Reforma jubilatoria: las pistas sobre algunos de los cambios que se vienen

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Un ente regulador independiente del Poder Ejecutivo, el “indiscutible” aumento de la edad de retiro, consenso y voluntad política, fueron las principales claves señaladas por especialistas en diferentes temáticas, al ser consultados por la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) acerca de qué debería contemplar la próxima reforma de la seguridad social en Uruguay para que perdure.

Sobre este tema, la gremial que nuclea a las AFAP privadas elaboró un documento denominado “Reforma previsional: visiones, expectativas y futuro”, en el que relevó las diferentes opiniones de especialistas locales.

La principal conclusión a la que arribó el trabajo -el cual fue enviado a los integrantes de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS)- fue que para que la reforma del sistema previsional pueda perdurar, es necesario buscar los acuerdos más amplios posibles entre los diferentes sectores de la sociedad uruguaya.

Uno de los principales desafíos mencionados por los especialistas fue la necesidad de contar con un ente regulador, que sea independiente del Poder Ejecutivo, y que tendría como principal cometido la supervisión del sistema jubilatorio.

Sobre este punto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie dijo que contar con una figura de este tipo ayudaría a “ver algunos problemas que pueden surgir de loopholes”, es decir, de cuestiones no previstas.

Según el director de la OPP, “sería algo bueno” tener la posibilidad de “contar con personas que miren la situación de manera global, todo el tiempo”. A su entender, este ente regulador debería ser un organismo público más, pero técnico e independiente, el cual no estaría en el Banco Central (BCU), no respondería al Poder Ejecutivo y estaría compuesto por profesionales que no estén ligados al mandato electoral.

En esta línea, el exintendente de Regulación Financiera del BCU, José Antonio Licandro señaló que ese regulador “debería preocuparse por la sustentabilidad” del sistema previsional, así como además “por la consistencia en términos de que la cobertura (de las prestaciones sociales) sea lo que debe ser”.

De acuerdo con Licandro, el ente regulador debería velar además por la equidad en el sistema previsional “y obviamente controlar la gestión”. Según el exjerarca del BCU, el regulador “tiene que ser fuerte porque si no lo es, institucionalmente no va a poder hacer esos controles” al sistema.

“Se necesita una agencia especializada, fuerte institucionalmente, con autonomía y recursos para poder hacer el trabajo con solvencia técnica, y eso en Uruguay no es fácil, porque ninguno de los agentes reguladores que tenemos tiene esa fortaleza técnica, ni siquiera el BCU”, aseguró Licandro.

Por su parte, el economista y socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli, manifestó que dicho regulador podría tener tantas atribuciones que lleven a que, de forma extrema, “sin la aprobación de ese ente regulador, las jubilaciones no puedan ajustarse más que lo que establece la Constitución”, ejemplificó.

Los consultados por Anafap remarcaron la necesidad de que no haya aspectos ideológicos fuertes que frenen la reforma previsional. De todas maneras, algunos de los referentes consultados fueron escépticos en torno a que pueda conseguirse que la oposición política vote la reforma en este período de gobierno.

En este sentido, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente puso el foco en la importancia de que haya “conciencia, porque si el objetivo es maximizar la jubilación del trabajador, no puede haber nadie que se oponga”.

En la misma línea, Rosselli afirmó que “si no hay acuerdo” para llevar adelante una reforma del sistema previsional es “sencillamente porque no hay voluntad política”.

Sobre el aspecto político, la directora de la Consultora Cifra, Mariana Pomiés y el politólogo y docente universitario, Adolfo Garcé, se mostraron escépticos a que pueda haber consensos políticos entre el gobierno y la oposición.

Garcé reconoció que la reforma es más complicada de realizar por la cantidad de intereses de los grupos sociales y los partidos, las restricciones económicas, sociales y políticas que se deben articular y que son de peso a la hora de tomar decisiones.

En tanto, Pomiés consideró que la reforma previsional incluirá solo pequeños cambios que no impactarán notoriamente en el problema de raíz. De acuerdo con la directora de Cifra, de hacerse cambios significativos en el sistema, “no solo el gobierno tiene que aceptar que va a tener un costo (político) y que la gente se va a enojar, sino que la oposición tiene que aceptar que también va a ir contra los discursos o los intereses más inmediatos de algunos”.

Por último, el presidente de Anafap, Sebastián Peaguda señaló que dado que Uruguay “es reconocido por la estabilidad” y “la seriedad de su discusión parlamentaria”, el país debería apoyarse en esas fortalezas y “construir un marco para el desarrollo de la seguridad social”.