Patrimonio costero
Considerando que el 70% de la población de Uruguay vive en las áreas urbanizadas de la costa atlántica y platense, resulta obvio subrayar la importancia que tiene asegurarle una gestión sostenible a la faja costera del país.
En ese sentido desde la aprobación de la ley Nº 19.772 en 2019 dejó establecido algunas precisiones que vale la pena recordar.
La zona de protección costera dejó de ser una extensión fija, medida en metros, para dar paso a una consideración más ajustada a las diferentes realidades que se verifican a lo largo de toda nuestra costa meridional. Porque las condiciones ecosistémicas, las situaciones de modificaciones urbanísticas y viales ya existentes, y otras realidades, demandan criterios más flexibles.
Otra disposición que quedó especificada en el artículo 4 de la norma fue la de garantizar la accesibilidad y uso público de las playas y costas en general.
Si bien esta situación fue siempre parte de los usos y costumbres de nuestra sociedad, era necesario que quedara plasmada como un derecho explícito en el marco legal uruguayo, tomando en cuenta que cada vez se complejiza más el uso y aprovechamiento de los cada vez más valiosos recursos naturales costeros, en manos públicas y privadas.
No debemos olvidarnos de la particular susceptibilidad que la dinámica costera tiene frente al despliegue creciente del fenómeno del cambio climático y al aumento de la variabilidad.
Este asunto nos debe preocupar sobremanera, no solamente por la localización mayoritaria de los uruguayos en esta faja del territorio nacional y por el impacto que podría tener en la calidad de vida de la población, sino también por la directa incidencia que la elevación del nivel del mar y el aumento de los eventos climáticos severos, irán complicando cada vez más la calidad de vida de la gente.
Estas consideraciones deben estar cada vez más presentes y mejor consideradas en las políticas nacionales y departamentales de mitigación y, sobre todo, de adaptación al cambio climático.
En buena medida, en esta parte del territorio nacional se conjugan los grandes intereses del país. Nos referimos a los sociales (calidad de vida, esparcimiento, actividades deportivas), económicos (turismo, urbanismo, pesca, uso del suelo y de los espacios marítimos, etc.), ambientales (conservación de los ecosistemas y recursos naturales). Obliga a dedicarle una extrema atención a todos los aspectos vinculados a su correcto ordenamiento territorial, tanto a escala de las competencias de los municipios como de los gobiernos departamentales y del nacional.
El marco legal es un soporte muy importante pero no suficiente. Se requiere de decisiones políticas acertadas y coordinadas con la participación de la población y del sector privado.
El desarrollo sostenible es un concepto en extremo racional pero también desafiante. Exige incorporar una mirada regida por ese gran pilar que es el sentido común, valorando al mismo tiempo la experiencia, el conocimiento científico y tecnológico, e imponiéndonos la visión “largoplacista”, que asegure la consecución de los resultados buscados más allá de nuestra generación.
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