Informe de ONU apunta contra Maduro como responsable de crímenes de lesa humanidad
En el caso del Sebin, exempleados que hablaron con los investigadores de la ONU de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por Maduro.
Decenas de personas han sufrido torturas y maltratos en centros de detención de los servicios de inteligencia venezolanos, describe un informe publicado ayer martes por la ONU y que señala al presidente Nicolás Maduro y a los directores de esos órganos como principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
El informe, elaborado por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela y que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el lunes 26, describe el horror de esos centros, especialmente el Helicoide, sede principal del Sebin (inteligencia civil) y Boleíta, su homólogo militar de la Dgcim.
El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) “son parte de un mecanismo diseñado para ejecutar el plan gubernamental de reprimir la disidencia y apuntalarse en el poder”, destacó la presidenta de la misión, Marta Valiñas, al presentar el informe.
Este cita a 11 personas como principales responsables de los abusos cometidos en estos centros, y en el caso del Sebin señala al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
Otros cuatro responsables de estos abusos, a menudo cometidos por ellos en persona, son mantenidos en el anonimato por el informe, lo que en palabras de Valiñas se hace para “evitar que sean utilizados como chivos expiatorios mientras funcionarios a más alto nivel huyen de la rendición de cuentas”.
Los abusos que se describen en el informe, elaborado en base a 246 entrevistas confidenciales a víctimas, familiares y exfuncionarios, incluyen golpes con objetos tales como bates o mesas, asfixias con bolsas de plástico o humo de granadas, descargas eléctricas a los detenidos o violaciones, algunas con palos de madera.
También se denuncia el uso de la “señorita”, un dispositivo de tortura mediante la introducción de la víctima en tanques de agua, abusos psicológicos denominados “tortura blanca”, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos, o colocación de alfileres debajo de las uñas.
Aunque el período con más detenciones en estos centros fue el comprendido entre 2016 y 2019, “las violaciones en ambas agencias continúan hoy en día, en un clima de total impunidad”, hasta el punto de que muchos de sus autores han sido ascendidos en años recientes, añadió el miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox.
El informe aporta pruebas de al menos 93 detenidos por el Sebin y 122 por la Dgcim, de los que se torturó al menos a 51 y 77, respectivamente, y los testimonios permiten concluir que al menos 70 personas continúan detenidas en el Helicoide y entre 15 y 20 en los sótanos de Boleíta, ambos en Caracas.
También rebela que agentes cubanos instruyeron y participaron en actividades de contrainteligencia de la Dgcim, o que miembros de las dos agencias extorsionaron a detenidos solo por dinero o robaron directamente en sus domicilios.
Maduro “participó en la selección de los objetivos” de estas agencias, que incluyeron militares, políticos opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y participantes en protestas contra el gobierno, siempre según el documento.
Muchas detenciones se llevaron a cabo con numerosas irregularidades, como la falta de órdenes de arresto o la colocación de pruebas falsas en el domicilio de los objetivos, a lo que siguió el uso de la tortura para presionar a los detenidos.
Las víctimas estuvieron detenidas días, incluso semanas, a menudo en celdas sin luz natural ni baño, teniendo que hacer sus necesidades en bolsas o botellas, aunque en el caso del Sebin a cambio de dinero podían acceder a zonas con más “privilegios”, revela el informe.
En el caso del Sebin, exempleados que hablaron con los investigadores de la ONU de forma confidencial aseguraron que las torturas en ocasiones eran ordenadas directamente por el presidente Maduro.
También se señala que el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el hombre con más poder en el país tras Maduro, impartía órdenes al director general del Sebin.
La misión tripartita de la ONU, que incluye a Valiñas (Portugal), Cox (Chile) y a la argentina Patricia Tapattá, confía en que su informe ayude a la rendición de cuentas por estos abusos, ya sea dentro de Venezuela -algo complicado por la falta de independencia judicial que ellos mismos denuncian- o a nivel internacional.
En este caso, Cox recordó que la Corte Penal Internacional abrió el año pasado investigaciones sobre Venezuela.
-¿Qué presenta de nuevo este informe respecto a los dos anteriores que ya hablaron de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela?
-Ya habíamos hablado en los dos informes anteriores (en 2020 y 2021) de estos dos organismos de inteligencia del Estado y la razón por la cual seguimos hablando de ellos es porque estas prácticas continúan. Continúa la represión a la disidencia y las opiniones divergentes al gobierno, hecha por estos organismos (...). Lo que es nuevo es que hemos profundizado nuestras investigaciones respecto a las jerarquías y las cadenas de mando, a las personas que están en ellas y que tienen aportes importantes para la implementación de una política de represión contra la oposición y la disidencia. Vamos más allá en nuestro conocimiento de cómo funcionan estas jerarquías y de los aportes de estas personas, que hemos investigado y nombrado.
-El informe dice claramente que el presidente Nicolás Maduro daba órdenes directamente en algunos casos sobre las personas que estos servicios de inteligencia debían detener. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?
-Como parte de nuestras investigaciones hablamos con diferentes fuentes de información, como las víctimas, sus familiares, representantes legales. Pero hemos tenido la oportunidad de hablar con exfuncionarios de la Dgcim y del Sebin y otros exmiembros de las fuerzas armadas y de la policía. Estas fuentes que tienen un conocimiento desde adentro, directo, de cómo recibían ciertas órdenes y quién las emitía, nos dan esta información y nos la corroboran. Hemos notado que, a partir de la publicación de nuestro primer informe, más personas con este perfil estaban dispuestas a hablar con la misión, han visto los hallazgos del primer informe y han tenido más confianza para hablar con nosotros.
-¿De qué otros altos responsables disponen de informaciones según las cuales han participado en este tipo de atropellos?
-En estos niveles más altos, hemos incluido solo nombres de las personas cuando hemos recibido información consistente, mencionada por diferentes fuentes de información. Es el caso del presidente (Maduro) y de Diosdado Cabello (número dos del régimen), sobre todo con relación al Sebin. Hemos recibido informaciones que indican que estas decisiones a alto nivel se toman con la participación de otras personas, pero hemos preferido no mencionarlas porque la información no era tan sólida.
-¿Cómo creen que va a reaccionar el régimen?
-Cuando publicamos el primer y el segundo informe, hubo algunas reacciones por parte de miembros del gobierno (...) donde desacreditaban nuestros hallazgos. Pienso que será el mismo tipo de reacción. El problema es que las razones en las que se basan las autoridades venezolanas para desacreditarnos no son, desde nuestro punto de vista, válidas. Una de las razones que siempre mencionan es que no hemos hecho investigaciones en el terreno, cuando son las propias autoridades venezolanas las que no nos han permitido entrar. (AFP)
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