Cambios a la ley de negociación colectiva provoca enfrentamiento entre el gobierno, empresarios y Pit-Cnt

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores

Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Los cambios que el gobierno propuso para alinear la ley de negociación colectiva del sector privado a los parámetros internacionales, mantienen enfrentados al Poder Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores, quienes volvieron a dejar claras sus diferencias respecto al proyecto de ley que actualmente tiene a estudio el Parlamento.

El gobierno afirma que con este proyecto el país queda alineado a la normativa internacional, mientras que desde el Pit-Cnt señalan que los cambios implican un “enorme retroceso” en las conquistas de los trabajadores. En tanto, los empresarios critican que el país “sigue violando” la normativa internacional y le piden “coherencia” a las autoridades.

Para el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, Uruguay recibió un “golpe muy duro” a su prestigio cuando en 2019 fue incluido en la denominada “lista negra” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conformada por los países que no respetan convenios y libertades laborales.

La inclusión a esa lista por parte del organismo internacional, se adoptó a partir de la queja presentada en 2010 por la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) y la Cámara de Industrias (CIU), quienes denunciaron ante la OIT que la normativa uruguaya de negociación colectiva violaba los convenios internacionales del trabajo.

A partir de esa queja, la OIT llevó adelante un largo proceso de análisis del caso uruguayo, hasta que finalmente en 2019 incluyó al país en esa “lista negra” e intimó al Estado a que modificara la normativa.

Eso ocurrió durante el último gobierno del Frente Amplio, el cual presentó al Parlamento un proyecto de ley que recogía la mayoría de las observaciones hechas por el organismo. Sin embargo, como el proyecto no fue considerado antes de que finalizara el período legislativo, se archivó en febrero de 2020.

En línea con una de las promesas hechas por el actual gobierno durante la campaña electoral -de levantar las observaciones realizadas por la OIT-, a principios de mayo de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para modificar la normativa, un recurrente reclamo de las cámaras empresariales.

Al participar de un conversatorio organizado por la Universidad Católica, Mieres defendió el proyecto de ley y dijo que “está claramente alineado con las observaciones que la OIT planteó”.

Si bien el gobierno incorporó casi todos los cuestionamientos del organismo, no incluyó el que refiere a la participación del Estado en la negociación salarial, aspecto que provocó el rechazo de los empresarios.

¿Qué implica eso? El convenio 98 de la OIT ratificado por Uruguay, establece que la competencia de los consejos de salarios debe limitarse a la fijación de los salarios mínimos por categoría laboral, mientras que entiende que el resto de las condiciones laborales deben ser acordadas de forma bipartita, es decir sin la participación del Estado.

Esa es la postura con la que están de acuerdo los empresarios, quienes afirman que al no incluir este punto en el nuevo proyecto de ley, el país no se adecua a los parámetros internacionales.

Sin embargo, Mieres argumentó que Uruguay tiene una “muy larga tradición” en los consejos de salarios donde “se negocian todas las categorías y no solo los mínimos”.

El jerarca afirmó que con esto el país “no pretende apartarse de los dictados de la OIT”, pero “sí reconocer que hay una tradición diferente”, la cual será defendida y discutida ante el organismo, según afirmó.

Además, el ministro dijo al movimiento sindical y a las cámaras empresariales -quienes cuestionan el proyecto de ley- que así como ellos “han recurrido” a la OIT para que “el gobierno respete” las regulaciones a nivel internacional, ahora el gobierno está “haciendo eso”, para “no pasar vergüenza” como ocurrió en el año 2019.

Esto generó un cruce con el gerente del área jurídica de la CCSU, Juan Mailhos, quien al exponer en el conversatorio afirmó que a la queja ante la OIT “se llegó” porque a las cámaras empresariales se les quitó “la posibilidad de tener un intercambio fructífero en el Parlamento”, cuando se aprobó la ley original.

Además, Mailhos remarcó que son “todas las cámaras empresariales” que negocian en los consejos de salarios las que están en contra del proyecto de ley y no solamente la CCSU y la CIU, como dijo Mieres.

“No nos hagamos los distraídos, acá todos los sectores empresariales son contrarios” a esta ley porque “no es cualquier” normativa, sino que es “la que nos marca la cancha”, le dijo Mailhos al ministro.

El representante empresarial también le respondió al jerarca en cuanto a sus dichos sobre el “golpe” al prestigio que sufrió Uruguay al ser incluido en la “lista negra”.

Sobre este punto, dijo entender que el hecho “ponga incómodo a los gobiernos” pero defendió que es la herramienta con la que disponen. “Se dice que la OIT es un cocodrilo sin dientes porque es hasta ahí (hasta) donde te puede apretar”, relativizó el gerente de la CCSU.

Mailhos dijo además que “no hay intención” de “exponer al país en ninguna lista” pero que Uruguay “tiene que tener más allá de las tradiciones, coherencia con lo que ratifica” a través de la legislación y de su práctica.

“Es muy peligroso solamente invocar las tradiciones jurídicas del país”, dijo en referencia a los dichos de Mieres y agregó: “Tenemos que ir por la certidumbre del derecho” mientras que esté vigente el convenio 98.

Por su parte, el vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López dijo en el conversatorio que el proyecto de ley representa un “importante retroceso” en las “conquistas laborales” conseguidas por los trabajadores.

En este sentido, López afirmó que desde el movimiento sindical ven “con mucha preocupación” los cambios que se planean introducir y afirmó que intentarán revertirlos en la discusión parlamentaria.

El proyecto de ley “se inscribe en el interés de los empleadores por tener mejores condiciones de rentabilidad, retaceando conquistas laborales y debilitando la organización sindical”, afirmó el dirigente y criticó que el gobierno “limita la libertad sindical”.

En caso de que se apruebe el proyecto tal y como está hoy “la negociación queda muy desnivelada”, concluyó López.

Juan Mailhos

Gte. jurídica cámara de comercio

“Destaco la actitud del sector empresarial que, a pesar de tener la ley objetada, se ha presentado desde siempre a la negociación colectiva. Ese no es un dato menor. El respeto a la ley nacional es de tal magnitud que siempre acatamos la normativa y la llevamos adelante. Las cúpulas empresariales podríamos haber adoptado alguna otra actitud pero eso nunca se hizo”.

José Lorenzo López

Vicepresidente del Pit-Cnt

“Una cosa que le he escuchado decir muchas veces al actual ministro de Trabajo y también al anterior, es que con la negociación colectiva actual más del 80% o 90% de los convenios se firman entre trabajadores y empleadores, muy pocas veces tiene que intervenir el Estado. Por lo tanto, creemos que no se necesita de una modificacion en la ley” de negociación colectiva.

Pablo Mieres

Ministro de Trabajo y Seguridad Social

“Lo que hacen las observaciones de la OIT es reequilibrar las relaciones laborales en el marco de la ley de negociación colectiva”. Los cambios “no los hacemos sin pensar y simplemente porque haya que alinearse” con la OIT, si no que “el gobierno comparte” esas observaciones. De todas formas, “notamos rigideces” en otros aspectos de la ley que “hay necesidad de modernizar”.