Una auditoría detectó varias debilidades “extremas” y “altas” en el Plan Juntos, ¿qué pasó?

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La Auditoría Interna de la Nación (AIN) evaluó el Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos y detectó “debilidades” de carácter extremo y alto, entre ellas que no cuenta con un sistema de información adecuado, problemas de rendición de gastos y en compras entre otros factores hallados.

El informe señaló que la auditoría se llevó a cabo entre enero de 2019 y diciembre de 2021, “sin perjuicio que para algunas pruebas se consideró un período más extenso”.

La conclusión a la que llegó la AIN es que “los controles evaluados en la gestión del Plan Nacional de Integración Socio -Habitacional Juntos, presentan debilidades que impactan en el cumplimiento eficaz y eficiente de su cometido”.

Según el informe, “esto se fundamenta principalmente” en varias constataciones.

Una de ellas, es la “ausencia de controles y aprobación de actividades claves por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), como órgano ejecutor, apartándose de lo establecido por la normativa”. Entre otras, “no se tuvo evidencia de procedimientos de seguimiento y monitoreo de las intervenciones realizadas, con posterioridad a la entrega de la vivienda, que garanticen su utilización por el participante y el estado de éstas, que pueden dar lugar a la resolución de egreso por incumplimiento del contrato de comodato”. Esta debilidad fue calificada de carácter “alto”.

Otra constatación es que “no se pudo visualizar la dimensión del Comité Técnico, autoridad administrativa y de gestión del Fideicomiso, agravado por la ausencia de actas que respaldan su actuar”. La AIN solicitó actas de las reuniones del Comité Técnico, pero recibió como respuesta que “no se labran, dictándose resoluciones para casos específicos. Por lo que no existen actas que respalden los lineamientos fijados, el quórum establecido y la constancia de los votos a favor y/o en contra”. Esta debilidad también es de carácter “alto”.

Sobre el Registro Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP), “se constató que el organismo no cuenta con un sistema de información adecuado al cometido establecido legalmente”. En ese sentido, “su base de datos son hojas de cálculo (planillas en Excel), que no resultan adecuadas para la cantidad de información que se maneja, encontrándose al límite de su capacidad”, añadió.

Otro problema del RUPP es que “los cruzamientos con otros registros del MVOT se realizan de forma manual”, indicó.

“Del análisis de la planilla se constató que no existe una depuración del registro, presentando datos inconsistentes y repetidos. A modo de ejemplo se implementó el número 99 en referencia a celdas sin datos y se mantienen columnas que ya no se utilizan como es la de ‘Fecha de Selección’”, añadió.

En las planillas “no se cuenta con información en tiempo real del estado de los participantes. Esto responde a que la misma se actualiza trimestralmente, fecha en que se remite la información a la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi)” del MVOT, detectó la auditoría.

Por último en las planillas, “el registro no permite realizar un adecuado seguimiento del núcleo familiar, dada la complejidad del desglose de información”, agregó.

Esta debilidad fue calificada como nivel “extremo” por parte de la AIN.

“Conforme al contrato de fideicomiso, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND, que gestiona el fideicomiso) está facultada a la apertura de más de una cuenta para la administración del patrimonio fideicomitido, no pudiendo el Plan Juntos tener la gestión de las cuentas bancarias. A fin de evitar la circulación de dinero en efectivo, se implementó el uso de la cuenta Mi Dinero de Red Pagos, para el caso de cajas chicas y vales sociales. Las medidas implementadas presentan debilidades”, aseguró la auditoría.

“En referencia a las cajas chicas, la CND hace una transferencia mensual a la cuenta personal de Mi Dinero de la Tesorera del Plan Juntos, la que puede ascender a $ 600.000, llegando en años anteriores a importes mayores, a modo de ejemplo en el año 2020 se autorizó la suma de hasta $ 2,5 millones. Esta a su vez transfiere los fondos a otras 26 cuentas Mi Dinero a nombre de los encargados de las Áreas de Intervención, Secretaría del Organismo y Unidad de Logística. Según lo manifestado, no se puede hacer un seguimiento y/o control del uso que se le da a los fondos asignados a las distintas cuentas, ya que estas son a título personal y no de la institución”, detectó la AIN.

“En caso de querer recuperar los montos transferidos, el organismo depende de la buena disposición de la responsable, porque en los hechos no hay ningún documento que la obligue a reintegrar los mismos. Asimismo, no permite extraer reportes de las comisiones, de las transferencias realizadas y partidas recibidas, movimientos mensuales, bloqueos y desbloqueo. A modo de ejemplo, no emite comprobante que respalde las comisiones que se rinden, las que en el periodo enero - julio 2022 alcanzaron la suma de $ 37.627”, cuestionó.

“Las debilidades constatadas en referencia al uso de Mi Dinero han sido manifestadas en reiteradas oportunidades a la CND, no habiendo llegado a la fecha a un acuerdo que brinde una solución a los riesgos a que se encuentra expuesto el organismo”, indicó el informe.

Esta debilidad es de carácter “extremo”, según la auditoría.