El gobierno tiene un “enorme desafío”, dice jerarca de Economía: ¿de qué se trata?
Busca defender soberanía tributaria sin incumplir compromisos.
El gobierno uruguayo se enfrenta al “enorme desafío” de cumplir con la reforma impositiva mundial a la que no se opuso en octubre pasado, sin perder de vista uno de sus objetivos centrales: la captación de inversión extranjera directa.
Para lograrlo, buscará mantener el “equilibrio” entre defender -en la medida de lo posible- su soberanía tributaria, pero sin dejar de implementar las medidas globales exigidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo afirmó ayer la directora de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pía Biestro al participar de la conferencia Fiscalidad Internacional: desafíos y oportunidades para Uruguay y sus empresas, realizada en el marco de la presentación de la maestría en Tributaria de la UCU Business School.
Catalogado como un “acuerdo histórico”, el año pasado las principales economías avanzadas del mundo pactaron un nuevo esquema global de impuesto a la renta empresarial de multinacionales y de tributación de la economía digital.
Con la OCDE como coordinadora del proceso, en octubre de 2021 unas 137 jurisdicciones -Uruguay entre ellas, aunque en los hechos se abstuvo- suscribieron la reforma internacional del sistema tributario que buscará brindar mayor estabilidad y transparencia.
No obstante, entre los especialistas aún no hay consenso en relación a que la reforma fiscal global sea una solución. “Creo que es todavía pronto para poder determinar qué tipo de estabilidad” brindará el nuevo acuerdo, indicó Alfredo García Prats, catedrático de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Valencia. A su entender, “la reforma fiscal va a generar indudables conflictos y no sabemos muy bien cómo van a poder resolverse”.
El acuerdo se basa en dos pilares: uno que establece cómo va a tributar la economía digital y del conocimiento; y otro que evita el traslado de base imponible de renta a países con muy baja tributación que amenazaría algunos regímenes de incentivos tributarios que implementan varios países como Uruguay para atraer inversiones.
De acuerdo con Biestro, si bien Uruguay adhirió a dicho acuerdo, mantiene una postura por lo que no da “ni un consenso expreso ni una denegatoria expresa”, aunque admitió que en el ámbito de estos organismos internacionales “es claro que la abstención actúa como un consenso tácito”.
La jerarca informó que el gobierno trabaja actualmente junto a la Dirección General Impositiva (DGI) en un “análisis conceptual” de ambos pilares para determinar cómo será su implementación y en qué casos se aplicará. Biestro indicó que una vez que el documento esté terminado -estiman que será entre fines de este mes y principios de abril- lo elevarán a las autoridades del MEF y luego será compartido públicamente para tener una devolución por parte de “todos los actores” involucrados.
“Nos estamos enfocando fundamentalmente en el impacto que tendría el impuesto mínimo global en nuestro país, sobre todo para los regímenes de incentivos que otorgan derechos adquiridos como puede ser el régimen de zonas francas o el régimen de la ley de Inversiones (que da beneficios fiscales). Estas modificaciones realmente necesitan el consenso de todos los sectores involucrados”, señaló Biestro.
No obstante, la directora del MEF admitió que los plazos manejados por OCDE “están siendo muy ambiciosos” (se busca que en 2023 las medidas queden operativas) y afirmó que “implican un desafío importantísimo para economías emergentes como la nuestra”, porque requieren de aprobación parlamentaria.
“Estamos ante un desafío muy importante de poder llegar a los plazos establecidos, dudo que se logre” indicó Biestro y señaló que el nuevo contexto internacional -en alusión a la guerra entre Rusia y Ucrania- suma más incertidumbre.
Según la jerarca del MEF, pese a haber adherido a la reforma tributaria mundial, el gobierno tiene el objetivo de “seguir siendo atractivos” para captar inversión extranjera, pero advirtió que deberá hacerlo sin incumplir los compromisos internacionales.
“Ese es el equilibrio que estamos permanentemente analizando: hasta dónde puedo defender mi soberanía tributaria sin tener una medida unilateral (por parte de los países desarrollados) que me complique la economía general”, afirmó Biestro.
Por su parte, el decano de la UCU Business School, Marcos Soto manifestó que los países en desarrollo como Uruguay que utilizan los incentivos fiscales para atraer inversión extranjera “estamos como expectantes, preocupados y no apoyando (la reforma) expresamente” pero afirmó que “tampoco hay muchas opciones porque cuando la tendencia viene de economías centrales es muy difícil pararse frente al tanque”. En este sentido, Soto remarcó que ese es “un duro equilibrio” que deben enfrentar economías como la uruguaya.
Según el decano, con la reforma fiscal global que se busca implementar “quienes tienen más para ganar son los países centrales” y afirmó que “obviamente no va a pasar” que dichas economías se preocupen por el desarrollo de los emergentes que “se verán afectados”.
No obstante, Soto recordó que en Uruguay “deberíamos no olvidarnos” de que los impuestos “son una parte de la competitividad de las empresas, pero no las sintetiza”.
En este sentido, señaló que la economía uruguaya todavía “tiene un abanico de desafíos” vinculados a infraestructura, tarifas públicas, costos energéticos, entre otros, en los que puede trabajar para mitigar posibles impactos tributarios.
Biestro coincidió en ese punto y dijo que en el marco de esta reforma, Uruguay “tiene la oportunidad” de avanzar en mejorar aspectos y “cualidades” que el país ya tiene para atraer inversión extranjera. “Es la oportunidad que tenemos para hacer algún otro tipo de reforma a nivel de infraestructura, logística o procesos burocráticos que también complican la instalación de empresas en nuestro país”, señaló.
La visión de especialistas
“Los plazos están siendo muy ambiciosos y son un desafío importantísimo para economías como la nuestra. Dudo que se llegue a esos plazos más aún en el nuevo contexto internacional”.
“Las mayores disputas se verán en la doble imposición que se pueda llegar a generar. Vemos la necesidad de que se agilicen las herramientas que hoy existen para evitar la doble tributación”.
“Los países en desarrollo estamos expectantes. La tendencia viene desde economías centrales, es muy difícil pararse frente al tanque, es un duro equilibrio que tenemos que hacer”.
“Se puso el pie en el acelerador y los miembros del marco inclusivo están abocados a materializar un plan de implementación para que a partir de 2023 todas estas medidas estén operativas”.
Con la reforma fiscal global “lo que veo es complejidad, en lugar de una potencial solución (...) y “deja otra vez una desigualdad entre los países” que no han adherido con los que sí.
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