Hebert Gatto
Hebert Gatto

¿Hay hambre en el Uruguay?

La decisión del Mides de cesar los envíos de alimentos a la Coordinadora Popular y Solidaria, hasta ahora una de las encargada de distribuirlos entre las diferentes “Ollas populares”, abrió un nuevo conflicto en varios frentes:

gobierno, oposición política, organizaciones sindicales y agrupaciones de la sociedad civil. Tal como si los opositores a la medida, gozaran de la posibilidad de desboblarse para mejor atacar a su rival oficial.

Los hechos son conocidos. Enfrentado a las consecuencias de la pandemia, el Estado, decidió proporcionar alimentos para quien los necesitara. Para ello, confió en la Coordinadora, que aduce nuclear a 184 iniciativas (entre merenderos y ollas populares), a la que entregó l.600 toneladas de alimentos para su distribución. Ello además de repartir, durante la emergencia y hasta cuando deje de ser necesario, insumos a otras organizaciones como Uruguay Adelante. Días atrás, atendiendo a la lógica necesidad de ordenar, dar cuenta y contabilizar debidamente las entregas efectuadas y entendiendo que las mismas habían disminuido, solicitó a los colectivos involucrados, información sobre el número de ollas atendidas, su ubicación y el número de porciones repartidas. Una demanda del Estado que resulta obvia y sin la cual mal podría continuarse el servicio. Sin embargo, de manera inopinada la Coordinadora Popular y Solidaria, que había declarado públicamente que el número de prestaciones alimentarias tendía a crecer, prueba inequívoca -sostenía- que un sector creciente de los uruguayos sufrían hambre, se negó a proporcionar los datos, sosteniendo que al pedido subyacía una indebida motivación política.

Frente a estas manifestaciones, el Ministerio reaccionó otorgándole un plazo perentorio para aportar los datos solicitados. Una exigencia que la Coordinadora incumplió. Según aquel, la documentación, tardía y tan trabajosamente entregada, adolece de defectos e inexactitudes, entre otras al incluir ollas inexistentes. Esto, como ocurrió, lo obligaba a rescindir sus vínculos con ella. Con esto estalló una guerra, hoy en pleno desarrollo, con la previsible intervención concordante de los otros frentes de lucha.

Para la Intendenta de Montevideo, la actuación del Ministerio resulta incomprensible, ella, airosa, va a seguir prestando ayuda a la Coordinadora. No dijo si eso lo hará contabilizando debidamente las entregas que efectúe.

Aproximadamente lo mismo manifestó el Pit-Cnt, que además adhirió a una marcha de protesta ante la falta de alimentos al tiempo que no avalará que estos sean distribuidos ni por el Ejército ni por Uruguay Adelante. Organizaciones que no son de su agrado.

Al unísono algunos integrantes del Frente Amplio, nos recordaron que en nuestro país cunde el hambre. Una panoplia tremendista de declaraciones que nos aproximan a algunos países africanos.

Ante este repetido panorama sólo cabe preguntarse, ¿los alimentos que proporciona gratuitamente el Estado deben distribuirse por las organizaciones y en la forma que pretende la oposición, como si esa decisión fuera de su competencia, o es el propio Estado, como suministrador de ellos quien debe hacerlo? ¿Qué porcentaje de indigencia mantiene nuestro país? ¿Cuántos mueren por esa causa? ¿Oposición política equivale a hostigamiento permanente?

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