Chile mira al actual modelo jubilatorio uruguayo para su reforma, ¿qué destacó un informe?

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En Chile se discute una reforma jubilatoria y en un seminario, la semana pasada, el ministro de Hacienda de ese país, Mario Marcel dijo: “va a haber un administrador público y administradores privados y las personas van a poder elegir entre ellos. Probablemente se va a parecer al caso de Uruguay”.

En ese sentido, la fundación Observatorio Perspectivas, vinculada a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensión de Chile, elaboró un informe sobre el sistema jubilatorio uruguayo. ¿Qué destacan y qué dificultades ven en Chile sobre el régimen?

El informe recuerda que “el bloque principal” del sistema uruguayo es mixto, los trabajadores cotizan en dos pilares: pilar de reparto (las cotizaciones de los trabajadores financian las actuales jubilaciones, que son de beneficio definido y es administrado por el Banco de Previsión Social) y pilar de capitalización individual (una parte de las cotizaciones de los trabajadores se acumula en cuentas individuales en las AFAP).

Luego hay “cinco subsistemas”: la Caja Bancaria, la Caja Notarial, la Caja Profesional, la Caja Policial y la Caja Militar.

“El sistema de pensiones uruguayo tiene muchas diferencias respecto al sistema chileno, por lo que los problemas y desafíos en materias previsionales de cada país son diferentes”, sostiene el informe.

“El mercado formal tiene mayor cobertura en Uruguay que en Chile. En Uruguay, el porcentaje de la población en edad de trabajar (mayor de 14 años) que trabaja y cotiza en el sistema de pensiones (empleo formal) es un 53% vs. un 35% en Chile. Es decir, en Uruguay un mayor porcentaje de la población trabaja formalmente aportando con recursos para financiar las pensiones”, remarca el trabajo.

“Por lo tanto, el desafío en Chile es aumentar la cobertura de empleo formal sobre la población. Esto toma mayor relevancia por el hecho de que la reforma de pensiones en Chile busca incrementar la tasa de cotización (es decir de aportes), lo que encarece y desincentiva el empleo formal. El gran desafío será lograr aumentar la tasa de cotización minimizando el efecto en el empleo formal”, añade.

“Según un estudio del Banco Central de Chile de 2017, el efecto negativo sobre el empleo formal es mayor si la cotización extra se dirige al sistema de reparto en lugar de a ahorro individual”, explica.

Otra diferencia que muestra el informe es que “la tasa de cotización es mayor en Uruguay y predomina el financiamiento hacia el sistema de reparto. En Uruguay la tasa de cotización varía según la actividad económica del afiliado, pero en la mayoría de los casos es de un 22,5%: en un caso estándar 5,25% se deposita en la cuenta individual del trabajador y 17,25% se dirige al sistema de reparto, si bien esto depende del monto del sueldo. Mientras que en Chile la tasa de cotización es de un 12% dirigida a financiar capitalización individual”, sostiene el informe.

“Si el gobierno de Chile busca que el sistema de pensiones se acerque al de Uruguay, esta gran diferencia del porcentaje de sueldos dirigidos a reparto entre los países es relevante, dado que el mercado formal chileno es bastante más débil que el uruguayo y aumentar la cotización hacia reparto podría debilitarlo aún más”, señala.

El reporte afirma que “el desafío de Uruguay es la sostenibilidad fiscal: fortalecer la capitalización individual y subir la edad de retiro (de 60 a 65 años) va en el sentido correcto”.

“Los sistemas con riesgo de sostenibilidad fiscal son los esquemas de reparto con beneficio definido, en que el monto de las pensiones no está determinado por las contribuciones, sino que están fijadas por fórmulas en base a años cotizados y últimos sueldos”, indica.

“En Uruguay este es el caso del pilar de reparto administrado por el Banco de Previsión Social en el bloque principal y por el sistema de pensiones de las fuerzas armadas y policías. En Chile están los sistemas de reparto de caribineros, fuerzas armadas, las antiguas cajas y el seguro social. Las pensiones no contributivas (para aquellos que no alcanzan los años mínimos de aportes) de los pilares solidarios también estresan la sostenibilidad fiscal de los países”, agrega.

El informe da cuenta de que “el gasto fiscal en pensiones es notablemente mayor en Uruguay que en Chile. Si descontamos el gasto financiado con las tasas de cotización de los trabajadores, actualmente la asistencia fiscal de Uruguay en el sistema público de pensiones es un 6,6% del Producto Interno Bruto (PIB) -6,25% del PIB asiste al bloque principal, sistema de reparto de policías y fuerzas armadas y 0,35% del PIB al sistema solidario- mientras que en Chile corresponde a un 3,86% del PIB (1,94% del PIB asiste a los sistemas de reparto de carabineros, fuerzas armadas y sistema antiguo y 1,92% del PIB al sistema solidario)”.

Según el trabajo, “el déficit en los sistemas de reparto de Uruguay que debe financiarse con recursos fiscales se agudizará en los próximos años dado el envejecimiento de la población”.

“Esto podría tensionar de forma importante la disponibilidad de recursos públicos en otros programas sociales futuros, generando problemas de inequidad intergeneracional. En Chile, como predomina la capitalización individual sobre el sistema de reparto, hay más espacio fiscal para gastar en las pensiones solidarias: 1,92% del PIB en Chile vs. 0,35% del PIB en Uruguay”, concluye.