El juicio que tensa a la Argentina

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No es la consecuencia de un fallo condenatorio en el juicio por corrupción contra la vicepresidenta. Lo único que hubo es la acusación del fiscal y la atmósfera política se tornó asfixiante.

Las palabras y los gestos resultan amenazantes. A la consigna que advierte a los magistrados lo que sucedería si “tocan a Cristina”, se suma el presidente que, junto a algunos razonamientos lógicos, dice en una entrevista que “Nisman se suicidó y espera que no haga algo así (el fiscal Diego) Luciani”.

¿Corre peligro de tener que suicidarse o de que “lo suiciden” el fiscal que pidió doce años de prisión para Cristina Kirchner? ¿Qué planteó Luciani para que Alberto Fernández lo esté viendo en el mismo sendero de Alberto Nisman, el fiscal que murió con un balazo en la cabeza horas antes de acusar a la entonces presidenta ante el Congreso?

A la acusación del fiscal le sobran elementos para deducir que Cristina Kirchner sabía del funcionamiento de un sistema de corrupción que beneficiaba a su familia y, si lo sabía, era parte de ese esquema de enriquecimiento a partir del direccionamiento de la obra pública.

El fiscal Luciani probó la existencia de ese sistema por el que inmensas sumas que salían de las arcas del Estado terminaban en las empresas de la familia Kirchner.

De tal modo, hay dos alternativas: o Cristina Kirchner sabía y permitía ese direccionamiento artero de la obra pública, o gobernaba con un nivel de negligencia que le impedía ver lo que ocurría. Corrupción o negligencia. No hay una tercera alternativa.

Pero exhibir los elementos que llevan a esa deducción, no implica exhibir pruebas concretas de la culpabilidad; pruebas que acrediten la jefatura de Cristina Kirchner en la asociación ilícita que denuncia el fiscal. Sin comparar delitos ni criminalidad, vale señalar un caso muy notorio. Nadie dudaba entonces ni duda ahora que en los años ‘20, Al Capone dirigía y ordenaba los delitos y crímenes que cometía la mafia de Chicago. Pero a prisión fue por fraude fiscal, porque su responsabilidad en masacres como la de la Noche de San Valentín y tantos otros crímenes, no pudieron probarla de la manera que requiere una condena.

También es cierto, como señaló el lúcido jurista Roberto Gargarella, que en el juicio a la Junta de la última dictadura militar no se presentaron pruebas directas de que el general Videla y los otros jerarcas de aquel régimen criminal hayan ordenado las desapariciones, asesinatos y torturas que se cometieron de manera masiva, y eso no impidió que sean condenado por su responsabilidad en aquel aparato de exterminio.

Los jueces dirán cómo debe evaluarse la existencia o no de pruebas directas sobre la responsabilidad de Cristina, habiendo tantos elementos para deducir sin posibilidad de error que existió un sistema de corrupción que colmó las arcas de la familia Kirchner y de allegados. Lo evidente es que el país sufre una tensión electrizante y transitará hacia ese fallo por una cornisa estrecha sobre abismos de crisis institucional y violencia política.

Acrecienta los riesgos del momento el activismo amenazante del oficialismo político y mediático, así como también el activismo de la oposición, política y mediática. La misma dirigencia de PRO que movilizaba gente en las calles cuando Mauricio Macri era citado a los tribunales de Dolores, señala la movilización callejera que organiza el kirchnerismo como acto intimidante.

No sobra autoridad moral en las partes enfrentadas. Señala injerencia del macrismo en la justicia, que muy probablemente existió y existe, el mismo espacio político que creó la organización kirchnerista de jueces y fiscales llamada Justicia Legítima, y que tuvo en la Corte Suprema al juez Eugenio Zaffaroni, de fervorosa y pública adhesión al kirchnerismo.

Toda esa contaminación de la política infecta peligrosamente el tramo que queda por recorrer hasta el fallo de los jueces.