¿Qué se investiga del atentado a Cristina Kirchner?

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La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo se concentran en analizar la información extraída del teléfono celular Samsung A13 y la computadora HP de Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño que atentó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner el jueves pasado. Los funcionarios judiciales aspiran a dilucidar si actuó solo, cuál era su entorno y qué hizo en las horas previas al hecho.

También investigan la conducta de la custodia de Cristina Kirchner, aunque por ahora el único imputado que tiene la causa es el hombre detenido en la dependencia de la Policía Federal en las calles Cavia y Figueroa Alcorta y que el viernes se negó a declarar. Está acusado por tentativa de homicidio.

La extracción de información del teléfono celular, por ahora, dio resultados parciales, pero se sigue el trámite.

La Policía Federal usó el sistema UFED para extraer los datos del teléfono y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (Ufeci) a cargo del fiscal Horacio Azzolin, trabaja en el análisis de ese material como auxiliar de la fiscalía de Rívolo.

Otro interrogante es qué ocurrirá con las personas que integran el entorno de Sabag Montiel. La pareja del imputado y dos amigos suyos dieron entrevistas a medios de comunicación. Un hombre llamado Mario, al que se presentó como su amigo, reconoció las intenciones de Sabag Montiel de atentar contra la vicepresidenta. “Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes”, opinó en una entrevista a Telefé. La Justicia aún no citó como testigo ni imputó por sus dichos al amigo del detenido.

Aunque no hay conclusiones sobre el análisis que hace la Ufeci, se trabaja en esclarecer si alguien del entorno de Sabag Montiel accedió a las cuentas personales de sus redes sociales para borrar información después de que él quedó detenido.

También se analizan las cuentas bancarias del acusado, sus cuentas de Mercado Libre y de otras plataformas digitales.

Sus redes tuvieron actividad entre las 11 de la noche del jueves y durante la madrugada del viernes. Otra hipótesis es que la información eliminada de sus redes fue por acción de la firma Meta, dueña de Instagram y Facebook, pero la multinacional todavía no dio esa confirmación formal a las autoridades de la investigación.

La justicia busca dilucidar cómo llegó Sabag Montiel al lugar de los hechos. Hay un vehículo que, según el Registro de la Propiedad Automotor, está a nombre suyo. También le secuestraron una tarjeta SUBE y se analizan las cámaras de seguridad de la zona. En su perfil de Nosis figura su actividad como conductor de remises. En la cuadra de Cristina Kirchner, por expreso pedido de ella, no hay cámaras de seguridad.

Otro elemento que está bajo análisis de la justicia es el perfil del detenido. Hasta ahora la justicia y las fuerzas que intervienen en la causa descartaron que se trate de una persona inimputable. Sí se tiene en cuenta su perfil violento, racista, y se analiza si es parte de alguna secta o agrupación neonazi. Relataron las fuentes judiciales que cuando fue indagado, Sabag Montiel quiso dejar en claro ante la jueza y el fiscal que había recibido golpes en la cara al momento de su detención. Dijo que no había sido la policía sino que habían sido esos “negros” que le pegaron cuando evitaron que huyera.

Mientras la Justicia federal investiga el atentado contra Cristina Kirchner con bajo perfil, el Gobierno salió a instalar ayer la teoría del “lobo solidario” para caracterizar al atacante de la vicepresidenta.

Lo hizo por medio del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien definió de ese modo a Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que gatilló fallidamente a la cabeza de la vicepresidenta. Esa línea discursiva no está desenfocada de lo que piensan en el ministerio de Seguridad. “Todo apunta allí”, deslizaron desde la cartera que conduce Aníbal Fernández, bajo cuya órbita está la Policía Federal que colabora en la investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.

Rossi dijo que “la AFI nunca tuvo bajo el radar a este hombre que le dicen brasileño, pero llegó a la Argentina cuando tenía 5 años y -según afirmó- es tan argento como nosotros”.

En declaraciones al programa Toma y Daca de la radio AM 750, Rossi dijo que es “apresurado culpar a la custodia” de Cristina Kirchner de haber fallado en su función.

No obstante, la defensa política de Rossi sobre la custodia de Cristina no alcanza para explicar los motivos por los cuales no actuó lo que en la jerga de la seguridad se denomina como “hombre cero”, que debería haberse interpuesto entre el atacante y la vicepresidenta.

El contexto en el que ocurrió el atentado tampoco pareció vislumbrar la existencia de una “ruta de escape” ni se verificó una reacción de los agentes de la custodia, que permanecieron acompañando a la jefa del Senado por seis minutos mientras saludaba a los militantes.

De todos modos, Rossi reconoció que en la Argentina, los dirigentes políticos tienen “relajados los operativos de seguridad”, sobre todo cuando quieren “tener contacto con la gente”, como sucedió en las últimas semanas con Cristina Kirchner tanto en la puerta de su departamento en Recoleta como en el Senado.

Rossi aseguró que “a priori, estamos en presencia de una persona que actuó sola, lo que en la jerga de la inteligencia y la seguridad se llama un lobo solitario”.

En un clima de tensión contenida, el oficialismo y buena parte del arco opositor de la Cámara de Diputados aprobaron en la tarde de ayer un proyecto de resolución en el cual expresaron su repudio al intento de magnicidio a la vicepresidenta.

Luego de aprobada la iniciativa, el bloque de Pro se retiró del recinto en desacuerdo con la decisión del resto de las bancadas -incluso de sus socios en Juntos por el Cambio- de pronunciarse en el recinto sobre el ataque a la vicepresidenta.

La actitud de Pro -que tampoco contribuyó al quórum en el recinto, a diferencia del resto del interbloque- preanuncia un nuevo capítulo de tensiones internas dentro de Juntos por el Cambio. El jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, fue el encargado de explicar el motivo de su retirada. “No es la calle, ni el recinto, el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar”, enfatizó.

“En nosotros van a encontrar una vía institucional para trabajar por más democracia y libertad, pero no para escuchar esta acusación a la Justicia, a los medios y a la oposición política, que ha demostrado la madurez suficiente en los discursos de la no violencia”, dijo Ritondo, en crítica alusión al discurso del presidente Fernández por cadena nacional.

La postura de Pro no tiene otra explicación que la presunción de que el oficialismo iba a hacer un uso político de la sesión para pronunciar fuertes diatribas contra el expresidente Mauricio Macri, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich -quien no se pronunció sobre el ataque a la vicepresidenta-, como también contra la Justicia y los medios de comunicación. “Los kirchneristas van a hacer del recinto un circo romano para lapidarnos”, advertían los más duros de la bancada macrista.

Finalmente, ese peligro no se consumó: previo a la sesión el Frente de Todos aceptó morigerar el tono de su proyecto original -en el que hacía alusión a los “discursos del odio” y la responsabilidad mediática, política y judicial- para adoptar una redacción menos irritante para la oposición.

Tras algunos retoques en la redacción, el texto aprobado fue el siguiente: “La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner”.

“Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia. Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”.

En la visita más importante de todas, el ministro Sergio Massa volverá a pisar Washington el próximo martes con el desafío de capitalizar su chapa política para ungir de respaldo internacional a su hoja de ruta para la economía argentina.

Massa cultivó sus vínculos con Estados Unidos durante varios años en viajes a Nueva York o Washington. A diferencia de Silvina Batakis, su efímera antecesora en el Ministerio de Economía, es una figura conocida en la Casa Blanca, el Congreso norteamericano, el establishment político y empresario, Wall Street, y la burocracia del FMI.

La misión de Massa tiene dos objetivos: inversiones y dólares. Massa y su equipo buscarán cerrar los temas pendientes con el Fondo desde la salida de Martín Guzmán para mantener a flote el programa, destrabar préstamos de organismos multilaterales, y encaminar proyectos de inversión, con un foco en energía y Vaca Muerta. También se trabajará en la agenda de seguridad energética y alimentaria con el gobierno de Biden.

El intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner no alteró los planes de la visita. Su agenda -que coordinaron el embajador Jorge Argüello y el asesor internacional de Massa, Gustavo Martínez Pandiani- será casi calcada a la que tuvo Batakis en julio, salvo por dos diferencias sustantivas: Massa tiene previsto ver a Juan González, el principal funcionario de la Casa Blanca para América latina, y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, con quien se busca dar vuelta la página para liberar fondos por 800 millones de dólares para alimentar las languidecientes reservas del Banco Central.

A diferencia de Batakis, Massa llega con las variables financieras navegando una tensa calma y con un fuerte ajuste ya en marcha, incluido el postergado aumento de tarifas que el Fondo urgió durante meses y que terminó siendo más incisivo que el del eyectado Guzmán.

Al igual que Batakis, Massa deberá encarrilar el programa con el Fondo, que de momento aparece fuera de los parámetros acordados.

Sergio Massa es el primer ministro de Economía que llega a la mesa de negociaciones con envergadura propia y el control total de la botonera, algo que Guzmán y Batakis no tenían.

[La Nación/GDA]