El aumento en la edad de jubilación en Uruguay que se viene y el efecto que no se analiza

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Hay dos grandes fenómenos de carácter global que tensionan a los sistemas de seguridad social, incluido el de Uruguay: el envejecimiento poblacional y los cambios en el mercado laboral. La consecuencia principal del primer fenómeno es un incremento de los beneficiarios del sistema previsional y una reducción de los futuros contribuyentes.

Para resolver la creciente necesidad de financiamiento para el pago de las pasividades, los diferentes países del mundo han implementado desde modificaciones paramétricas en sus sistemas de jubilaciones y pensiones, a reformas estructurales más integrales en otros casos.

Dentro de las primeras, una de las principales medidas a implementar -y que también forma parte del debate en Uruguay- es el aumento de la edad mínima necesaria para jubilarse, como forma de incrementar la edad media de retiro.

Sin embargo, desde el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) entienden que en el debate local (que plantea elevarla gradualmente de 60 años a 65) hay “una cierta carencia” en cuanto al análisis de los efectos que puede llegar a tener esa medida en los demás componentes del sistema previsional.

En este sentido, el Cinve realizó un estudio -basado en la experiencia de otros países- a través del cual puso el foco en las consecuencias que podría implicar un aumento de la edad de jubilación en el sistema previsional uruguayo.

Como principal efecto, el documento señala que se podría generar un aumento de la tasa de jubilación por invalidez, la cual “podría volverse una alternativa atractiva para alcanzar el retiro”.

Desde el Cinve señalan que actualmente, “la literatura no es concluyente” en relación a qué tan eficaces son las reformas que establecen un aumento de la edad de retiro, ya que entiende que son “de difícil ejecución”, porque por un lado, “requieren de la generación de empleo para las personas afectadas”, y por otro lado, “pueden impactar” en mayores pasividades “por vías alternativas, como la pensión por invalidez”.

Es por esto que el documento indica que aumentar la edad mínima de jubilación “podría resultar en una presión creciente sobre otros pilares del sistema de seguridad social”, lo que a su vez, “obstaculizaría los avances esperados hacia unas finanzas públicas saneadas”.

En línea con esta mirada, el Cinve consignó que el Comité Económico y Social Europeo perteneciente a la Unión Europea (UE), plantea que “la introducción de mecanismos de ajuste automáticos para la edad de la jubilación orientados a aumentar las edades de jubilación legales, transferiría a millones de trabajadores hacia otros pilares del sistema de protección social”, como por ejemplo subsidios de desempleo, pensiones de invalidez o ingreso mínimo garantizado, lo que a su vez provocaría un aumento del “riesgo de pobreza para los adultos mayores”.

Con el objetivo de analizar qué ocurrió en otros países que implementaron modificaciones en sus sistemas previsionales, el Cinve tomó como ejemplo de antecedente internacional a Estados Unidos y Austria.

Además, comparó el esfuerzo presupuestal que realizan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de pensiones por invalidez con lo que paga el Banco de Previsión Social (BPS) en Uruguay.

En este sentido, el análisis de Cinve señaló que mientras que países como México, Costa Rica y Colombia destinan a este tipo de pensiones un presupuesto mínimo, en el entorno del 0,1% de su Producto Interno Bruto (PIB), la mayoría de los países europeos destinan un gasto en pensiones por invalidez que oscila entre el 1,5% y 2% del PIB.

En tanto, en Uruguay el gasto en pensiones por invalidez “se ha ubicado en los últimos años algo por debajo de 0,5% del PIB”, señaló el documento. Esto “lo sitúa por encima del gasto de los países latinoamericanos integrantes de la OCDE, pero por debajo de los países de altos ingresos del dicho grupo”, añadió.

Una tendencia similar se ve en los países de la OCDE y Uruguay al observar la participación del gasto en pensiones por invalidez en el total del gasto en pensiones, en el que Uruguay se ubicó por debajo de los países de altos ingresos de dicho grupo, pero por encima de los integrantes latinoamericanos. De acuerdo con el Cinve, aunque es “inicial”, la “exploración de los datos de OCDE muestra una cierta correlación entre el gasto en pensiones por invalidez y su participación relativa en el total del gasto en pensiones”.

Es decir que, “podría existir una dinámica de sustitución entre los diferentes tipos de prestaciones, que hace que aquellos países que muestran un gasto importante en pensiones por invalidez, terminen disminuyendo el peso relativo de otro tipo de pensiones”, indicó el análisis.

Por último, el Cinve manifestó que si bien la evaluación presentada en base a los datos de la OCDE “es una aproximación preliminar” y “no concluyente sobre el tema, se identifica una relación positiva entre la edad de retiro normal de los países” y “la proporción de gasto público en pensiones por invalidez en el gasto público total en pensiones”.

Es por eso que el centro considera “pertinente una profundización del análisis en el caso de Uruguay, debido al impacto que pueden tener en el sistema incrementos en la cantidad relativa de individuos con pensiones por invalidez”.