¿Cuántos incumplieron en los procedimientos antilavado?

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Con un equipo de trabajo de 29 integrantes, cerca de 13.000 sujetos obligados no financieros a supervisar y menos de una década de existencia, la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) publicó su Memoria Anual de 2021 en la que destaca la cantidad de sanciones realizadas, así como también las sentencias desestimadas que pretendían la nulidad de multas por incumplir la normativa anti-lavado de activos.

La Senaclaft, organismo creado en 2015 para diseñar, coordinar y ejecutar las políticas y programas de acción para la prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT), tiene dentro de sus funciones la supervisión de sujetos obligados no financieros.

Dentro de estos, se encuentran inmobiliarias, casinos, organizaciones sin fines de lucro, zonas francas, abogados, escribanos, rematadores, contadores, entre otros, a quienes les puede imponer en caso de constatar incumplimientos a la normativa de prevención, sanciones administrativas que van desde el apercibimiento hasta multas de 20 millones de unidades indexadas (UI, unos $ 105 millones) e, incluso, la suspensión.

Siendo el sector inmobiliario uno de los catalogados como “de riesgo” en materia de LAFT, la Senaclaft publicó en el documento su intención de mantener un “monitoreo programado y permanente” para “poder fiscalizar prácticamente en tiempo real, el cumplimiento normativo por parte de los sujetos obligados participantes en aquellas operaciones clasificadas a priori como “de mayor riesgo”, evaluando también “los posibles sub-reportes de operaciones que podrían no estar volcándose al sistema de manera adecuada, ya sea por el no cumplimiento de la debida diligencia del cliente (DDC) adecuada, como por incumplimientos voluntarios”.

Asimismo, durante el 2021, se analizaron más de 130 expedientes, destacándose el otorgamiento de 65 vistas previas a la imposición de sanciones y 19 intimaciones al cumplimiento de obligaciones formales por parte de los sujetos fiscalizados.

En tanto, dentro de lo referido a la aplicación de sanciones, se impusieron por resolución ocho apercibimientos -advertencia de sanción en caso de persistir en la falta-, dos observaciones y una multa.

A su vez, en 2021 se obtuvieron dos sentencias favorables del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que desestimaron las demandas anulatorias de los sujetos obligados y que confirmaron los actos administrativos impugnados.

Estas multas fueron impuestas a escribanos por incumplimientos a la normativa de prevención en el año 2018. Los montos de las multas fueron 5.266 UI (correspondiente a $ 27.643), la que ya fue abonada, y otra de 368.128 UI ($ 1,9 millones), que aún está en trámite.

De acuerdo al acta del TCA, a la que pudo acceder El País, el escribano debiendo realizar la debida diligencia intensificada, no dio “genéricamente una explicación razonable al origen de fondos utilizados en las transacciones, ni se ha agregado documentación respaldante, ni se relevaron los ingresos de los compradores”. A su vez, “no se acreditó la realización de búsquedas en fuentes públicas o privadas en la casi totalidad de los casos”, entre otros incumplimientos.

“Se constató que las medidas efectuadas por el profesional fueron insuficientes en la totalidad de las operaciones analizadas, lo que configuraría una infracción grave en función de lo dispuesto en las pautas para aplicación de sanciones”, agrega, en donde ejemplifica que, con respecto a un comprador, presentó como “único respaldo” la fotocopia de cédula de identidad, mientras que “no detectó notas de prensa publicadas en la web, donde se le mencionaba por haber sido denunciado en diferentes oportunidades por estar vinculado con presuntas operaciones de lavado de dinero”.

En tanto, en lo que refiere a fiscalización para el año 2022, se espera “la realización de al menos 350 actuaciones entre inspecciones in situ y extra situ, con la previsión de que las cifras podrán variar notablemente en función de la situación sanitaria del país”.

“En base al análisis de riesgo se proyectan 250 actuaciones de control de cumplimiento de DDC (puntuales o masivas), que se realizarán como producto de la selección en base a la información interna y externa disponible. Al menos un 80% se deberán distribuir en los sectores inmobiliarios, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro, debiendo distribuirse el 20% restante en los demás sectores no financieros”, agrega la Memoria Anual.

Asimismo, señala que prevén al menos 70 visitas de controles extensivos, “con una estructura de sujetos obligados visitados” y otras 30 actuaciones que “se reservan para atender demandas externas (judiciales, noticias de prensa, denuncias, entre otras)”.

Por otra parte, la Senaclaft tiene como otra de sus funciones, la representación del país ante diferentes organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Sobre esto, se proyecta el posicionamiento de Uruguay a nivel internacional, ya que se confirmó la Vicepresidencia del Gafilat durante el año 2022 y la Presidencia durante el 2023, “posicionando de esa forma una vez más al Uruguay en lo más alto de las relaciones multilaterales”, agrega el documento.

En tanto, la Secretaría inició en 2021 la contratación de un consultor internacional, “para de este modo dar inicio a la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos y la correspondiente Estrategia Nacional”.

En cuanto al Sistema nacional de prevención de LAFT, la secretaría realizó el informe estadístico correspondiente al período 2019 -2020, en donde se destacan los reportes de operaciones sospechosas (ROS) en el sistema financiero, recibidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Banco Central, los cuales fueron 626 en ambos años. En tanto, dentro del sector no financiero, fueron 68 en 2020 y 138 en 2019.

Asimismo, los casos puestos en conocimiento de Fiscalía fueron 12 en 2020 y cinco en 2019. Mientras tanto, los ROSi ncluidos en los casos remitidos fueron 43 y siete, respectivamente.

En tanto, dentro de las investigaciones iniciadas por el Ministerio del Interior, en el año 2020 se realizaron 5.425 y en 2019 fueron 4.895.

De estas investigaciones, se destacan en 2020 los delitos precedentes de narcotráfico (2.593 investigaciones), rapiña (490), lesiones graves y gravísimas (463), hurto (426), entre otros.

De estas, fueron condenadas 3.883 en 2020, dentro de las que se destacan 1.625 por narcotráfico, 982 por producción y venta de pornografía infantil; 469 tráfico ilícito de armas, explosivos y municiones; 368 por estafa y 241 por contrabando, entre otros.

En tanto, aquellos condenados por lavado de activos, según delito determinante, en 2020 fueron dos y 154 por asistencia al lavado de activos.

En relación a la cooperación internacional, el informe estadístico de 2019 y 2020 señala que a través de la UIAF se recibieron 48 pedidos de información internacionales y se envió uno en 2019, mientras que en 2020 fueron 30 los recibidos y 28 los enviados.

En tanto, aquellos que se realizaron a través de la Senaclaft, mediante instancias de intercambio de información con la Red de Recuperación de Activos de Gafilat, sumaron 33 en 2019 y 16 en 2020, destacándose en ese último año seis instancias con Argentina, cuatro con Brasil y dos con España. Asimismo, en 2019, se realizaron 25 instancias con Argentina, tres con Brasil, dos con Colombia y una con España y Paraguay.

En relación al transporte de valores, cuando se transporta dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000, se debe comunicar al Banco Central o la Dirección Nacional de Aduanas.

En 2020, entraron más de US$1.100 millones en efectivo y US$350.000 en cheques, por la frontera. Mientras que en 2019, entraron mas de US$1.600 millones en efectivo y US$ 870.000 en cheques. En relación al incumplimiento en la entrada de valores en efectivo, se constataron seis en 2020, por un valor total de US$380.000, y cuatro en 2019, por un valor de US$1,47 millones.