¿En qué consiste la evaluación que empezó Uruguay sobre riesgos de lavado y los casos que son ejemplo?

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Uruguay comenzó este año su evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, la cual trazará la estrategia de prevención de este delito para los próximos años. Pero ¿en qué consiste?

Ayer y el lunes se llevó a cabo el 10° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por BST Global Consulting, en el que participó como orador el consultor internacional en materia de evaluación nacional de riesgos, Alejandro Montesdeoca, quien está trabajando en la actualización de la evaluación en Uruguay.

En este sentido, explicó que esta evaluación permite a las autoridades conocer los niveles de riesgo y establecer las prioridades, así como también asignar los recursos de forma más eficiente.

“Los resultados proveen de un insumo esencial para formar las políticas nacionales, para planificar y solicitar asistencia técnica”, explicó. Sin embargo, sostuvo que Uruguay tiene un problema ya que se le considera en el exterior como un país de renta alta.

“El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está organizando unas capacitaciones, tiene un centro de capacitación en Busan, Corea del Sur, y le paga todo a los participantes que van de los países miembros del Gafilat, menos a Chile y Uruguay porque son países ricos. Se pierden de toda la asistencia técnica por ser países ricos”, afirmó.

En esta evaluación que considera tanto a los sectores de actividad financiera como los no financieros, según Montesdeoca el riesgo puede ser visto como el resultado de tres factores: amenazas, vulnerabilidades y consecuencias.

Mientras que la metodología para hacer este análisis no está estandarizada, por lo que la ejecuta cada país de acuerdo a su realidad, la amenaza se refiere a una persona o grupo, objeto o actividad que tiene el potencial de provocar daño al Estado, la sociedad, economía, entre otros.

El consultor internacional indicó que se incluyen delincuentes, grupos terroristas y sus colaboradores, así como actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo pasadas, presentes o futuras.

Las vulnerabilidades refieren a aquellas “cosas o situaciones” de debilidad o deficiencia de las que se pueden aprovechar las amenazas o que pueden facilitar sus actividades.

Mientras que las consecuencias refieren al impacto que el lavado de activos o financiamiento del terrorismo pueden producir a los sistemas o instituciones financieras, o en forma general a la economía y la sociedad. A su vez, estas pueden ser a corto o largo plazo.

En tanto, el socio director de BST Global Consulting, Ricardo Sabella, dijo que tenía “una sensación” con respecto a las evaluaciones del GAFI, sobre las que hay “un empuje” de hacer un “checklist, independientemente del riesgo”, en donde se trata más de si se aplica o no determinada normativa en lugar de si la misma aplica a la realidad del país.

“Vemos que empiezan a surgir países, normas, regulaciones que quieren ser el primero de la clase, cumplir porque el supervisor es el GAFI y me va a tirar de la oreja, no tenés este tipo como sujeto obligado, cuando realmente el propio riesgo del país no aplica”, señaló.

Montesdeoca al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con esta “sensación”, sostuvo que “el GAFI está en una carrera loca hacia la ciencia ficción”.

“Creo que por lo menos el 30% de las recomendaciones no son aplicables”, agregó.

Los indicadores para evaluar la efectividad de prevención de lavado de los países son 11. De estos 11, Montesdeoca destacó que unos refieren al sistema preventivo, otros sobre supervisión y otros de medidas preventivas y evalúan el desempeño de los sujetos obligados.

“Se ve un fracaso monumental del sistema que diseñó el GAFI con un conjunto de sectores no financieros que deben ser supervisados y cumplir con las obligaciones preventivas”, dijo.

Dentro de los casos expuestos de lavado de activos por los oradores de diferentes países, se trataron tanto los impactos en entidades financieras, como también el uso de organizaciones no financieras para el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, en México se registraron casos en los que ONG tuvieron contacto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lavar activos.

Por ejemplo la iglesia La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín García, fue utilizada para el blanqueamiento de capitales del CJNG, así como también se le acusó de participar en casos de trata de personas. El líder de la iglesia fue condenado a 16 años de prisión.

En el caso de la Fundación Rafael Márquez, la CJNG se acercó a la misma y a través de ella lavó dinero con la construcción de canchas de fútbol y piscinas. El jugador mexicano dueño de la fundación fue inscripto en la lista OFAC, con lo cual se impidió que puedan operar con él, pero al demostrar que no tuvo relación en lo sucedido, fue retirado de la misma.

Otro caso en ese país, fue el del cantante Julión Álvarez, quien fue retirado este año de la lista OFAC, por haber sido vinculado al CJNG por conciertos utilizados por la organización delictiva para lavar dinero, en donde no había asistentes.

Asimismo, se detallaron los casos de los carabineros en Chile, que formaron una estructura para retirar fondos públicos a través de un proveedor, como también la modificación de planillas de trabajadores, donde se “inventaban” sueldos de carabineros que no existían.

Otra de las exposiciones del congreso consistió en los ciberdelitos y los riesgos que estos conllevan.

Sobre esto, el director para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros, Gonzalo Vila, retomó lo dicho por el director del Banco Central de Argentina, Zenón Biagosch, y destacó que los flujos de fondos ilícitos anuales a nivel global registran en ciberdelitos los US$ 6 billones, la evasión fiscal US$ 3,2 billones, el fraude US$ 4,7 billones y la corrupción US$ 2,6 billones, entre otros.

Asimismo, la pérdida promedio por caso estudiado de fraude alcanza el US$ 1.509.000. En tanto, se destacó que el 5% de los ingresos de cada empresa se pierden por fraude.

Se espera que para el 2025 los ciberdelitos alcancen un costo de US$ 10,5 billones anuales.

En este sentido, Vila explicó que el vínculo del delito con la ciberseguridad es el fraude, mientras que este también se relaciona con el lavado por ser ilegal el origen de los fondos.

Señaló que “no es un delito económico, sino que es la propia economía del delito”, en donde es “central el lavado de dinero”, mientras que “las otras patas son el fraude, evasión y la defraudación fiscal”.

En tanto, el GAFI hizo un relevamiento sobre el cambio generado por el covid-19 en delitos relativos al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, donde los países consultados afirmaron que el delito que esperan que prevalezca principalmente es el fraude online, seguido por el cibercrimen y el mal uso de fondos públicos para el estímulo de la actividad.

Mientras tanto, el desafío que los encuestados indicaron como principal debido a la pandemia, es el cambio de comportamiento de los individuos y las compañías debido al incremento de la actividad en línea, seguido por los nuevos o emergentes riesgos de lavado de dinero.