto incluía la construcción de una escollera con dos muelles en la costa oeste de Montevideo, donde iban a operar un barco regasificador y los buques metaneros que traerían el gas natural licuado para abastecer a la planta.

Se llegaron a instalar 71 pilotes en el suelo del río de la Plata, que hoy emergen de las aguas, lastimando el paisaje costero, como inocultables testimonios de algo que no debió realizarse, y que nos recuerda que seguirá costándole mucho dinero a los contribuyentes. UTE y ANCAP deben retirarlos a un costo de US$ 5 millones. Están enterrados en el suelo del río a unos 30 metros de profundidad.

Cada uno mide 50 metros de largo y 40 centímetros de diámetro. Constituyen un serio riesgo para la navegación (la Administración Nacional de Puertos la había dado un plazo de 10 días para retirarlos, algo que obviamente no se cumplió).

Pero también contaminan el paisaje costero y, al carecer de una utilidad justificable están actuando como elementos extraños negativos en la dinámica ecosistémica de ese sector del suelo del río, tan próximo a la costa.

Lo que no debería ocurrir es que cuando jerarcas de gobierno que por sus investiduras y responsabilidades toman decisiones importantes en materia de gastos de los dineros públicos, y demuestran irresponsabilidad evidente, o asumir excesivos riesgos a pesar de disponer de las debidas advertencias, a ellos no los afecte en sus patrimonios personales, y las pérdidas las paguemos entre todos.

Si existiera tal penalización los jerarcas extremarían las precauciones antes de autorizar inversiones millonarias de riesgo, sin contar con los estudios y respaldos técnicos que le den confiabilidad a los proyectos, y los razonables respaldos de factibilidad. No estamos diciendo que nadie pueda equivocarse sino que cuando un jerarca decide asumir un riesgo mayor sepa que él también lo está corriendo; esta nueva realidad seguramente le agudizará su sentido de la responsabilidad y del sentido común.

Lo tristemente cierto es que, como todos sabemos, el proyecto de la regasificadora fue muy negativo para el país, y aún no concluye. Enfrentamos un juicio por US$ 13 millones iniciado por la constructora brasileña interviniente y algunos otros reclamos, que mantienen la llaga abierta.

La frustración de Gas Sayago quedará para siempre como una mancha negra en la presidencia de Mujica y de Sendic al frente de Ancap.