El “problema gravísimo” que se detectó en Uruguay sobre el lavado de activos

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Uruguay tiene varios “deberes” pendientes para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de Latinoamérica (Gafilat), en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, desde la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) afirman que el país tiene un “problema gravísimo” porque los recursos que tiene para trabajar “son muy pocos” y “no tienen estructura”.

Además, advierten que “las facultades y los poderes de supervisar, sancionar o aplicar medidas remediales, son muy débiles”, lo que hace que el país esté por “detrás de todos” los de la región, en términos de recursos para el control de lavado de activos.

Así lo afirmó el asesor contratado por la Senaclaft (y ex integrante del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica), Alejandro Montesdeoca, al comparecer ante la Comisión Especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado de la Cámara de Diputados.

Los tres principales pendientes de Uruguay son: la actualización de la evaluación nacional de riesgos (la última se hizo en 2017), la elaboración de la estrategia nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (venció en 2020) y la autoevaluación del sistema antilavado, para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que hizo Gafilat en su última evaluación en 2019.

Si bien en líneas generales Uruguay sigue los estándares de GAFI, en la última evaluación del Gafilat tuvo un nivel de cumplimiento “moderado” en todos los indicadores que mide el organismo. Esto llevó a que el país lograra evitar el ingreso a la lista de países no cooperadores, comúnmente llamadas listas “negra” y “gris”, dado que para entrar en esas listas, tendría que haber tenido al menos dos calificaciones con nivel “bajo”.

Ese logro “puede generar la impresión de que, en realidad, le fue bien a Uruguay” pero “en realidad no es la lectura apropiada. La lectura apropiada es decir: ‘evitamos entrar en la lista, pero tenemos muchos deberes que hacer’. Quiere decir que estamos como en el límite”, afirmó Montesdeoca.

Sumado a las tareas pendientes que tiene Uruguay, el asesor de la Senaclaft afirmó que es “muy importante tener en cuenta” que el país “está bajo un seguimiento intensificado”, lo que implica que Gafilat puede “en cualquier momento” hacer una misión técnica. “Ello también serviría para prepararse para la próxima evaluación que en algún momento, a partir de 2024, va a venir”, indicó el asesor.

Actualmente, Gafilat transita la etapa final de la cuarta ronda de evaluaciones, en la que Uruguay ya fue evaluado. En paralelo, ya se organiza la quinta ronda de evaluaciones, la que comenzará en 2024. “Todavía no está el calendario, no sabemos exactamente cuándo se va a evaluar a Uruguay”, indicó Montesdeoca.

¿Cuál es el plan de Uruguay y su cronograma de trabajo?

De acuerdo con el supervisor de fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa, prevén finalizar la actualización de la evaluación nacional de riesgos en febrero del año próximo y a partir de ese momento, comenzarían a elaborar la estrategia nacional.

Para poder avanzar en esos pendientes, desde la Senaclaft mantienen múltiples reuniones durante estas semanas con los actores relevantes del sistema.

Entre ellos, se reunieron con el presidente del Banco Central, Diego Labat y con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del regulador; con el secretario de la Presidencia de la República y el prosecretario, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, respectivamente; con el fiscal de Corte Juan Gómez; y con los representantes de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

A partir de agosto, la Senaclaft tendrá entrevistas individuales con los distintos sectores (inmobiliarias, contadores, escribanos, rematadores, entre otros) y con los organismos públicos.

Esperan, a partir de septiembre, constituir mesas técnicas de trabajo para evaluar los riesgos y poder llegar al mes de febrero con un documento final para que sea aprobado.

De acuerdo con Montesdeoca, el “principal problema” que tiene el país es que “todas las unidades de inteligencia financiera de todos los países de la región están a años luz de la UIAF” uruguaya, en cuanto a “recursos humanos, materiales y las posibilidades de llevar a cabo su trabajo”.

Además, manifestó que esa situación también se replica en la falta de recursos que tiene la Senaclaft, en comparación con los organismos de otros países.

De acuerdo con Montesdeoca, por ser considerado un país de renta media, “Uruguay no recibe un peso” por parte de los países y organizaciones que donan recursos para el fortalecimiento de los sistemas antilavado.

En este sentido, el asesor indicó que “todos (los países de la región) tienen estructuras muchos más fuertes que las de Uruguay”, por lo que “mientras que otros se pueden dar el lujo” de trabajar en varios proyectos paralelos, “nosotros lo tenemos que hacer en uno”.

Con ese punto de partida, Montesdeoca afirmó que el país tiene que aprovechar “para matar varios pájaros de un tiro” y señaló que sabe “cómo se hacen las cosas a la uruguaya”.