El examen internacional sobre lavado de Uruguay: nota satisfactoria, amenazas y casos emblemáticos
El secretario antilavado, Daniel Espinosa repasó los detalles de la evaluación que el Gafilat hizo sobre Uruguay en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
"Sabemos que no es un club de amigos”, pero “les transmitimos que queremos justicia y discutiremos a muerte para que no nos evalúen mal”. Según contó ayer, ese fue el mensaje que dijo el secretario antilavado, Daniel Espinosa, a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) -organismo intergubernamental enfocado en la prevención y combate al lavado de dinero- que visitaron Uruguay en las últimas semanas.
Como parte de la cuarta ronda de inspección entre pares, los técnicos del Gafilat estuvieron en el país entre el 5 y el 17 de mayo. Tuvieron 42 reuniones y mantuvieron contactos con 110 personas del sector público y otras 70 del ámbito privado, estas últimas todas de sectores que están obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado -como bancos, corredores de bolsa, inmobiliarias, grupos de profesionales como abogados y escribanos, y usuarios de zonas francas, entre otros-.
La evaluación pone el foco en los aspectos normativos, pero también en la efectividad de las leyes aprobadas.
Días atrás, especialistas en el tema dijeron a El País que en el primer rubro Uruguay será bien evaluado porque incorporó en los últimos años varias leyes que apuntan a dar mayor transparencia a los movimientos de dinero, y podría haber algunas observaciones en materia de efectividad de las medidas.
Espinosa coincidió con ese análisis y manifestó a El País que será clave para la calificación final conocer cómo evaluaron la parte práctica de los controles antilavado: “de ahí saldrá una nota un poco mejor o peor”.
También comentó que “fue bastante satisfactoria” para Uruguay la respuesta de los países a la consulta de Gafilat previo a la evaluación, donde pueden indicar “qué riesgos ven en el país y el nivel de cooperación” en materia financiera y judicial.
Los avances normativos que repasó Espinosa, han sido la aprobación de la ley integral contra el lavado de activos -que sumó sujetos obligados y reforzó las exigencias a algunos sectores que ya tenían el deber-, la de transparencia fiscal que flexibilizó el secreto bancario y obligó a identificar los beneficiarios finales de las sociedades locales, la ley de inclusión financiera que da trazabilidad a las operaciones y la incorporación de la evasión como delito precedente del blanqueo de capitales.
La evaluación final se conocerá sobre fin de año, luego de dos instancias en que Uruguay puede realizar descargos al borrador que elaboren los técnicos de Gafilat, y una tercera etapa “cara a cara” con los evaluadores en Buenos Aires. “Creo que vamos a andar bien (en la evaluación), nos dejará un reconocimiento a lo hecho y un plan de trabajo” para adelante, señaló el secretario antilavado.
En línea con lo último dicho por Espinosa, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana, Wendy Lora, expresó que la inspección de Gafilat “es una oportunidad” para los países, porque les realizan “una especie de FODA (estudio de analiza las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades) gratis”.
Al respecto, el jerarca uruguayo sostuvo que “de nada sirve que a un sector le digan que está haciendo las cosas bien (si no es así), porque se le asignarán menos recursos” y se lo observará menos a futuro en materia de controles antilavado.
Referido a esto, reconoció que “va a haber diferencias” en la evaluación del sector financiero, que tiene entidades que hace 15 años aplican controles sobre el origen del dinero, que del no financiero donde “hay todavía mucho para avanzar”. Agregó que “se ha mejorado mucho, pero el volumen de reporte de operaciones sospechosas aún es insuficiente para un sector comprometido (como el no financiero)”.
Casos emblemáticos de estafa y fraude en Uruguay.
El especialista antilavado local Ricardo Sabella -organizador del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, que continúa hoy-, presentó cifras sobre el volumen del dinero blanqueado en Uruguay y se refirió a casos que tuvieron gran repercusión pública.
“Esos episodios que son conocidos impactan (en la revisión de Gafilat) porque se conoce que hay decomisos y situaciones de lavado, que ocurren en todos los países, pero también puede haber una mirada crítica para ver si realmente hay una pena acorde. Porque sabemos de muchos casos que la condena terminó siendo con la gente en libertad”, explicó Sabella ante la consulta de El País.
A su vez, señaló que la evasión fiscal y el contrabando se ubican como los delitos que generan más dinero negro tomando los casos detectados. Según datos a 2014 que fueron presentados en la evaluación de riesgo del año pasado, los delitos fiscales representaron el 31% del volumen de dinero ilegal, y los derivados del contrabando el 26%.
Un menor nivel tienen los casos de narcotráfico (21%), de falsificación (15%), de trata de personas (5%) y de estafa (2%).
Pero Sabella aclaró que este último delito, que se entiende como casos de corrupción privada (fuera de la órbita pública) o fraude, subirá en volumen cuando se actualicen los datos, ya que desde 2014 hubo varios casos que involucran sumas millonarias (ver aparte).
El experto antilavado dijo como recomendación que los países de la región deberían “estandarizar los delitos”, es decir que una misma acción se tipifique igual, para permitir una mejor cooperación. Puso el ejemplo de la corrupción y la entrega de sobornos a funcionarios públicos, que no se trata igual en los distintos países, aunque son prácticas que están presentes “en todas las jurisdicciones”.
Otros casos que alcanzaron los titulares
Como dirigente de la Conmebol aceptó sobornos para favorecer a ciertas empresas en los contratos por los derechos de televisión. Fue procesado por estafa y lavado de activos en 2015.
El argentino fue acusado por la Justicia uruguaya de lavado de dinero, contrabando de vehículos y porte ilegal de armas. En su país era propietario de un diario y líder de un sindicato.
Un francés que en 2014 tiró miles de dólares desde una terraza en Punta del Este, fue procesado en 2018 por aprovecharse de un error en la conversión de divisas de las tarjetas Maestro.
Como jefa de Finanzas de la empresa Julio César Lestido se estima que robó US$ 2,5 millones y parte de eso lo apostó. Fue acusada este año de estafa y falsificación de documento.
El turco que manejaba una Ferrari blanca cuya foto se hizo viral, estafaba gente con un juego virtual de granja. En Uruguay hizo compras por las que se estima que lavó US$ 8 millones.
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