Lavado: Uruguay “no hace” lo que debería, aseguró un experto en la materia

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¿Estamos haciendo lo que debemos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Uruguay? La “respuesta corta” es “no”, según experto.

Este martes se realizó el Compliance Day, organizado por Brum Costa Abogados, en donde se trataron diferentes temáticas en relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como las debilidades de la normativa uruguaya, las inspecciones realizadas a las instituciones no financieras, el fraude interno, los criptoactivos, entre otros.

Dentro de las participaciones del evento, el exfiscal de Corte y actual consultor en Brum Costa Abogados, Jorge Díaz, habló sobre la “vacuna” contra el fraude interno en una organización y la necesidad de cumplir con tres componentes básicos”: el desarrollo de estrategias de cumplimiento para la prevención de este ilícito, las normas generales del gobierno corporativo e “instalar la cultura de cumplimiento”, para que la normativa interna de la organización no sea meramente “de papel”.

Asimismo, en esta presentación se destacó la importancia para las organizaciones de que cada eslabón en su cadena de valor cumpla con sus controles en materia de prevención de lavado, sea sujeto obligado en la materia o no, ya que el caso de un fraude interno puede “llevar puesta” a la empresa.

En tanto, al referirse sobre la corrupción en el Estado, si bien no profundizó por cuestiones de tiempo, señaló que entre los estándares internacionales y Uruguay se encuentra un “océano”. En este sentido, destacó que las exigencias que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en relación con la contratación de empresas por parte del Estado son “altísimas” y que no son implementadas en el país.

En esta línea, en otro panel, el abogado de la firma, Juan Diana, señaló que la normativa vigente establece que todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos a las actividades que se desarrollen, teniendo que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, lo cual no ha sucedido ni en la anterior administración, ni en la actual.

Por su parte, el asesor externo, Alejandro Montesdeoca, quien está trabajando junto a la Senaclaft para el Análisis Nacional de Riesgos, destacó la poca efectividad de los países en la región en relación a la supervisión y las medidas preventivas y destacó desafíos que presenta el sistema uruguayo.

En relación con el indicador de supervisión de las evaluaciones a los países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), explicó que de las 136 jurisdicciones integrantes, solo 12 tienen un nivel aceptable de efectividad en la supervisión, lo cual representa un 8,82% del total.

A su vez, solo cinco jurisdicciones tienen un nivel aceptable de efectividad en las medidas preventivas, siendo el 3,67% del total.

Dentro de los desafíos que se le presentan a Uruguay para desarrollar la estrategia nacional de prevención de lavado, destacó el cumplimiento de los estándares internacionales, como también el contemplar los riesgos propios del país, considerando los riesgos regionales.

Otro desafío es priorizar la implementación de medidas que “razonablemente se puedan cumplir”, considerando la experiencia internacional, y “no pretender implementar medidas que la experiencia demuestra que no es posible cumplir”.

En este sentido, señaló que “la actividad criminal organizada en la que está sumida” la Triple Frontera está “bajando por la Hidrovía Paraná” y por la “frontera seca”.

“Los tenemos acá, todos los problemas: delincuencia organizada, vinculación con narcotráfico, incluso organización terrorista”, sostuvo Montesdeoca, por lo que agregó que hay que considerar su riesgo en materia de lavado.

“Si vemos todo esto, hay cosas que no están funcionando, obviamente. ¿Vamos a insistir en intentar cumplir las cosas que no se están pudiendo cumplir? El tema es que hay un margen de maniobra, no en el qué, sino en el cómo. Hay que cumplir con las recomendaciones, pero que no vaya por el camino de la ciencia ficción”, afirmó.

Asimismo, otro de los desafíos que destacó fue el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional a nivel público, como también la cooperación público-privada.

En tanto, una de las observaciones que se le ha realizado a Uruguay en la evaluación del Gafilat, es que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en materia de lavado no conducen luego a procesamientos judiciales, lo cual se espera que mejore con la formación de la Fiscalía especializada en lavado de activos.

Sobre esto, Montesdeoca explicó la proporción de los ROS enviados por las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Apnfd) susceptibles de ser utilizadas para el lavado en Uruguay, actualizada a 2021. En este sentido, señaló que el 95,23% de los ROS provienen del sistema financiero, mientras que el 4,77% es enviado por las no financieras.

El titular de la Senaclaft, Jorge Chediak concluyó: “los países no salvan con sobresaliente en el Gafilat”.

Otra de las exposiciones contó con las participaciones del supervisor de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa y el extitular de la Senaclaft Daniel Espinosa, quienes se refirieron a las inspecciones del organismo.

Sobre las mismas, Misa señaló que han visto una “debilidad transversal” en los sectores de las instituciones no financieras reguladas por la Senaclaft -como las organizaciones sin fines de lucro, zonas francas, inmobiliarias, rematadores, escribanos, abogados, entre otras-, las cuales no hacen análisis de riesgo de lavado, siendo “preocupante” debido al tiempo transcurrido desde que se creó la norma que determina los sujetos obligados a hacerlo,

Otras de las debilidades refieren al conocimiento del cliente, en donde no se busca la información de los mismos en fuentes abiertas, como las listas internacionales. A esto se suma la falta de capacitación que se da en las organizaciones.

Por su parte, Espinosa resaltó que la Senaclaft al momento de fiscalizar no busca sancionar, sino que va en busca de “cumplimiento”. Por esto, sostuvo que el organismo debe hacer comprender la importancia del riesgo de ser susceptible a que utilicen a las instituciones reguladas para el lavado de activos.

Al ser consultados por las modificaciones establecidas por la ley de Urgente Consideración (LUC) en cuanto a las operaciones en efectivo, si bien Misa señaló que no pasó un tiempo “prudencial” para medir los impactos, se ha visto un descenso en el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, en el sector inmobiliario.

Asimismo, Espinosa señaló que el cambio en cuanto a la debida diligencia incumple el estándar internacional, mientras que resaltó la modificación en el uso de efectivo como negativa. A su vez, a nivel de las organizaciones, sostuvo que no se le da a la prevención de lavado de activos la importancia que se le debería.