Si te descubren, cantá “lawfare”
Es un neologismo que se ha puesto de moda en los últimos días. Tanto que a la cantidad de veces que lo escuchamos desde la política argentina, se suma ahora un senador opositor compatriota que también lo invoca.
Se trata del lawfare, lo que se traduciría como una “guerra jurídica”, en la que un gobierno se vale de artificios legales para someter al escarnio público a sus adversarios y así sacarlos de la carrera electoral. Es el mismo Plan Atlanta que denunciaba un exvicepresidente de triste memoria, pero con distinto collar.
En 2016, un político dominicano llamado Manolo Pichardo dijo que le contaron que en un lujoso hotel de aquella ciudad estadounidense (donde para más datos se habría filmado una película con Denzel Washington), un conjunto de conspiradores de derecha urdió un plan despiadado y global para “ganarles a los comunistas”, porque no podían hacerlo “por la vía electoral”.
La teoría conspirativa tuvo su cuarto de hora y fue invocada por Raúl Sendic hijo para contrarrestar las recordadas denuncias en su contra, pero hoy nadie la recuerda, salvo algún tuitero antifrentista belicoso, de los que la mencionan de tanto en tanto, irónicamente.
En lugar de ese recurso tan escasamente creíble, de un tiempo a esta parte se viene empleando la expresión académica lawfare. Suena mejor, pero el concepto es idéntico.
La emplearon los dirigentes españoles de Podemos, cuyo portavoz parlamentario Jaume Asens la definió así: “Primero la caverna mediática construye el marco. Luego la derecha lo eleva. Y después, su brazo judicial le otorga certeza”.
La refrendó también, cuándo no, el Papa Francisco, al cuestionar hace dos años “el uso arbitrario de las prisiones preventivas como instrumentos propios del lawfare. El lawfare persigue reducir los derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que se benefician aquellos que aspiran a ejercer un poder autoritario”.
Y la usan como caballito de batalla los partidos progres latinoamericanos que se han visto salpicados por denuncias de corrupción. La hipótesis es peregrina pero ellos la defienden con ardor. El sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires Nahuel Sosa llega a hablar de un “neoliberalismo judicial” (sic) que “se ha constituido en una parte imprescindible de una renovada Doctrina de la Seguridad Nacional” (¡sic!).
La columnista Valeria Vegh Weis, del diario oficialista argentino Página 12, redobla la apuesta: “El lawfare es el uso político del sistema judicial para lograr la muerte política y jurídica de lxs políticxs progresistas de la región. Con la muerte política se busca erosionar el poder de los enemigxs politicxs, deslegitimarlxs y convertirlxs en los causantes de todos los males, desacreditarlxs, manchar su imagen, arruinar sus carreras.
En fin, convertirlxs en muertos políticos. Al mismo tiempo se busca su muerte jurídica, es decir, inhabilitarlxs legalmente para participar en política” (la metralleta de “x” está en el original). “Los verdugos son cuatro viejos poderes: el judicial, el mediático, el corporativo y el internacional. Estos cuatro poderes ayudan a crear causas, difundirlas y forjar la idea de que tales o cuales son corruptxs”.
Así como lo leés: no se salva nadie, che. Aquí, desde el maligno poder mediático, me pregunto si los delitos que se han denunciado, presuntamente cometidos por mandatarios latinoamericanos, son fruto de la imaginación portentosa de un ingenioso guionista o verdaderamente existieron; si todos, políticos, periodistas, empresarios y hasta potencias extranjeras, todos nos juntamos para inventarlos.
La verdad es que si le lleváramos a un productor de Netflix un par de tramas en que un político arroja bolsas de billetes a unas monjitas, y un fiscal aparece suicidado el día antes de dar a conocer su acusación, el ejecutivo nos las rechazaría por ser demasiado obvias…
Por ahí anda un video que la vicepresidenta argentina difundió a través de sus redes en julio pasado, donde historia lo que para ella es la manera como la Corte Suprema de su país fue cooptada por el macrismo.
Para dar veracidad a su teoría conspirativa, muestra distintos titulares de prensa donde el adjetivo “acorralado” se aplica tanto a Lula, Evo Morales y Rafael Correa, como a ella. Solo falta que agregue que todas esas noticias fueron redactadas por la oficina de prensa del Plan Atlanta.
Con tan desaforado victimismo pueden influir en sus seguidores fanáticos, pero parecen no darse cuenta de que se alejan aceleradamente del sentido común, causando la ofuscación (o lisa y llanamente, el desprecio burlón) de los periodistas, magistrados y políticos a quienes así denigran.
Me cuesta entender cómo es posible convivir democráticamente con un adversario que nos define como enemigos, antidemocráticos y conspiradores al servicio del mal. Y más me cuesta creerles, cuando utilizan presuntos actos terroristas para amedrentar jueces y sensibilizar votantes.
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