La visión del BCU sobre el proyecto de ley de deudores y un riesgo “similar al de 2002”
Un informe de la Asesoría Económica del Banco Central da su opinión sobre el proyecto de ley que busca ayudar a los deudores de préstamos.
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El Banco Central del Uruguay (BCU) cree que el proyecto de ley, titulado “capacidad crediticia” -que busca ayudar a los deudores de préstamos- implica un cambio en las reglas de juego, lo que a su vez generaría incertidumbre, afectaría la relación de deudores y acreedores, tendría efectos negativos en el funcionamiento del sistema financiero y reduciría el tamaño del mercado de crédito.
Así lo afirmó la Asesoría Económica del BCU a través de un informe -al que accedió El País- que elaboró en respuesta al pedido de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley “capacidad crediticia” fue presentado por el diputado frenteamplista, Felipe Carballo y en términos generales, busca la creación de alternativas que constituyan una “segunda oportunidad” para que los deudores puedan afrontar sus pagos y evitar quedar por fuera del sistema financiero.
La iniciativa legislativa plantea sacar a las personas del viejo clearing (una base de datos crediticia sobre las personas, gestionada por la empresa Equifax), a través de un crédito blando otorgado por el BROU con un plazo de cinco años y un tope de $ 100.000 de deuda original.
El análisis del BCU -firmado por el gerente de la Asesoría Económica de dicha institución, Gerardo Licandro-, señala que el proyecto de ley “propone un cambio en las reglas de juego, luego de acordados los contratos entre partes, en las condiciones de funcionamiento de contratos privados”.
En base a experiencias pasadas, ese tipo de cambios han “afectado la posibilidad de mantenimiento de relaciones crediticias de largo plazo”, por lo que, de acuerdo con el informe, se “genera incertidumbre sobre las reglas de juego que operarán en el futuro”.
Desde el regulador entienden que esa incertidumbre tiene un doble efecto. Por un lado, impactaría en la relación entre deudores y acreedores y por otro lado, afectaría el funcionamiento del sistema financiero, “reduciendo el tamaño del mercado de crédito, aumentando sus costos y, en el extremo, restringiendo o racionando el crédito a las personas objeto de la medida”.
En este sentido, el informe de la Asesoría Económica señaló que podría ocurrir que “un acreedor afectado por este mecanismo” sea “más cuidadoso en el futuro al otorgar créditos a individuos en condiciones similares, anticipando una potencial estructura forzosa, y ajustando en consecuencia los parámetros de los préstamos tales como monto, plazo y tasa de interés”.
Sobre este punto, advirtió que incluso podría ocurrir que “potenciales prestadores podrían decidir no participar de este tipo de relaciones crediticias, o incurrir en más costos para asegurarse que sus contrapartes en un contrato tengan tanto capacidad como voluntad de pago”.
El proyecto de ley, a estudio de la Comisión de Hacienda, plantea que se borre la historia de deudas pasadas de las personas. Sin embargo, desde el BCU entienden que “los mecanismos de supresión de la historia crediticia propuestos no necesariamente ayudarían al individuo a recuperar su acceso al crédito”, dado que “nada impide a los registros de crédito anotar si el individuo se adhirió a esta reestructura”.
En línea con esto, el BCU ratificó la importancia de que tanto los potenciales acreedores como deudores cuenten con una historia de crédito.
Por otra parte, desde el Central entienden que la iniciativa -que propone que el Banco República (BROU) asuma gran parte de los costos del proyecto- genera “distorsiones” y “costos” a este banco.
En este sentido, el análisis señaló que “si bien se prevé que la propuesta de reestructuración de la deuda vieja la haga el Ministerio de Economía y Finanzas, el BROU carga con el costo de partida de estructurar créditos nuevos y realizar pagos para una cartera que se estima estará en los cientos de miles de personas”.
Adicionalmente, el regulador entiende que al BROU se le transfiere una cartera de créditos “cuya única característica en común es la del incumplimiento previo, por lo que el riesgo crediticio implícito también es mayor al de la cartera regular” de ese banco.
“Para tener una idea de la dimensión potencial (de máxima) de este problema, considerando que los 700.000 deudores a que refiere la exposición de motivos tienen el máximo de deuda de 26.000 Unidades lndexadas (UI) a que refiere el proyecto, el monto total del problema podría alcanzar los 18200 millones de Ul, cifra que supera el capital del BROU a marzo de 2022”.
Riesgo para el BROU “similar al de 2002”
Desde la Asesoría Económica del Central entienden que el proyecto de ley implica “riesgos de estabilidad financiera” para el BROU. En relación a la relevancia de la cartera de créditos que se le transferiría a dicho banco, el documento señaló que “potencialmente sería un tercio de la cartera en moneda doméstica y un sexto del total de la cartera” del BROU.
“En su máxima expresión, este riesgo representaría una magnitud comparable a la exposición del sistema bancario privado en activos a Argentina en (la crisis del) 2002”, afirmó el documento.
Desde el Central entienden que el aumento de los costos del BROU, “conjuntamente con el límite a la tasa de interés propuesto en el proyecto, podria trasladarse a diferenciales de tasas de interés. En el pasado, y en forma consistente con la capacidad de cargar márgenes del banco, los aumentos de costos se han trasladado a la actividad en pesos”.
Como en la actividad en dólares el BROU enfrenta más competencia, la institución “históricamente terminó marcando diferenciales de tasas más altos en el segmento en moneda domestica”. Por lo que, “de repetirse” esto, “la contracción del sistema financiero se daría fundamentalmente en la actividad en pesos, resultando en una mayor dolarización financiera de la economía”. Esto iría a contramano de uno de los principales objetivos del BCU que es la desdolarización de la economía. Desde el Central entienden que la intención detrás del proyecto de ley es “loable” pero creen que es “conveniente” una “consideración más detallada de los impactos de largo plazo”.
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