ENVIÓ CARTA

El BROU sale al cruce de proyecto sobre deudores y legislador afirma que tiene “mirada sesgada”

El Banco República afirma que considera “inconveniente” el proyecto de ley que busca ayudar a los deudores de préstamos a través de una asistencia crediticia de dicha institución financiera.

Mujer entra al edificio del directorio del Banco República. Foto: Fernando Ponzetto.
Mujer entra al edificio del directorio del Banco República. Foto: Fernando Ponzetto.

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El Banco República (BROU) manifestó que considera “inconveniente” el proyecto de ley que busca ayudar a los deudores de préstamos a través de una asistencia crediticia de dicha institución financiera.

La entidad estatal entiende que si bien el fin perseguido “es loable”, el BROU administra depósitos del público, “por lo cual resulta un imperativo de su accionar honrar los mismos sobre la base de un cuidadoso manejo de la oferta crediticia en las mejores condiciones posibles de plaza”.

El proyecto normativo al que respondió el BROU se titula de “capacidad crediticia”. Fue presentado por el diputado frenteamplista, Felipe Carballo y busca la creación de alternativas que generen una “segunda oportunidad” para que los deudores puedan afrontar sus pagos y evitar quedar por fuera del sistema financiero.

La iniciativa legislativa plantea sacar a las personas del viejo clearing (una base de datos crediticia sobre las personas, gestionada por la empresa Equifax), a través de un crédito blando otorgado por el BROU con un plazo de cinco años y un tope de $ 100.000 de deuda original.

Según explicó Carballo al defender el proyecto ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sería una “solución administrativa”a través de la cual “se haría cargo” el Estado uruguayo.

En este sentido, el diputado frenteamplista propuso la creación de un ámbito dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que convoque “a todas las personas que están en el clearing de informes en una situación de endeudamiento”.

Para Carballo, “debería ser el propio MEF” el que exija “a cada una de esas personas que presenten los ingresos y las deudas”, y que “es desde ese ámbito que se debería negociar o renegociar” con las instituciones financieras.

En relación al rol del BROU, el legislador explicó que la institución debería ser la que abone esas deudas y que así la persona “únicamente le deba” al banco estatal, para que “sea esta institución la que haga frente a esta situación”.

Sin embargo, el BROU manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley a través de una carta enviada a la Comisión de Hacienda, a la que accedió El País.

En el documento -firmado por el presidente del banco, Salvador Ferrer y el secretario general, Roberto Borrelli-, las autoridades señalan que la institución está regulada por el Banco Central (BCU), organismo que le exige “cumplir con la normativa” actual en la que “la calificación crediticia del cliente es un punto relevante a considerar”.

Según el BROU, “existen criterios a tener en cuenta”, como la exigencia de que los ingresos de las personas tengan origen en una actividad lícita y que aseguren “una adecuada capacidad de repago del préstamo a otorgar”.

Es por esto que entienden que “de prosperar esta iniciativa”, el banco “estaría obligado a dar un préstamo a un cliente que, de acuerdo a las políticas de crédito de esta institución, presumiblemente no fuera sujeto de crédito”.

Asimismo, el BROU entiende que “imponer la obligación” de que el banco pague deudas de otros, “colidiría con los principios de autonomía y especialidad, e igualdad respecto de otros agentes financieros”.

Esas fueron las consideraciones generales que hizo el BROU sobre el proyecto de ley. No obstante, la institución profundizó además en aspectos puntuales de la normativa y dijo que surgen “dudas razonables” de determinados artículos.

Entre algunos de ellos, se manifestó que el proyecto no aclara si la presunción absoluta de insolvencia “son aplicables a todos los deudores o solamente a los que se prevé regular” mediante el proyecto.

Por otra parte, en la carta se expresó que hay artículos que se “contraponen” entre sí, dado que el otorgamiento de un préstamo por parte del banco “no sería compatible” con la obligación del BROU de pagar los créditos que hubiera aprobado el MEF.

El préstamo “supondría la asunción de una nueva obligación” del deudor “para con el BROU, que destinaría el monto del préstamo a la cancelación de los préstamos que el deudor tuviera pendientes de pago. La subrogación sería irrelevante en ese caso”, indicó la carta.

Por último, el banco presentó reparos en lo relacionado a los ingresos del deudor, “no estableciéndose si se trata de los ingresos mensuales, anuales, nominales, líquidos, etc., punto relevante para determinar contra qué se contrastan los créditos líquidos y exigibles adeudados que prevé la norma para considerar la presunción absoluta de insolvencia”.

Carballo: BROU opta por “mirada sesgada”

El diputado frenteamplista, perteneciente a la lista 711, Felipe Carballo, dijo en diálogo con El País que “ver como imposición el pagar deudas de otros es simplemente optar por una mirada sesgada de un problema más complejo”, en relación a la negativa del BROU sobre el proyecto de ley.

A su entender, que el destino del préstamo del BROU sea para pagar deudas “opera a favor del banco”, ya que “la finalidad última de liberar al deudor se cumple si se garantiza que efectivamente las deudas anteriores fueron abonadas”.

En este sentido, Carballo destacó que la subrogación “opera como un mecanismo donde el BROU se colocaría en posición acreedora” y señaló que, a diferencia de lo que argumenta la entidad estatal, esta tiene una “autonomía que la ley puede autorizarla a utilizar mecanismos de promoción social y de sacar de verdaderas muertes civiles a miles de uruguayos”.

Por otra parte, el diputado frenteamplista dijo que “no sería novedoso que el Estado, a través de sus instituciones financieras, salieran en socorro o salvataje de sectores de la sociedad”.

Empero, cuestionó que si bien “han existido casos de salvataje de bancos, productores rurales, comerciales, industriales e incluso financieros; nunca se ha dado un salvataje de los pobres o de los trabajadores de la economía”.

En relación a la negativa expresada por el BROU en cuanto a que la institución no puede brindar préstamos a personas que no sean sujetas de créditos, Carballo respondió que el banco, “aún con independencia de la calificación, permite el acceso al crédito social, principalmente de funcionarios públicos”.

En este sentido, el legislador remarcó que “aún cuando existen situaciones de calificación negativa” de las personas, el BROU permite el acceso al crédito, “por lo que esta calificación en puridad no sería una traba insoslayable” para llevar adelante el proyecto.

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