Planes sociales argentinos en la mira: “medio país no quiere laburar”
Un informe de la AFIP determinó que, entre los 1.383.279 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, más de 250.000 tienen bienes registrables, o declararon Bienes Personales o compraron dólares.
Leonardo Fabre tiene 72 años y es el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) desde 1998. Se trata de uno de los gremios más representativos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que pulsea afiliados entre los estatales Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Acostumbrado a enredarse fácilmente en internas, Fabre adoptó como una marca registrada los afiches callejeros para expresas sus ideas. Lo hizo por primera vez hace más de diez años, cuando se debatía el sistema de jubilaciones público y privado, y esta semana volvió con las pegatinas por el centro porteño para advertir sobre los planes sociales y su impacto en la cultura del trabajo.
“Cortemoslá con los planes. Medio país no quiere laburar”, dice el mensaje que lleva la firma del gremialista, un histórico aliado de Hugo Moyano que se retiró de la CGT en 2016.
“Pedimos poner fin a la entrega de planes. Es por el bien de todos. Es un sistema de beneficiencia incontrolado. Como peronistas debemos hacer una autocrítica: es un problema cuando se exageran los derechos del pueblo. Hay generaciones que no ven legítimo trabajar. Por lo menos, se debe generar lo que se consume”, dijo Fabre a La Nación. Y agregó, con una advertencia a los gobiernos: “Es necesario tener sentido común. Desde la gestión de (Mauricio) Macri a esta, se aumentaron los planes. Están generando una bomba social. Puede ser una salida cómoda para garantizar paz social, pero se convirtió en un monstruo que te asfixia y que te extorsiona. En una bomba”.
Irregularidades
El planteo de Fabre irrumpe después que un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) haya detectado irregularidades entre decenas de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, lo que derivó en una investigación judicial que incomoda a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y a dirigentes sociales.
El informe elaborado por la AFIP determinó que, entre los 1.383.279 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, hay más de 250.000 que tienen a su nombre bienes registrables, o declararon Bienes Personales o compraron dólares.
“Si una persona está solicitando ayuda por estar desocupada, no puede de forma alguna estar comprando dólares al oficial para después acopiar o revender”, dijo el fiscal Guillermo Marijuan, que investiga el caso.
“No me sorprenden las irregularidades que se encontraron. Hay personas millonarias que cobran un plan social porque les conviene para blanquear dinero”, dijo Fabre.
El programa Potenciar Trabajo pasó de 700.000 beneficiarios en 2020 a casi 1,4 millones en 2022. Su monto equivale a la mitad del salario mínimo.
Fabre es un histórico sindicalista que militó junto con Hugo Moyano. Dejó la CGT en 2016, en simultáneo con la salida del jefe camionero y la llegada de un triunvirato de mando.
El referente de los empleados de la Anses es crítico de la actual conducción de la CGT. “Para plantear algo internamente en la CGT es necesario de tiempo y de una diplomacia. Por eso apelo a los afiches. Sobre los planes sociales creo que debería haber un pronunciamiento. No se construye un país desde las dádivas sino a partir del trabajo”, opinó Fabre, que representa a 7.000 de los 14.000 afiliados que hay en la Anses.
El sindicalista, por último, defendió su política de las pegatinas. “Es un método para expresarnos que nos dio resultados para visibilizar nuestros reclamos. La primera vez que lo hicimos fue por la jubilación pública. Hasta Néstor y Cristina (Kirchner) derivaban aportes a una AFJP. También lo hicimos cuando planteamos que el salario no es ganancia para oponernos al impuesto a las ganancias o para fijar postura política, como cuando planteamos ‘Perón o La Cámpora’”, dijo Fabre, quien militó políticamente de la mano de Guillermo Moreno y Amado Boudou.
Gremios cercanos al gobierno se resisten
Todavía sorprendidos por la magnitud y la difusión por las irregularidades detectadas en la cesión de planes de empleo, los movimientos sociales cercanos al presidente Alberto Fernández dejaron en claro que resistirán la decisión del fiscal Guillermo Marijuan (e inicialmente también de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz) de dar de baja “inmediatamente” los cerca de 250.000 planes Potenciar Trabajo que manejan esas agrupaciones y que poseen “alguna incompatibilidad”, según reveló un informe suministrados por la AFIP.
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